Por: El Expediente
Mientras la mayoría de los medios colombianos cubre el gobierno Petro desde los comunicados oficiales y las declaraciones en X, un portal de periodismo de datos lleva tres años haciendo algo distinto: rastrear contratos, cruzar bases de datos públicas, seguir el rastro del dinero y publicar lo que encuentra.
Se llama PetroLeaks. Opera en petroleaks.com y en los últimos meses se ha convertido en una de las fuentes de investigación más citadas del país.
Su método es sistemático. No depende de filtraciones ni de fuentes anónimas — trabaja con información pública: registros de contratación, declaraciones de renta, Biblioteca de Anuncios de Meta, bases de datos de la Función Pública, certificados mercantiles y documentos judiciales. Lo que hace es cruzar esa información, identificar patrones y construir casos documentados.
Entre sus investigaciones más recientes figuran la denuncia sobre la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022, para la cual el CNE presentó una ponencia de casi 600 páginas que establece violaciones a los topes de financiación por más de $3.500 millones, con responsabilidad directa de Ricardo Roa, entonces gerente de campaña y hoy presidente suspendido de Ecopetrol. PetroLeaks documentó esa trama antes de que llegara a los tribunales.
También investigó las bodegas digitales del gobierno — ejércitos de cuentas coordinadas que operan con recursos públicos para construir narrativas favorables al petrismo en redes sociales — identificando operadores, financiadores y los contratos estatales que los sostienen.
Rastreó el patrimonio de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, que creció un 297% durante el gobierno Petro — de $537 millones a $2.134 millones — incluyendo la compra de un penthouse en Bogotá pagado de contado. Y documentó los vínculos entre su excolaborador de campaña Juan Camilo Pachón y contratos en la UNGRD, la entidad que se convirtió en el mayor escándalo de corrupción del gobierno.
Su investigación más reciente, publicada esta semana y replicada por El Expediente, establece que la pauta digital de la campaña de Cepeda en Meta estaría siendo ejecutada por SUMAR TIC S.A.S., empresa contratista del Estado, con una inversión de $212 millones en 90 anuncios y proyecciones de gasto mensual de hasta $75 millones.
Otras investigaciones del portal incluyen las universidades de papel: el convenio entre el Ministerio de Educación y Findeter por $745.000 millones para infraestructura universitaria en regiones apartadas, del cual ya se giró el 100% de los recursos pero cuya ejecución en campo no supera el 20%.
También documentó cómo el entonces ministro de las TIC Jorge Iván Montealegre cedió su empresa a su esposa antes de posesionarse, mientras el contrato con RTVC seguía activo y beneficiando a su núcleo familiar.
Investigó la filtración de datos de 174 víctimas de la Unión Patriótica por parte del senador Cepeda — información sensible entregada a terceros sin autorización. Y publicó el análisis de la reforma tributaria de Petro que, pese a anunciarse como un ajuste para los 4.000 más ricos del país, incluye un impuesto del 19% que impacta directamente a la clase media y popular.