Por: El Expediente
El próximo 3 de septiembre el Senado deberá elegir al reemplazo de José Fernando Reyes Cuartas en la Corte Constitucional. De esa elección dependerá no solo el rumbo de las reformas del gobierno Petro —la pensional y la de salud— sino también casos de alto impacto político como la tutela del exsenador Alexander López para volver al Congreso de la República.
Entre los nombres en contienda, la candidatura de María Patricia Balanta Medina ha ganado fuerza en los últimos días gracias a un respaldo de la Casa de Nariño , el Pacto Histórico y del Partido de la U a través de uno de sus codirectores, el exregistrador Alexander Vega Rocha.
El respaldo de Alexander Vega como uno de los operadores políticos de la candidatura de Balanta despierta más preguntas que certezas. ¿Qué compromisos arrastra la aspirante al más alto tribunal al recibir este tipo de respaldos?
La relación entre Gustavo Petro y Alexander Vega ha sido ambivalente. Petro ha criticado públicamente al exregistrador por su cercanía con contratistas cuestionados, pero en los hechos ambos han encontrado un punto de convergencia: la necesidad de controlar espacios de poder claves.
Hoy, con Vega instalado en la cúpula de la U, su respaldo a Balanta se traduce en votos valiosos para la causa del Gobierno en el Senado. La alianza, aunque incómoda, parece dictada por el pragmatismo: el Gobierno Petro necesita asegurar un voto más en la Corte Constitucional y Vega ofrece el puente con un sector del Congreso.
Uno de los temas más delicados que hoy estudia la Corte Constitucional es la tutela interpuesta por Alexander López, exsenador del Pacto Histórico, para revertir el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia.
La Corte Constitucional es, en esencia, el garante de la Carta Magna, un tribunal que debe estar blindado frente a cálculos políticos y maniobras de coyuntura. Sin embargo, la candidatura de Balanta, rodeada de apoyos con intereses directos en los procesos que deberá resolver, abre la puerta a la sospecha de una Corte al servicio de la política y no de la Constitución.
