Por: El Expediente
El viernes 17 de octubre, a las diez en punto de la mañana, la Universidad Nacional cerró la licitación más grande de seguridad privada en su historia y publicó de inmediato el acta oficial. Ahí quedaban registrados, con lujo de detalle, los valores económicos de cada propuesta y los datos completos de las pólizas de seriedad: nombre de la aseguradora, número exacto de póliza y vigencia. Todo parecía transparente, definitivo y blindado.
Sin embargo, pocas horas después, sin notificación, sin explicación y sin dejar rastro público, el documento desapareció del portal y fue reemplazado por una versión distinta. La misma funcionaria que había firmado la original redactó la nueva más de tres horas después del cierre oficial. El cambio no era menor: la oferta de la Unión Temporal UNAL EAC 2025 aparecía mágicamente reducida en más de veintiocho mil millones de pesos, y los datos de su garantía de seriedad —aseguradora y número de póliza— habían sido alterados por completo.
Lo que en un primer momento parecía un simple error administrativo se revela como una manipulación deliberada de un acto público ya consumado. El acta de cierre no es un borrador; es el certificado de nacimiento de la competencia, el documento que fija las reglas del juego y sobre el que se construye toda la evaluación. Modificarlo después de cerrado, sin procedimiento, sin audiencia a los demás oferentes y sin justificación técnica, constituye una violación flagrante a la transparencia, a la confianza legítima y a la seguridad jurídica que consagran la Constitución y la Ley 80 de 1993.
Esta edición clandestina no solo anula la credibilidad del proceso; abre la puerta a responsabilidades disciplinarias y penales por falsedad en documento público. El presupuesto en juego supera los cientos de miles de millones de pesos y garantiza la seguridad de estudiantes, profesores e investigadores en todas las sedes del país. Que el corazón mismo del proceso haya sido alterado a conveniencia genera un precedente institucional devastador y pone en entredicho la integridad de la contratación en la principal universidad pública de Colombia.
Los oferentes afectados ya preparan acciones de nulidad. Pero más allá de los recursos legales, queda la sombra de la duda: alguien decidió, en la penumbra, rebajar una oferta millonaria y cambiar su garantía como si nada. Mientras la Universidad Nacional guarde silencio, este no será un error administrativo. Será la prueba de que, incluso en la casa del saber, la transparencia puede editarse con un clic.
