Los documentos muestran además un centro de datos en riesgo, $580 millones pagados por un software inservible, un edificio de $39.000 millones cuyas llaves aún tiene el contratista y antidrones y camionetas Tahoe comprados por $8.340 millones y $2.780 millones
Por: El Expediente
El viernes 6 de noviembre, según reveló en primicia este medio de comunicación, fue capturado en Neiva Carlos Andrés Oyola Tovar, el agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con funciones de hacker que, según fuentes de inteligencia y contrainteligencia, se llevó una copia del sistema de inteligencia del Estado y pasó más de un mes prófugo.
Capturado en Neiva el hacker de la DNI de Petro que se llevó una copia del sistema de inteligencia del Estado
Un informe interno de la propia DNI, al que tuvo acceso El Expediente, también lo menciona: Carlos Oyola tenía a su cargo el desarrollo interno de la segunda versión del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC), «no entregó nada» y «presuntamente es víctima del hurto del equipo de cómputo en el que estaba desarrollando el sistema». El informe lista el «desarrollo e implementación» de esa versión entre las decisiones pendientes de la dirección general.
Lo que Oyola desarrollaba debía reemplazar un sistema que ya no existe. Lo dice la Dirección de Gestión Institucional de la DNI, en un informe ejecutivo sin firma visible, escrito en septiembre, días después de que asumiera el general (r) Jorge Andrés Zuluaga, y lo dice en mayúsculas: «Hoy la entidad no tiene sistema SIIC». El sistema nació en 2014 con el proveedor Builder y quedó sin contrato desde 2024, porque no hubo acuerdo entre las partes, ya que «tenía problemas de funcionamiento y fallas en la capacitación». La consecuencia, según el informe, es que la entidad «no tiene una plataforma de registro de las misiones de trabajo, lo cual afecta las operaciones de inteligencia y contrainteligencia».
Ver informe interno de la DNI (1)
El informe es uno de los dos documentos internos de la DNI que una fuente de la entidad entregó a El Expediente. El otro es una ficha de reporte de eventos del grupo de arquitectura, marcada como restringida y fechada el 3 de septiembre de 2026. Leídos juntos describen una entidad con el presupuesto bloqueado por el Ministerio de Hacienda, un centro de datos frágil, contratos pagados por productos que no se pueden usar y un edificio nuevo cuyas llaves tiene el contratista.
Tampoco hay quien vigile. Según la información reunida por El Expediente, la DNI no tiene inspector general desde agosto. El cargo, el único de su tipo en la planta, tiene como jefe inmediato al presidente de la República y no al director de la entidad, según el manual de funciones de la DNI. Le corresponde verificar que las actividades de inteligencia se ajusten a la Constitución, la ley y los derechos humanos, vigilar que los gastos reservados respondan a los objetivos de la entidad, informar al director de las irregularidades que encuentre y presentar un informe anual reservado al presidente y otro a la comisión legal de seguimiento. Según las fuentes de este medio, el inspector es además uno de los ocho funcionarios con acceso al contenido completo del sistema. Ninguno de los dos documentos dice quién cumple hoy esas funciones. Los gastos reservados que esa dependencia debe vigilar financiaron, según el informe, la compra de 14 iPhone que el software de un contrato de $580 millones no pudo usar.
La captura de Oyola da un nuevo punto de apoyo a una serie de investigaciones que El Expediente publicó entre el 4 y el 9 de junio de 2026, antes de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. Con base en fuentes de inteligencia, este medio informó de un presunto plan para intervenir los sistemas de la Registraduría Nacional. Identificó a varios hackers; a los catalanes Xavier Vendrell, Manuel Grau Pujadas y Ramón Devesa González, y a una empresa española con acceso al ecosistema electoral; al coronel Erich Siegert Cerezo, fundador del Comando Conjunto Cibernético de las Fuerzas Militares, y a Jairo Navarrete, compañero de infancia de Gustavo Petro que, según las fuentes, coordinaría el plan desde la DNI con un grupo de hackers. Eran señalamientos de fuentes de inteligencia, y como tales se publicaron.
Oyola figuraba en esas investigaciones: un hacker dentro de la DNI, una cercanía con el círculo de españoles del gobierno Petro en el que según las fuentes está Vendrell, uno de los nombrados en junio, y, entre los delitos por los que, según esas mismas fuentes, la Fiscalía libró la orden de captura, el constreñimiento electoral. Para este medio, la captura apunta en la misma dirección que aquellas publicaciones.
Tres investigaciones, un solo plan: El Expediente identificó al hacker, a la red española, a la empresa con acceso al software electoral y al Coronel de la DNI. El rompecabezas del plan de saboteo para la segunda vuelta
El centro de datos, donde reposa el respaldo de la entidad, funciona en una sede arrendada del barrio Teusaquillo, en Bogotá, por $19 millones al mes, junto con tres grupos de trabajo. Una de sus unidades de aire acondicionado está fuera de servicio por falta de mantenimiento y repuestos, y el contrato 010 de 2026 para reemplazarlas vence el 31 de octubre; el contratista pidió un anticipo del 50 % para importarlas.
El informe habla de «un riesgo con el Data Center principal». Al llegar, el 11 de septiembre, Zuluaga ordenó al grupo de tecnología una copia de seguridad antes de desconectar el equipo. Le advirtieron que hay garantías con Oracle, Nutanix, Hitachi y Rittal por entre $1.200 y $1.500 millones que podrían perderse con el traslado, y le sugirieron cotizar con los proveedores o con la ETB. Mientras decide adónde va, la DNI seguirá pagando el arriendo. Faltan además la renovación de las garantías de los servidores Dell, la consolidación del Nodo 1 de Hitachi, la actualización de las plataformas de virtualización VMware y Omnissa, la habilitación de réplicas de la sede de Funza al sitio de recuperación y la actualización de los documentos de seguridad de la información. Las licencias de Microsoft 365 vencen en octubre y el correo está en la nube sin aseguramiento. El informe admite, además, que «la información de ingreso y situaciones administrativas de los servidores públicos se filtra con facilidad».
Otro de los hallazgos puede tener consecuencias penales. En octubre de 2022 la DNI firmó el contrato 053, por $580 millones y en un único pago, para una plataforma con el sistema ABBIS de detección biométrica dactilar, facial y de iris. La supervisora del contrato, Diana Velandia, rindió informes de plena satisfacción. Después se supo que el software no podía usarse en sistemas iOS y era incompatible con los 14 iPhone que la DINTE había comprado con gastos reservados el 12 de noviembre de 2024 por $64,6 millones. «La entidad pagó por algo que no pudo usar», concluye el informe, y añade que la DNI perdió la competencia para iniciar cualquier acción judicial o sancionatoria. En general, dice, no se encuentran informes de supervisión desde 2023, y hay otros que declaraban cumplimiento desde 2022 de un servicio que luego no se pudo usar, aunque se pagó el 100 % del contrato. La dirección pidió un informe de las supervisiones del grupo de tecnología para compulsar copias a la instrucción disciplinaria, «incluso de tipo penal, si es necesario (prevaricato, peculado)».
El edificio F-10 de la sede operativa definitiva de Funza es el caso con más plata. Las dos fases de obra y sus interventorías suman más de $39.000 millones. La primera, a cargo de Molek Ingeniería y Diseño por $18.143 millones, se entregó a satisfacción, pero la ficha registra oxidación en las platinas de la estructura de la fachada, una gotera en el primer piso y retiro de aceros en la cubierta. La segunda, el contrato de obra 005 de 2025 con el Consorcio Supremedni 2025, vale $18.870 millones, tuvo ocho modificatorios y terminó formalmente el 15 de mayo de 2026 sin que la obra estuviera completa: la interventoría la calcula en 88 %. La DNI ha pagado cortes por $14.841 millones; con el corte 8 pendiente, el contratista habría facturado $16.449 millones, quedan por amortizar $534 millones del anticipo y faltan por facturar $2.420 millones. No hay acta de entrega, parcial ni total, y por eso, dice la ficha, «la custodia del inmueble sigue siendo del contratista de obra». La entidad no ha recibido ni el juego definitivo de llaves ni los sistemas instalados, que la interventoría no ha aprobado: redes eléctricas, de voz y datos, CCTV, intrusión y control de acceso. Tampoco puede subir a la cubierta, dice el arquitecto de la DNI en la ficha, porque el contratista «no ha suministrado las llaves de las puertas que nos dan acceso al edificio», y abrirlas por otro medio tiene un riesgo porque allí está el almacén de obra con los equipos por instalar. «Me extralimito en mis funciones, al no ser el supervisor», escribe.
Ver informe interno DNI (2)
La DNI abrió un proceso sancionatorio por presunto incumplimiento. El contratista ofreció un «mecanismo de arreglo» que se evalúa, y hay una audiencia pendiente para decidir si se acepta. Entre los compromisos de agosto, el contratista de obra incumplió la entrega del componente técnico, entregó tarde el plan de trabajo y cumplió solo parcialmente el balance y las visitas de los especialistas de redes; los paneles de la fachada llegaron el 12 de agosto. La interventoría, GB-10 Consultores, con un contrato de $1.140 millones, también está en proceso sancionatorio, porque la supervisión encontró falencias en su acompañamiento. Hay una reserva presupuestal de $3.011 millones que, si fenece este año, se convierte en vigencia expirada y «sería un hallazgo fiscal para el ordenador del gasto».
El dron del contrato 071 de 2023, un sistema UAV HT100 para recolectar imágenes y video, está en proceso sancionatorio por presunto incumplimiento de las especificaciones técnicas. Estructuró y supervisó el contrato Daniel Cortés, a quien el doctor Ríos declaró insubsistente durante su encargo. El informe cuenta que la DNI compró el primer equipo que el fabricante, Anavia, puso en el mercado, que falló desde el principio y estuvo degradado durante largos periodos. Anavia se lo vendió a la empresa Prime, y esta le adaptó una cámara y un sensor para cumplir las especificaciones. El 15 de marzo de 2026 el dron sufrió un siniestro. Ante la aseguradora HDI se tramita la reclamación, con un valor asegurado del 10 % del costo total, $900 millones, y el fabricante y la reaseguradora piden que las piezas se envíen a Suiza para un diagnóstico técnico. La decisión de fondo del proceso sancionatorio debía tomarse, como máximo, a comienzos de octubre.
En 2024, por orden de «el señor Lemus», según el informe, se compraron tres equipos antidrones por $8.340 millones, $2.780 millones cada uno, para la Dirección de Contrainteligencia. Dos son móviles y uno es portátil, y se instalaron en dos camionetas Chevrolet Tahoe y una Toyota que, dice el documento, se ubicaban en la Casa de Nariño «por orden del ex presidente Gustavo Petro». También por orden de Lemus se compraron cuatro Tahoe. El informe da como valor del contrato $2.780 millones, la misma cifra de un solo equipo antidrones, y señala que hoy dos las usa el esquema de seguridad del director y las otras dos están quietas.
La lista de compras que el informe considera mal hechas sigue. El contrato 043 de 2024 adquirió 595 computadores Lenovo ThinkBook por $1.315 millones, unos $2,2 millones por equipo. Solo se pensaba comprar 230, pero con el dólar muy barato la subasta dio un precio bajo y por «oportunidad» se compraron más. Los equipos, dice el informe, fallan y no tienen la capacidad de uno corporativo: se compraron hace dos años y la planeación contractual no consideró equipos corporativos. El contrato de mobiliario del 30 de enero de 2026, por $1.549 millones, incluyó camas de $18 millones que no cumplen las especificaciones porque no son de madera, y diez atriles de escritorio de $14 millones cada uno. Las pistolas Glock 19 de quinta generación del contrato 031 de 2025, por $495,8 millones, llegaron en julio y no se han podido retirar porque falta el registro biométrico que exige el trámite; el contrato se prorrogó hasta el 31 de octubre. Un contrato de almacén e inventarios tampoco existe, y los funcionarios registran en un sistema obsoleto. El informe atribuye todo esto a «malas prácticas en la contratación» del área de tecnología, sin asesoría adecuada de jurídica y contratación en la planeación, la supervisión, la ejecución y la liquidación.
El presupuesto está bloqueado por decisión del Ministerio de Hacienda, incluidas las apropiaciones para bienes, servicios e inversión. Entre los procesos afectados están los certificados digitales para operar en el SIIF Nación, el sistema con el que se hacen nómina, pagos, viáticos e impuestos. De una reserva constituida en 2025 quedan pendientes $3.984 millones, que la entidad debe ejecutar antes del 31 de diciembre y sobre los que responde requerimientos de la Contraloría General. El informe pide tramitar vigencias futuras para 2027. Los activos de la entidad suman $169.391 millones a julio de 2026, de los cuales $47.495 millones son equipos de comunicación y computación y $63.845 millones, terrenos.
La planta tiene 556 cargos, 460 ocupados y 96 vacantes; en el área misional hay 308 ocupados y 53 vacantes, y en el área de apoyo, 152 y 43. El grupo de instrucción disciplinaria adelanta 82 actuaciones, entre ellas 26 investigaciones, cuatro procesos en juzgamiento y cuatro remisiones por competencia a la Procuraduría. Ese mismo 11 de septiembre, según el informe, se advirtió al general de que funcionarios del gobierno anterior presentaban incapacidades para no ser desvinculados, y ese día se firmó la resolución que declaró insubsistente a una de las funcionarias cuestionadas. Uno de ellos, del grupo de tecnología, lleva 64 días incapacitado con certificados de distintos centros de salud que, según el documento, «no parecen muy confiables»; la dirección pidió a Talento Humano que la ARL lo visite en su residencia.
La sede de Bogotá, en los pisos 6 y 7 del edificio Palma Real, cuesta $98 millones de canon y el contrato terminaba el 30 de septiembre. La mudanza a Funza empezó el 14 de septiembre, con nueve funcionarios del grupo de contratos y trece del de tecnología. El contrato de vigilancia con Águilas de Oro, que vencía el 30 de septiembre, se prorrogaba 15 días, hasta el 15 de octubre, mientras se contrataba otro entre el 16 de octubre y el 28 de diciembre. En Funza, el edificio F-10 todavía no ha sido recibido por la entidad.