El poder de Martin Santos en la Casa de Nariño fue inconmensurable, sus solicitudes eran casi una orden presidencial, su voz sonaba como un látigo. Los ministros y altos funcionarios de Palacio le temían y el comentario de pasillo es que se metía en todo sin saber de nada. Su rol como director de Buen Gobierno le daba poder directo, y desde allí enarboló como ningún otro la defensa de su padre y del proceso con las Farc. Se dedicó a confrontar a sus enemigos y a defender a sus amigos, no solo en las redes sociales, sino en los negocios.
Con toda suerte de intrigas y presiones Martín logró meter a su amigo de excentricidades, el empresario Alfredo Villaveces en la piñata de contratos de campamentos para las zonas transitorias y las zonas veredáles de las Farc. Toda una cascada de contratos asignados a dedo y firmados en un solo día, previo a la repentina renuncia de la directora del fondo de programas especiales para la paz Fondepaz, María Inés Restrepo, en marzo de 2017.
Una fuente entera confianza le entregó pruebas y detalles precisos a El Expediente sobre la manera como los contratos Fondepaz 263 por valor de $24 mil millones; el PNUD 41334-0 por valor de $3.500 millones y el PNUD 41334-2 por $6.988 millones, habrían sido entregados gracias a la intermediación directa del hijo del expresidente Juan Manuel Santos y de Andrés Lafaurie, hijo de la ex directora del Fondo de Programas para la Paz FONDEPAZ, María Inés Restrepo.
Según esa fuente, existieron entregas de dinero y hasta de un apartamento en la ciudad de Medellín para lograr la asignación de estos contratos.
El negoció se formalizó a través de la Unión Temporal Campamentos en la que Villaveces figura como representante legal y que se utilizó como vehículo multitarea de contratación.
En concreto la UT de Villaveces ejecutó la construcción y ampliación de 27 sedes MM&V para albergar durante 10 meses a 2.247 personas entre observadores del gobierno, la ONU y las Farc; personal médico y operativo, incluyendo el alquiler de carpas, vehículos, combustible y alimentación entre otros por un costo total. También se ganaron la construcción de 29 campamentos en las ZVTN que albergarían a 7.847 guerrilleros, incluido el arrendamiento de 121 predios. Un negocio redondo.
Muchos de esos contratos de campamentos y zonas veredales hoy son objeto de investigación por parte de los organismos de control e incluso los aportantes internacionales también han manifestado su preocupación por las denuncias que desde el pasado han sonado el mal manejo de los recursos del postconflicto.
El Expediente se comunicó con el señor Alfedo Villaveces y le pidió su versión sobre el tema: en un breve mensaje de Wassap pidió hablar tema personalmente y luego ante la inminencia de la publicación de ésta investigación digo: ‘Todo es falso’.
