A mediados de 2015 cuando Humberto de La Calle Lombana ejercía como jefe negociador del proceso de paz su firma de abogados, De La Calle – Londoño – López y Posada (DLP), estaba en un proceso de fusión con la gigante española Garrigues: los lazos de la oficina del exvicepresidente con el gobierno Santos y los clientes que había acumulado eran un activo intangible pero estratégico que los españoles ponderaron a la hora de cerrar el negocio para consolidarse en Colombia.
Una vez fusionados, los nuevos socios acordaron darle un tratamiento flexible y preferencial a De La Calle, para que pudiera formar parte de la sociedad Garrigues Durán Osorio sin interrumpir sus tareas en la mesa de conversaciones en Cuba. La estrategia ha funcionado, el peso político de Humberto De La Calle se ha hecho sentir y ha jugado a favor de Garrigues que además de su amplia experiencia internacional, tiene una conexión directa con mandatarios y políticos, a la que le ha sacado jugo.
La semana pasada el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, informó que la firma Garrigues Durán Osorio se alzó con uno de los contratos de consultoría más cuantiosos e importantes del Distrito: la estructuración jurídica del proyecto del Metro de Bogotá. A pesar de que los estudios no están listos, menos el arranque las obras, el bufete de De La Calle ya comenzó a facturar y percibirá honorarios iniciales por $3.700 millones.
Garrigues es la firma de abogados más grande de España y llegó a Colombia en el 2013 asociada con la firma Zarama y Asociados hasta mediados de 2015 cuando compró las acciones de la firma de Humberto de la Calle (DLP) dejando como socio titular a José Miguel de La Calle y como Consejero Counsel a Humberto De La Calle. La firma Durán y Osorio de Álvaro Durán, Gustavo Osorio y Gabriel Taboada, también forma parte del consorcio responsable de darle viabilidad jurídica al Metro de Bogotá.
