Por: Paloma Valencia
El gobierno radicó la reforma pensional. No es tan mala como pensábamos; y sobretodo si se compara con la desastrosa reforma y contrareforma a la salud o con la empobrecedora y antitécnica reforma laboral. Sin embargo, tampoco es buena. Supone una serie de riesgos que no deben ser minimizados.
El propósito de ampliar la cobertura del sistema es fundamental; llegar con ingresos a cerca de 3 millones de ancianos pobres es importante. Sin embargo, el proyecto no es fiscalmente responsable ni sostenible en el tiempo.
La reforma obliga a que todos los colombianos coticemos a Colpensiones nuestros primeros tres salarios mínimos, del cuarto en adelante irá a los fondos privados. A primera vista, parece buscar reducir los excesivos subsidios que hacían el régimen de prima media a los altos salarios. Colpensiones no pagaría altas pensiones.
Los recursos que constituirían el ahorro de todos los colombianos hasta 3 salarios los tendrían en su poder el Estado, pero no para ahorrarlos, sino que se utilizarán para pagar las pensiones, el aporte a esos 3 millones de ancianos pobres, y -la lectura de ciertos artículos del proyecto, apunta a que esos recursos- podrían incluso empezar a pagar las pensiones de las que el Estado se hace cargo actualmente. Por lo tanto, los recursos que hoy destina para esas pensiones quedarían libres, aumentando el gasto corriente; es decir, después de varias maromas, los aportes a pensiones, se podrían volver plata de bolsillo del gobierno.
La pregunta, por supuesto, es si el Estado en el futuro, tendrá los recursos para pagar las pensiones de todos los colombianos, hasta 3 salarios mínimos, el subsidio para 3 millones de ancianos.
Según la Anif es insostenible, el ingreso de 223 mil pesos para 3 millones de ancianos pobres costaría en valor presente $357,7 billones, lo que corresponde a 24,1% del PIB estimado para 2023.
No es una pregunta trivial, pues pese a que la edad para pensionarse también aumenta no parece superar el excesivo cargo fiscal. Hoy los colombianos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y cotizan en los fondos privados pueden pensionarse con 1.150 semanas cotizadas, al obligarnos a todos al régimen público; subirán las semanas de cotización a 1.300 semanas, y con un mínimo de edad para mujeres de 57, y de hombres de 62. Sin embargo, un factor de sobrecosto es que la pensión se paga no por el ahorro obtenido sino por el promedio de los últimos 10 años. Una persona que cotiza 1 salario mínimo y los últimos 10 cotiza 3, la pensión es de 3. La diferencia entre lo que aportó y recibe, la ponemos todos los colombianos. Esto ya existe, y el alivio es que no subsidiará pensiones más altas, pero según Anif solo este componente generaría un pasivo pensional en valor presente de 131% del PIB estimado para 2023.
La apuesta es que los jóvenes tendrán que pagar las pensiones de quienes estamos hoy ahorrándolas. El cambio demográfico indica que los futuros “viejos” no tendrán pensión con esta reforma. Hoy hay 4,6 trabajadores por cada adulto mayor. En 2050 serán solo 1,9.
La cuestión sobre la sostenibilidad de los fondos de pensiones privados tampoco es menor. Los 17,9 millones de afiliados que están en el régimen de ahorro individual, 7,4 activos, todos pasan a Colpensiones y los fondos quedan solo con los aportes y aportantes por encima de los 3 salarios mínimos; es decir deja a los fondos sin el 88,7% de los trabajadores formales del país que ganan hasta 3 smlm.
Así las cosas, la deuda pensional puede incrementarse. Para los ciudadanos hasta 2 SMLV lo que sí es cierto es que necesitará 2,8 años para lograr la misma pensión.
El gobierno también establecerá las condiciones de inversión de los fondos privados. Petro podrá decidir si quiere que los ahorros se inviertan en el exterior, en bonos basura, bonos del gobierno o en los gastos corrientes del gobierno. Hoy, por ejemplo, las inversiones en Títulos de Deuda Pública no pueden ser superiores al 50% ciento del valor de los recursos de los Fondos de Pensiones. Hoy está diversificado: el 30.5% en deuda pública, el 29.5% en renta fija local, el 12,6% en renta variable local, el 15.1% en fondos de capital privado.
El Gobierno podría obligar a los fondos privados a una rentabilidad mínima, lo cual es imposible. Las condiciones del mercado fluctúan. De igual manera el proyecto deja en manos del presidente el valor de las comisiones de los fondos privados. Estoy convencida de que esas comisiones deben ser un porcentaje sobre los rendimientos, para generar un incentivo a buenas inversiones. Hay todavía mucho que mejorar.
Paloma Valencia
