Por: Luis Felipe Arango
ción en amplios sectores de la sociedad. Mientras que miles de ciudadanos verán reducidas sus expectativas de una pensión digna, los congresistas que aprobaron la ley han protegido sus propias y generosas pensiones. Este doble estándar no solo es injusto, sino que pone de relieve una falta de solidaridad y de compromiso con el pueblo colombiano.
Un Golpe para los Ciudadanos Comunes
La reforma afecta principalmente a aquellos que han cotizado menos de 900 semanas y tienen menos de 62 años en el caso de los hombres y 57 en el caso de las mujeres, quienes verán reducidas de manera significativa sus prestaciones económicas. Además, los ahorros en los fondos privados de pensiones han sido expropiados parcialmente por el Estado para subsidiar a poblaciones marginales. Este tipo de medidas, aunque motivadas por la necesidad de generar mayor equidad, han sido implementadas sin consultar a los ciudadanos que confiaron en el sistema privado para asegurar su futuro.
El Escándalo de las Pensiones de los Congresistas
Sin embargo, mientras que el ciudadano promedio enfrenta recortes, los congresistas, quienes tienen la responsabilidad de legislar en favor del bien común, se han eximido de los efectos de esta reforma. Actualmente, los congresistas disfrutan de pensiones que superan con creces la pensión promedio de un trabajador colombiano, en algunos casos llegando a ser más de 20 veces superiores. Estas pensiones privilegiadas no han sido tocadas por la reforma, lo que evidencia un claro desequilibrio en la distribución de las cargas.
Este hecho no solo es profundamente injusto, sino que socava la confianza en el sistema democrático y en la labor del Congreso. ¿Cómo puede el Congreso pedir sacrificios a los ciudadanos comunes mientras ellos mismos mantienen intactos sus privilegios? La desconexión entre las élites políticas y el ciudadano promedio queda en evidencia con este tipo de medidas que, de manera selectiva, protegen a los más privilegiados.
¿Dónde Está la Solidaridad?
La solidaridad debería ser el principio rector de cualquier sistema de seguridad social. No obstante, la reforma pensional aprobada por el Congreso pone en duda ese principio cuando se observa que aquellos con mayor capacidad económica y privilegios, como los congresistas, no han sido incluidos en los sacrificios que exige la reforma. Esta falta de solidaridad no solo es un error moral, sino también un error político que podría tener profundas consecuencias a largo plazo para la estabilidad social del país.
El Llamado a la Corte Constitucional
Frente a esta situación, es imperativo que la Corte Constitucional intervenga para corregir esta injusticia. La ley debe ser declarada inconstitucional en tanto que vulnera los derechos adquiridos de los ciudadanos, y además, perpetúa una estructura de privilegios injustificables para los congresistas. Una reforma pensional es necesaria, pero debe ser equitativa y afectar a todos por igual, sin eximir a los que detentan el poder.
Hacia una Reforma Justa y Equitativa
La verdadera solución no puede ser despojar a los ciudadanos de sus derechos adquiridos, mientras se protege a los que ocupan los cargos más altos. El sistema de pensiones debe reformarse para ser sostenible y justo, pero la justicia implica que aquellos que gozan de mayores privilegios, como los congresistas, también deben estar dispuestos a sacrificarse. Solo así se puede construir un país más equitativo, donde las cargas se distribuyan de manera proporcional y se refuerce la confianza en las instituciones.
En resumen, la reforma pensional en Colombia evidencia una preocupante desconexión entre los intereses de los legisladores y los del pueblo. Si los congresistas no están dispuestos a reformar sus propios beneficios, ¿cómo pueden esperar que los ciudadanos comunes acepten sacrificios? Es hora de que se reforme el sistema de pensiones, pero de una manera justa, donde todos, incluidos los congresistas, aporten en función de sus capacidades.