Por: Paloma Valencia
La reforma a la justicia es el tema más urgente de nuestra sociedad. Administrar justicia de manera adecuada soluciona muchos problemas.
La justicia está relacionada con la corrupción; sin un sistema de justicia fuerte y capaz de condenar de manera oportuna, la corrupción se instala. Las sanciones efectivas y rápidas sobre los corruptos cambian la percepción de que la corrupción es un buen negocio. Una justicia efectiva puede disuadir y puede sancionar. La corrupción, en mi opinión, no requiere más normas o consultas, requiere aplicar sanciones.
La justicia tiene que ver con la seguridad. Muchos de los crímenes menores, como los atracos o el fleteo podrían reducirse drásticamente si la justicia operara mejor. Necesitamos la teoría de las tres oportunidades, al tercer delito menor una sanción carcelaria contundente. Poder procesar de manera inmediata las flagrancias para que la acusación tenga la agilidad del delito y se puedan recepcionar los testimonios de manera inmediata. Si los pequeños delitos son procesados con agilidad la percepción de seguridad mejora, y la sensación de que el crimen se combate se difunde, incluso entre los bandidos. La hipótesis es que la injerencia del Estado es definitiva para disuadir, y es efectiva y visible especialmente en lo pequeño.
Para ello es prioritario pensar en que los recursos de la justicia se concentren en la primera instancia: los jueces. Debemos achatar y simplificar la estructura judicial y crear la carrera de juez, que permita asensos sin cambiar de puesto. Es indispensable que cada municipio de Colombia tenga el paquete de justicia completo: juez, fiscal, policía judicial y banco.
Una justicia fortalecida en las primeras instancias además será capaz de solucionar la conflictividad social. Una de las fuentes de legitimación más importantes del Estado es precisamente esa, ser la solución de los conflictos. Hoy está siendo usurpada por grupos criminales que administran justicia como mecanismo para ganar legitimidad en los territorios donde se asientan. Sería bueno tener brigadas de jueces móviles, recorriendo las veredas y dando fallos en el territorio.
Hay otro tema esencial y es la unificación de la jurisprudencia. La justicia como el Estado debe ser predecible. Entre mayor capacidad de predecir los resultados de los litigios tengan los ciudadanos menos se incentivan las conductas por fuera de las normas, y menos “aventuras” jurídicas proponen los abogados. Una justicia predecible y veloz, solo por esas características ya soluciona conflictos. La predictibilidad esta ligada indefectiblemente a la unicidad de la jurisprudencia. Las normas son amplias y susceptibles a diversas interpretaciones, la jurisprudencia concreta los casos. Sin embargo, en nuestro país la proliferación de altas cortes ha dado como resultado tantas líneas jurisprudenciales como Cortes. Se requiere unificar las Cortes, y tener una sola jurisprudencia, que sea obligatoria y dote de transparencia todo el sistema.
Finalmente es importante la disciplina y judicialización de la rama. La disciplina parece estar encontrando un camino a través de los magistrados de la judicatura. El juzgamiento de los magistrados sigue siendo un asunto por resolver. Requerimos que no haya cruce de investigaciones con los políticos, y que haya una instancia independiente capaz de juzgarlos y condenarlos, cuando corresponda. Por eso, insisto en un tribunal de aforados, que incluso podría incluir jurados de conciencia para que sea el pueblo quien juzgue la conducta de sus altos dirigentes y magistrados.
Merecemos una mejor justicia y podemos construirla, hagámoslo. Para esto sirve nuestro referendo.