Por Rafael Nieto Loaiza
El Gobierno ha preparado un borrador de reforma al sistema de administración de justicia. He perdido la cuenta de número de intentos de reforma que se han hecho desde 1991, pero se acerca a las dos decenas. Todos han fracasado porque las cortes se han atravesado. Sin embargo, puedo apostar que con este no habrá esa oposición. Pareciera una buena noticia, pero en realidad no lo es.
Las cortes esta vez sí vayan a apoyar el proyecto porque satisface todas sus expectativas. Si lo hubieran hecho ellas no sería muy distinto. Veamos:
Mientras que Estados Unidos, con 327 millones de habitantes, tiene una única corte, con nueve magistrados, Colombia, con 49 millones, tiene cinco altas cortes, con 127 magistrados de propiedad, más un incontable número de magistrados auxiliares: la Constitucional (9 magistrados), Suprema (23), Consejo de Estado (31), Consejo Superior de la Judicatura (13) y el engendro de la Jurisdicción Especial para la Paz (38 más 13 suplentes).
Pues bien, el proyecto no solo no reduce el número de cortes y abandona del todo la propuesta del Centro Democrático de tener una sola, sino que crea nuevas «instituciones”. Por un lado, la “Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial”, cuya integración y funcionamiento será regulado por ley. Por el otro, una “Comisión del Derecho y la Justicia”, con una interminable conformación mixta de magistrados, organismos de control, parlamentarios, sindicatos de la rama y colegios de abogados.
Además, la propuesta amplía el período de ejercicio de los magistrados de los ocho años de hoy a doce. Un regalito del 50% del tiempo. Inmerecido, por supuesto, con contadas excepciones. Y aunque sube la edad de ingreso, en mi opinión correctamente para evitar que las cortes sean usadas como trampolín para las aspiraciones políticas de los jueces (son varios los que han saltado de la magistratura a aventuras electorales, entre ellos Carlos Gaviria, Alejandro Martínez Caballero y Jaime Araújo), de paso permitiría que no haya edad de retiro, aspiración por la cual varios magistrados cercanos a los 65 años han interpuesto toda clase de recursos para quedarse amarrados a sus puestos. Aunque el proyecto dice que los períodos solo regirán para los nuevos elegidos, no sería de extrañar que cambiara en el texto final.
La propuesta fortalece la corriente de magistrados provenientes de la rama judicial. Si hoy no se requiere pertenecer a la carrera judicial, el proyecto establece que la mitad de los magistrados de la Suprema y del Consejo de Estado “provendrá de la rama judicial”. Y reafirma el sistema actual de cooptación de hecho. Son los mismos magistrados de hoy, tan mal afamados casi todos, y los de la sala penal, con alguna excepción, además vinculados al cartel de la Toga y profundamente antiuribistas, los que elegirán a sus colegas. Basta ver lo que acaba de ser elegido en la Corte Suprema, en abierta violación del estado de derecho, para saber lo que nos espera. Unas cortes con más del 80% de rechazo ciudadano eligiendo a otros que les son iguales.
Para rematar, el proyecto cierra con esta belleza: establece que el presupuesto de la rama se incrementará anualmente. No se ha decidido todavía el incremento, pero una de las opciones propone que se haga con base en el del 2019, con un ajuste adicional del IPC más tres puntos. Y añade que se actualizaran los gastos de personal, «más un aumento del 7% en todos los gastos de funcionamiento”. Nada de austeridad, nada de eficiencia, nada de control del gasto.
Una rama judicial desprestigiada, en la que la ciudadanía no confía, a la que se le entrega todo a cambio de nada.
Y sí, en el proyecto hay alguna cosita buena, insuficientemente desarrollada, como el acatamiento de los precedentes judiciales, que busca generar seguridad jurídica, pero lo poco positivo no compensa, ni lejanamente, todo lo malo que el proyecto tiene. Con esa propuesta, mejor sería no hacer reforma.
