Por: María del Rosario Guerra
Craso error el cometido por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) al incluir a Colombia en los países con riesgo de “hambre aguda”, publicación irresponsable en la que no solo se desconocieron los múltiples esfuerzos y acciones del gobierno del presidente Iván Duque para evitar la inseguridad alimentaria, sino que carece de soporte fáctico y de información veraz y contrastada.
No se entiende cómo una agencia de la ONU comete una ligereza de tal magnitud que generó desinformación y confusión, algo que solo puede ser calificado como una ofensa directa contra Colombia, con interés de afectar el ya movido ambiente electoral. Ante el revuelo mediático que causó el informe, la FAO no tuvo de otra que retractarse, admitir la falta de rigor y aclarar que en ningún momento el objetivo fue el de poner en duda los esfuerzos del gobierno en materia de seguridad alimentaria, los cuales por cierto olvidaron mencionar. Pero el daño ya estaba hecho.
En esa línea veo pertinente y necesario hacer algunas reflexiones. Primero, no hay duda de que nuestro país aún tiene poblaciones con inseguridad alimentaria, en especial en las zonas rurales y en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y varios de los departamentos con altos índices de pobreza. Igualmente hay que reconocer que duele el alma, y es moralmente inaceptable, que haya niños que pasen hambre y, aún peor, que mueran por desnutrición. Y hoy no sólo son los niños, sino también los adultos mayores pobres los que carecen de los alimentos necesarios para su supervivencia. De ahí que debe ser una apuesta de país, de todos los colombianos, sin distingo de color político, continuar en la gran y urgente tarea de combatir el hambre y asegurar la buena alimentación infantil y de los mayores.
Esa realidad no debe esconder los esfuerzos que se han hecho tanto por el gobierno nacional como por algunos gobiernos locales y organizaciones sociales para atender la alimentación escolar y la reducción de la desnutrición. Hay que destacar que la desnutrición infantil aguda en menores de cinco años descendió 31,4% entre 2018 y 2020, y la mortalidad infantil por causas asociadas a la desnutrición disminuyó 40,1% en 2020. Por ello, quiero resaltar algunos aspectos de la situación actual de la seguridad alimentaria en Colombia.
Cuando se habla de seguridad alimentaria hay que analizar tanto la disponibilidad que tiene nuestro país para producir y ofertar las cantidades de alimentos que se demandan, como la disponibilidad de ingreso de los hogares para adquirirlos. Por el lado de la oferta alimentaria, nuestro país tiene una capacidad de autoabastecimiento del 72% del consumo interno de alimentos, y ha mantenido su capacidad para importar, llegando a la cifra de 12 millones de toneladas de productos agrícolas, que representan el 30% del total de alimentos que consumen los hogares colombianos. Esa cifra tan alta de importaciones por supuesto que no la aplaudo, y por el contrario creo que hay que reducirla drásticamente, sustituyéndola por producción nacional dado que tenemos sólo 6.5 millones de hectáreas sembradas de un potencial de 15 millones de hectáreas aptas para la agricultura.
Por el lado del ingreso de los hogares, si bien la pandemia del covid-19 aumentó el número de desempleados y de trabajadores informales, el gobierno ha hecho un gran esfuerzo para que 10.3 millones de hogares pobres y vulnerables (30 millones de colombianos) accedan a transferencias monetarias a través de programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor, Devolución del IVA e Ingreso Solidario. Este último ha atendido a tres millones de hogares y, a partir de marzo de 2022, llegará a cuatro millones. Solo en este gobierno, la inversión en materia de transferencias monetarias ha sido de $30.3 billones. Para mostrar la importancia de estos recursos, me decía hace poco el alcalde de un municipio del departamento de Sucre, que el 70% de la actividad comercial de su municipio se debía al gasto de los hogares que recibían esas transferencias. No olvidemos además que el 25% de los ingresos per cápita de los hogares en condición de pobreza extrema procede de las transferencias monetarias. Se espera que con la Ley de Inversión Social el poder adquisitivo de los hogares, ubicados en el 10% más bajo de la distribución de ingresos, incremente un 43%.
Uno de los programas más importantes del Gobierno Nacional para mejorar la nutrición infantil de los niños y jóvenes en edad escolar es el Programa de Alimentación Escolar PAE. Este programa significa al menos una comida al día para 7 millones de estudiantes todos los días del calendario escolar, logro que fue posible gracias a la Ley 2167 de 2021, liderada por el Centro Democrático, y que garantiza no solo el suministro sin interrupciones a todos los niños y jóvenes que asisten a centros educativos oficiales, sino que tendrá la supervisión de los padres de familia. La importancia del PAE exige ser implacables contra la corrupción que se ha presentado en varias regiones, y contra los retrasos en los procesos de contratación. Hay que recordar que para garantizar la operación del PAE, el Presupuesto General de la Nación para 2022, contempla una inversión de $2.1 billones.
Claro que hay mucho por hacer, eso no está en duda, pero hemos avanzado. Es inaudito ver cómo algunos de los funcionarios que hacen parte de estos organismos internacionales como la FAO, con claro sesgo de izquierda, se toman el atrevimiento de querer influenciar los procesos electorales agazapándose en informes de instituciones internacionales reconocidas, para generar desinformación.
Es importante que los funcionarios del gobierno abran los ojos a este tipo de intromisiones condenables, porque de nada sirven las reacciones tardías cuando el daño ya está hecho.
