La voraz máquina de contratación estatal que dirige la familia de Luis Carlos Galán se ganó un convenio por más de $5 mil millones para intervenir entre empresas y las comunidades indígenas U´wa para la construcción y puesta en marcha del Oleoducto Bicentenario.
Durante los primeros meses del gobierno de Juan Manuel Santos Ecopetrol le entregó el manejo de tres importantes yacimientos petroleros a siete compañías privadas agrupadas en la sociedad Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S. en la que la nación tiene una participación minoritaria y cuyo propósito es construir el corredor para el paso de crudo más grande del país y que opera desde los departamentos de Arauca, Casanare y Coveñas Sucre, siendo este crudo propiedad de los socios de la Compañía.
Los trabajos para construir las primeras fases del oleoducto, obras que aún están en curso después de ochos años, comenzaron con tropiezos. Las comunidades indígenas U´wa, ancestralmente ocupantes de las tierras que serían intervenidas por el proyecto minero energético, se opusieron radicalmente y en varias ocasiones pidieron que el gobierno y las fuerzas militares se retiraran de lo que consideran sus territorios. Un dolor de cabeza y un palo en la rueda para el desarrollo de la locomotora minera que empujó a toda máquina el gobierno de Juan Manuel Santos.
Ver: «El oleoducto de la discordia»
Ante las dificultades, el gobierno nacional que participa en la construcción del oleoducto a través de la Agencia Nacional de Tierras, decidió contratar a la Escuela Para la Democracia Galán como mediadores ante la comunidad U´wa.
El convenio de asociación 999 suscrito entre el Oleoducto Bicentenario de Colombia S.A.S, Agencia Nacional de Tierras y la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, que tiene unas fuertes cláusulas de confidencialidad, aparece en el Secoop II, fue suscrito el 5 de diciembre de 2017 con un plazo de ejecución de tres años y tiene por objeto: “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para contribuir al desarrollo y ejecución del proyecto de saneamiento predial mediante la adquisición de predios y/o mejoras de interés estratégico para la conservación de los recursos naturales en áreas protegidas que hagan parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SINAP- que deben ubicarse dentro del Resguardo Unido U´wa (…)”
El área total intervenida por el Oleoducto será de 23 mil hectáreas.
El convenio señala que la Escuela Galán: “aportaría su experiencia para facilitar el acercamiento y el trabajo con la comunidad U´wa mediante el fortalecimiento de los liderazgos democráticos, el trabajo en equipo, la cooperación y la resolución dialogada de conflictos. Además, es el ejecutor del Convenio y ejerce la Secretaría Técnica del Mismos”. Sin embargo, el convenio no explica la forma como la Escuela Galán ejecutará su aporte al proyecto.
Según expertos en contratación consultados por El Expediente «no se considera que lo aportado por la Escuela Galán tenga relación con su objeto y misión».
De acuerdo con el certificado de Cámara de Comercio, la misión y objetivos de la Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia es el ‘’fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, el liderazgo y el desarrollo social, a través de la ejecución de procesos de formación, especialmente de los contemplados en la Ley 115 de 1994, la investigación, la promoción de una cultura de paz y la legalidad y el apoyo al desarrollo institucional. También propenderá, apoyará, desarrollará y fortalecerá programas y proyectos para la protección de niños, niñas y adolescentes y sus familias. Así mismo, está encaminada a mantener vivo el espíritu y el pensamiento político de Luis Carlos Galán Sarmiento y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Educación Nacional en lo referente a la educación para la democracia, la gobernabilidad y el liderazgo y la cultura de legalidad. La escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia incentivará (A observación y a la investigación de los procesos de paz y democracia en Colombia y en los países de América y promoverá y difundirá las experiencias exitosas en estos campos’.
La Escuela Galán, indiscutiblemente ligada a la familia de los exsenadores Juan Manuel y Carlos Fernando, quienes han intentado silenciar las investigaciones sobre el derroche de contratos perdiendo acciones en la Corte Constitucional; tiene todo una máquina de hacer dinero a través de contratos con el estado, muchos de ellos con entidades del orden nacional y cuya ejecución se encuentra vigente.
Esa afirmación se refleja en sus propios informes financieros. Antes de 2011 cuando Santos llegó a la presidencia la escuela no contrataba más de mil millones y como se refleja en la gráfica durante los años subsiguientes su contratación se disparó exponencialmente hasta lograr arañar el presupuesto de entidades como el DPS que maneja los dineros de los más necesitados; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los indígenas. Un negocio montado sobre la memoria de Galán y que alimenta económicamente de las causas sociales, los niños a cargo del ICBF y los indígenas cuyas tierras son afectadas por la extracción petrolera que ahora se defiende con las banderas del ‘caudillo’ liberal. Próximas entregas. 
