Por: Germán Senna Pico
En las narrativas que impone la JEP, no se puede contar las historias donde se visibilice las actividades terroristas de algunos gremios de educadores en diferentes regiones del país con las FARC y ELN, esa verdad es incómoda para la JEP y para los creadores de este tribunal “el grupo terrorista FARC ahora mal llamados comunes”, no se le puede contar al país, que desde varios magisterios y confederaciones de educadores como FECODE y otros, se prestaron para el adoctrinamiento y reclutamiento de menores al interior de escuelas, colegios y de miles de jóvenes en universidades.
Ellos impondrán las narrativas que se deben utilizar en sus audiencias y muy seguramente sacarán un veredicto dando a conocer que en Colombia sólo hay un sector victimario y que las únicas víctimas, serán las que este tribunal determine o declare como tal.
La JEP o sus magistrados, sólo quieren escuchar de los miembros de las AUC que acuden a esta instancia, que declaren o afirmen en sus audiencias, quién o qué General, coronel u oficiales de alto rango dieron órdenes para que las AUC actuaran contra determinadas personas y qué (empresarios, gobernadores), participaron de esas órdenes ejecutadas por AUC, contra persona determinada o grupo étnico o político presuntamente víctima del Estado a través de acciones combinadas entre AUC y fuerza pública.
Esa narrativa que la JEP quiere imponer a ex AUC que acuden a sus estrados, la he escuchado por décadas en los guerrilleros de las FARC que arengaban en sus charlas de adoctrinamiento, ya fuera de camuflado o de civil cuando llegaban a nuestras veredas a imponer su doctrina o, a profesores en aulas de clases que llegaban a adoctrinarnos con su discurso marxista leninista.
Luego no se haga extraño nada de lo que la JEP trata de imponer con sus narrativas ya que eso lo hemos escuchado en las FARC desde hace más de 50 años.
Les he manifestado a ex miembros de las AUC que acuden a este tribunal, que por nada del mundo dejemos de visibilizar quiénes son o fueron auxiliadores y patrocinadores visibles en aquellos tiempos de las guerrillas comunistas llámese FARC, ELN, EPL, ERP o QUINTIN LAME y, exijamos que también se les persiga como determinadores de todos los magnicidios y genocidios perpetrados por estos grupos terroristas; esta verdad no se puede callar, así los magistrados de la JEP respondan con un NO a su acogimiento a esta jurisdicción.
Hasta el momento sólo hemos visto que las mal llamada (justicia) en Colombia, ha enjuiciado y encarcelado a quienes, según ellos, fueron auxiliadores o colaboradores de las AUC, los auxiliadores y colaboradores de FARC, EPL y ELN, no pueden ser enjuiciados y menos condenados por los crímenes cometidos por estos grupos terroristas, donde muchas personas naturales y jurídicas llámese activistas de izquierda o ONGs, tienen responsabilidades en crímenes atroces. Por esa razón, los gremios de maestros que se prestaron para el adoctrinamiento y reclutamiento en escuelas y colegios, no se pueden tocar para nada.
Después de la audiencia de Jorge Tovar Pupo (Jorge 40), vendrá la audiencia ante la JEP de Carlos Mario Jiménez Naranjo (MACACO), y si la señora magistrada Sandra Castro, de la sala de reconocimiento de verdad impuso tantas trabas a (Jorge 40) en su versión, al IMPONER o direccionar qué y cómo debía hacer uso de la palabra el ex AUC, para contar la verdad que exige la misma JEP para ser beneficiado del acogimiento a esta jurisdicción en caso de ser aceptado. ¿Se imaginarán como procederá con Carlos Mario Jiménez “alias MACACO”?
Podemos ver que Jorge 40 es una persona leída y versada en temas jurídicos e históricos de Colombia sobre la confrontación dada en nuestro país entre actores armados y Estado. Pero ese no es el caso de (Alias Macaco), quien estuvo a su cargo más de siete mil (7’000) hombres en los que me incluyo y que tuvo una presencia sostenida en más de 13 departamentos del país.
Seguramente la magistrada Sandra Castro tratará de atosigar a su próximo interrogado y/o compareciente experimental, teniendo en cuenta que estas audiencias son un experimento para ellos, muy seguramente utilizadas para enterarse de muchas cosas y después decirles a los ex AUC que acudieron a la sala de reconocimiento y verdad, que no fueron aceptados porque a ellos no les sirve ni les interesa lo que relataron en esas audiencias.
En días pasados le solicitamos al abogado de Carlos Mario Jiménez “alias Macaco”, que solicitara que la audiencia ante esta instancia de la JEP, fuera reservada, toda vez que se irán a exponer y ventilar eventos y hechos que, él y otros ex AUC, quedarían expuestos a limbos jurídicos al utilizar la información y/o aporte que estos hagan en estas audiencias de manera pública, si no son aceptados en esta jurisdicción.
El Bloque Central Bolívar de las AUC, estuvo entre sus mandos a varios ex miembros de la fuerza pública, uno de ellos fue Everardo Bolaños Galindo conocido en las AUC como el comandante John y, a la fecha éste ha sido la única persona ex miembro del ejército nacional, condenado por la masacre del Aro y la Granja, perpetrados por el Bloque Minero de las AUC a cargo de Ramiro Vanoy Murillo “alias Cuco Vanoy” y lo más seguro es que magistrados de la JEP, ahondarán sobre un tema que se inventaron a última hora en el caso de Jorge 40, que es el tema BISAGRA, algo sacado de los cabellos que ni ellos mismos entienden pero, que fue expuesto en la audiencia con (Jorge 40), para que éste conociera, las limitantes sobre su versión al hacer mención de acciones conjuntas de las AUC con miembros de la fuerza pública o con unidades militares en diferentes operativos.
Es ahí donde la los magistrados de la JEP querrán presionar a “alias MACACO” y, de cómo coincidencialmente, muchos ex miembros de la fuerza pública como Everardo Bolaños Galindo alias JHON, terminaron como jefes de frentes en el Bloque Central Bolívar, estructura que, a la vez tuvo el mayor vinculo político con ex congresistas condenados por la Corte Suprema de Justicia en el sonado caso de la parapolítica.
Seguramente “alias Macaco”, deberá mencionar actividades de muchos ex miembros del ejército y policía que jamás han sido tocadas por otra autoridad o instancia judicial y abrirá un boquete de declaraciones que aún se han mantenido calladas y, de no ser aceptado en la JEP, estas exposiciones de declaraciones tendrán una consecuencia jurídica en las personas que éste mencione en dicha audiencia.
Pasando a otro plano, hace años advertimos que se venía preparando una estrategia de abogados, fiscales y jueces para incluir en el listado de supuestas víctimas del Estado a ex miembros de la unión patriótica UP, para meter en ese mismo costal a ex FARC y/o ex UP que posteriormente fueron asesinados, no porque fueran miembros de la UP o de un partido de izquierda, sino por venganzas personales, líos pasionales, narcotráfico por pirateo de estupefacientes.
Incluso, muchos de ellos asesinados por las mismas FARC por traición según ellos o por cualquier otra circunstancia alejada de lo que se denomina persecución del Estado. Recordemos que de ese grupo político compuesto principalmente por simpatizantes de FARC o incluso por miembros, también hizo parte Luciano Marín “alias Iván Márquez” toda vez que él fue uno de sus ilustres fundadores y miembros.
Ahora que salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contra el Estado por el supuesto genocidio de más de seis mil (6000), de sus supuestos miembros de la UP, podemos ver el resultado del esfuerzo de abogados, activistas de izquierda, fiscales y jueces para que el Estado colombiano, tenga que pagar cantidades de dinero a personas que no murieron por su condición ideológica y política, sino por otras actuaciones que nada tenían que ver con luchas políticas.
No quiero decir con esto que no existieron crímenes múltiples contra miembros de las UP, claro que si existieron y se dieron. Sino que se hace necesario que ese listado de seis mil personas supuestamente asesinadas por orden de Estado, debe ser depurado para que no paguemos los contribuyentes, por la muerte de un miembro de FARC o por alguien que murió en un accidente de tránsito, por un lio pasional o que las AUC les dio de baja por pirateo de sustancias ilícitas de estupefacientes.
Y de acuerdo a esa sentencia, el Estado deberá pagar incluso por los muertos de las vendettas entre FARC con la UP, teniendo en cuenta que muchos miembros de la UP, fueron dados de baja por las mismas FARC por traición o por cualquier otra circunstancia inherente a su actuar.
German Senna Pico
