Por: El Expediente
El senador electo Alejandro Bermeo, del partido Salvación Nacional, fue víctima de un esquema de extorsión orquestado por el abogado Óscar Alfonso Barrero Torres, quien utilizó la amenaza de una aparente falsa denuncia por supuesto abuso sexual como instrumento de presión para exigirle al congresista pagos que escalaron hasta los 100 millones de pesos. El caso terminó con la captura en flagrancia del abogado el 21 de abril, en un operativo del Gaula de la Policía Nacional, y hoy avanza como un proceso penal formal por extorsión agravada ante la justicia de Ibagué.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, al que tuvo acceso este medio, Barrero Torres -apoderado de la supuesta víctima del electo senador- contactó a Bermeo el 13 de abril por WhatsApp para advertirle que representaba a Yamile Tigreros, identificada en el expediente como Ingrid Yamileth Quinayas Tigreros, mujer con quien, según ella, el senador electo habría sostenido una relación sentimental, y que existía un poder notarial para instaurar en su contra una denuncia penal por los supuestos delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y constreñimiento ilegal en escenarios de ‘violencia basada en género’.
En lugar de radicar esa denuncia de inmediato, el abogado le propuso a Bermeo reunirse antes de iniciar cualquier acción judicial, advirtiéndole, según consta en el expediente, que de esa reunión dependía que «no hubiera posibilidad de retractarse ni de detener» el proceso.
Bermeo, según relata la Fiscalía, intentó primero comunicarse con Tigreros para verificar la situación, sin obtener respuesta. Cuando se desplazó hasta su residencia, tampoco se le permitió el ingreso. Barrero, de forma simultánea, le advirtió que cualquier asunto debía tratarse exclusivamente con él, consolidando así, en palabras del documento de acusación, «un escenario de aislamiento, zozobra y control absoluto sobre la víctima», características propias de la modalidad del delito de extorsión donde la principal característica es doblegar la voluntad de las víctimas.
El mismo 13 de abril, presionado y según su propio relato «preso de la angustia», Bermeo retiró 10 millones de pesos de una entidad bancaria y se hizo acompañar de un amigo, Luis Gustavo Luna, hasta una cita que Barrero fijó en un establecimiento comercial de Ibagué. Allí, durante cerca de una hora, el abogado empleó lo que la Fiscalía describe como mecanismos de presión psicológica: le dijo a Bermeo que custodiaba audios, chats y videos «altamente comprometedores» y que, a cambio de 20 millones de pesos adicionales y de su silencio, evitaría que la denuncia se radicara. Bermeo entregó ese mismo día los 10 millones que portaba.
Al día siguiente, el 14 de abril, la situación escaló. Barrero citó a un intermediario de Bermeo y de inmediato elevó su exigencia económica a un primer pago de 30 millones de pesos, hasta completar una pretensión total de 100 millones a cambio de garantizar lo que llamó «silencio total» y la entrega de las pruebas que decía tener.
Entre el 20 y el 22 de abril, según el expediente, el abogado continuó presionando por videollamadas y audios de WhatsApp, llegando a instrumentalizar un supuesto «ataque cibernético» sufrido por Tigreros para lanzar advertencias intimidatorias, y reiterando que si no se cancelaba la totalidad del dinero exigido procedería a radicar de inmediato las denuncias penales.
El 21 de abril, Barrero fijó la entrega final de 50 millones de pesos en un centro comercial de Ibagué, ofreciendo a cambio devolver el teléfono celular de su representada y el poder notarial, en lo que describió como un «cierre definitivo». Fue en ese momento cuando Bermeo, ya con el acompañamiento del Gaula de la Policía Nacional y aportando como soporte los comprobantes de sus retiros bancarios previos, participó en un operativo de entrega controlada. Cuando Barrero recibió el dinero marcado, agentes del Gaula lo capturaron en flagrancia, hallando en su poder tanto el efectivo como distintos elementos que la Fiscalía incorporó como material probatorio.
Un elemento del expediente resulta especialmente revelador sobre la conducta del abogado: la denuncia formal contra Bermeo fue radicada por Tigreros apenas siete horas después de la captura de Barrero, el mismo 21 de abril.
La Fiscalía señaló ese hecho como evidencia de que, en sus palabras, «la denuncia penal jamás fue concebida por el profesional del derecho como un mecanismo de administración de justicia, sino como un instrumento de coacción económica continuada mientras se mantenía a la víctima en un estado de indefensión y zozobra».
El Expediente conoció, a través de fuentes con conocimiento directo del proceso, que una vez capturado, Barrero Torres habría realizado una llamada telefónica a Tigreros para instarla a presentar de inmediato la denuncia formal contra Bermeo.
Este medio conoció también, por fuentes propias, que Tigreros habría presentado denuncias de naturaleza similar contra al menos otras dos personas en el pasado, entre ellas un juez de la República, quien también habría sido víctima de un esquema de extorsión.
Barrero Torres fue formalmente acusado por el delito de extorsión agravada, contemplado en los artículos 244 y 245, numerales 3 y 7, del Código Penal, agravado por las circunstancias de haber ejercido la conducta contra un candidato a cargo de elección popular. El procesado no aceptó cargos, por lo que un juez de garantías de Ibagué le impuso medida de aseguramiento con detención preventiva intramural. El proceso continúa, con audiencia de control pendiente por fijar.
Tigreros, por su parte, entregó su versión de los hechos al portal El Olfato el 30 de mayo, donde relató en primera persona la relación que sostuvo con el senador electo.
En esa entrevista, Tigreros ofreció su propia versión sobre la dinámica del dinero que rodeó el caso. Consultada sobre por qué esperaba una suma mayor a los 10 millones de pesos que Bermeo llevó a la primera reunión en el establecimiento Juan Valdés de Ibagué, respondió: «Para irme, para ya zafarme del señor, irme, así sea como comprar una casa, ponerme un negocio», y precisó que buscaba los recursos para alejarse definitivamente de él. En la misma entrevista, Tigreros defendió a su abogado frente a la acusación de extorsión que hoy enfrenta: «Mi abogado es inocente. Mi abogado solamente quería defenderme y ese señor lo que hizo fue acabarme de mostrar que sí tiene poder y que puede hacer lo que él quiera», afirmó.
Su denuncia por presunto abuso sexual, radicada por separado ante la Fiscalía, permanece en etapa de investigación, sin que exista hasta el momento una imputación de cargos contra Bermeo ni una decisión judicial sobre los hechos denunciados.
Barrero Torres, además del proceso penal por extorsión, tiene registrada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial una sanción de suspensión de su tarjeta profesional de abogado por tres meses, vigente entre el 6 de julio y el 5 de octubre de 2026, impuesta por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué por presunta violación a los artículos 37 y 28 del Código Disciplinario del Abogado
El caso tuvo, además, una repercusión directa en el nuevo gobierno nacional: Didier Blanco, designado el pasado 23 de julio como director de la Unidad Nacional de Protección por el presidente electo Abelardo De La Espriella, fue la persona que actuó como puente entre Bermeo y las autoridades, coordinando junto al Gaula el operativo que culminó en la captura del abogado Barrero. Blanco había sido candidato a la Cámara por Tolima con el mismo partido de Bermeo, Salvación Nacional.
ESTA ES LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA CONTRA EL ABOGADO BARRERO POR EL DELITO DE EXTORSIÓN
