Por: José Félix Lafaurie Rivera
El martes pasado, en Tibú, Catatumbo nortesantandereano, más de 600 campesinos cocaleros secuestraron a 180 soldados que erradicaban cultivos ilícitos. Su líder, con cinismo aprendido, afirmó que no eran “retenciones» -así llaman las Farc a los secuestros-, sino un «cerco humanitario”, pues “son 180 hombres con armas automáticas”.
Esa respuesta -son 180 hombres con armas automáticas- encierra el drama de nuestra Fuerza Pública y, también, la estrategia de la izquierda para neutralizarla. ¿Quién osaría secuestrar a 180 hombres con armas automáticas? Ni ustedes ni yo, pero sí un campesino, un indígena o un vándalo urbano, ideologizado y utilizado por las mafias del narcotráfico, con las disidencias y los elenos en primer lugar, y con el “apoyo logístico” del progresismo neocomunista en el Congreso y en las principales alcaldías del país.
Amplío entonces la pregunta: ¿Por qué ellos sí se atreverían a secuestrar soldados con armas automáticas? Fácil; porque saben que los soldados no pueden usarlas; porque saben que, si las usan, serán investigados y castigados duramente por la justicia, también ideologizada; llevados ante la CIDH, no menos ideologizada, y juzgados mediáticamente como asesinos por la aplanadora implacable de las redes de la izquierda.
Esa fue la estrategia detrás del Paro; la estrategia para neutralizar y deslegitimar a la Fuerza Pública, para facilitar el control territorial del narcotráfico en el campo; la estrategia para neutralizar al ESMAD, sembrar terror en las ciudades y culpar al Gobierno, como macabro escalón de la campaña electoral progresista; la estrategia que tiene a los soldados en la cárcel y a los peores delincuentes dando cátedra de moral en el Congreso e incendiando al país con el odio anacrónico de la lucha de clases.
No es una estrategia de ahora; en ella se inscriben los paros campesinos instigados por “dignidades” dudosas, la violencia de la minga y de los “liberadores de la madre tierra” contra propietarios legítimos, con historias que se repiten una y otra vez.
Julio, 2012. Toribio, Cauca. Indígenas insultan y sacan a rastras a los soldados en el Cerro Berlín.
Enero, 2018. Corinto, Cauca. Indígenas que pretenden tomarse una hacienda azucarera e incendiar su maquinaria, hacen retroceder a los militares y uno de ellos es amenazado con machete al cuello.
Marzo, 2021. Carmen de Atrato, Chocó. Nueve militares son retenidos, amarrados y desarmados por ingresar “sin permiso” a tierras indígenas.
Abril, 2021. Argelia, Cauca. 100 soldados en operaciones contra disidentes de las Farc, son “retenidos” por indígenas y luego expulsados.
Octubre, 2021, Carmen de Atrato, Chocó. Siete militares y tres policías son retenidos, por hechos relacionados con la captura de dos indígenas sindicados del homicidio.
Hay muchas más historias, no solo en Catatumbo, Cauca y Chocó, sino en todas las 16 regiones que las Farc arrasaron, escogidas en el Acuerdo mafioso con Santos para ser circunscripciones a la Cámara, dizque para las víctimas, pero controladas hoy por sus narcosucesores. ¿Quiénes creen ustedes que elegirán a esos parlamentarios?
Cuando, en marzo de 2019, la minga bloqueó la Panamericana y un militar fue atacado con machete y otro retenido, escribí en este espacio, que “estamos ante un colectivo ideologizado, apoyado por la oposición y con gran poder extorsivo por su capacidad de generar caos”.
Frente a ese enemigo disfrazado, el Estado cayó en la trampa estratégica de dejarse “desarmar” en la práctica; perdió la capacidad disuasiva de su fuerza legítima y tiene territorios vedados, al tiempo que les prohibió a los civiles defenderse y no ostenta el monopolio de las armas, hoy compartido con los delincuentes, con una “pequeña” diferencia, que los delincuentes… sí las usan.
