Por: T. Coronel Gustavo Roa C.
Para comprender esta nueva iniciativa impulsada por Gustavo Petro y algunos de sus seguidores, resulta indispensable separar el discurso político de la realidad jurídica. En un Estado de derecho, cualquier ciudadano puede acudir a los mecanismos que la Constitución y la ley establecen para controvertir un acto administrativo o una elección. Sin embargo, que una acción sea jurídicamente procedente no significa que tenga probabilidades reales de prosperar.
En varios países de América Latina se ha observado un fenómeno recurrente: la intensa judicialización de la política después de los procesos electorales. Los recursos legales, concebidos para garantizar la transparencia y la legalidad, también pueden convertirse en escenarios de confrontación política cuando se pretende trasladar a los tribunales lo que ya fue decidido por los ciudadanos en las urnas.
En Colombia, la acción de nulidad electoral constituye un mecanismo legítimo previsto por el ordenamiento jurídico para cuestionar la elección de un servidor público cuando existan causales expresamente contempladas en la ley. Su finalidad es preservar la legalidad del proceso electoral, no reabrir indefinidamente el debate político ni desconocer la voluntad popular sin pruebas sólidas y suficientes.
La demanda anunciada contra la elección de Abelardo de la Espriella se fundamenta, según se ha informado públicamente, en supuestos relacionados con la doble nacionalidad, una presunta injerencia extranjera y eventuales irregularidades durante los escrutinios. No obstante, varios de esos aspectos ya fueron objeto de análisis por las autoridades competentes durante el proceso electoral.
Los cuestionamientos relacionados con la nacionalidad del presidente electo fueron estudiados tanto por el Consejo Nacional Electoral como por autoridades judiciales, que concluyeron que no existían las inhabilidades alegadas para aspirar al cargo. En consecuencia, cualquier nueva demanda deberá aportar elementos jurídicos y probatorios distintos y suficientemente sólidos para desvirtuar decisiones previamente adoptadas por los organismos competentes.
Desde el punto de vista procesal, uno de los mayores desafíos para los demandantes consiste en obtener una medida cautelar que suspenda provisionalmente los efectos de la elección antes de la posesión presidencial. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido particularmente estricta frente a este tipo de solicitudes, precisamente porque una decisión de esa naturaleza tendría profundas consecuencias sobre la estabilidad institucional del país.
La suspensión provisional de la elección de un presidente no constituye una decisión ordinaria. Requiere demostrar, con pruebas claras y contundentes, no solamente la existencia de una posible vulneración del ordenamiento jurídico, sino también la necesidad urgente de evitar un perjuicio de enorme magnitud para el interés general. Por esa razón, históricamente estas medidas han sido de aplicación verdaderamente excepcional.
Debe recordarse, además, que los procesos de nulidad electoral suelen prolongarse durante meses e incluso años. Mientras el alto tribunal adelanta el estudio de fondo, la regla general es que el funcionario elegido continúe ejerciendo el cargo, salvo que exista una decisión judicial en sentido contrario.
Por ello, desde una perspectiva estrictamente jurídica, el escenario más probable es que el presidente electo asuma sus funciones mientras el Consejo de Estado estudia la demanda y adopta una decisión definitiva dentro de los tiempos propios del proceso.
En una democracia sólida, el respeto por las instituciones exige reconocer tanto el derecho de acudir a los jueces como la obligación de acatar las decisiones que ellos adopten. La legitimidad de un proceso electoral no puede medirse únicamente por el resultado que favorezca a determinado sector político, sino por el cumplimiento de las reglas constitucionales que rigen para todos por igual.
Colombia necesita que las diferencias políticas se tramiten dentro del marco institucional y no mediante la permanente descalificación de las instituciones cuando sus decisiones no coinciden con las expectativas de una de las partes. La fortaleza de la democracia reside precisamente en el respeto a la Constitución, a los organismos electorales y a las decisiones de los jueces.
Más allá de las posiciones ideológicas, será el Consejo de Estado, y únicamente el Consejo de Estado, quien determine si existen fundamentos jurídicos suficientes para modificar una elección presidencial. Hasta entonces, cualquier afirmación categórica sobre el desenlace del proceso pertenece más al terreno de la opinión política que al de las certezas jurídicas. Esa diferencia resulta esencial para preservar la confianza ciudadana en el Estado de derecho y en la estabilidad de nuestras instituciones.
