Por: Wilson Ruiz Orjuela
El Expediente consultó con distintos penalistas, juristas, académicos y reconocidos abogados del país para conocer su análisis, opinión y reacción sobre la revelación de este medio de comunicación respecto de la juez que condenó al expresidente Álvaro Uribe Sandra Liliana Heredia quien perdió los tres exámenes del concurso de méritos para ser juez de la República.
Esta es la opinión del doctor Wilson Ruiz Orjuela, exministro de justicia.
Es importante reconocer que en el país los nombramientos provisionales se conciben como una medida excepcional, destinada a garantizar la continuidad de la función pública. En el ámbito judicial, esta figura busca evitar la interrupción en la prestación del servicio de justicia. La Corte Constitucional ha resaltado que la provisionalidad debe operar como excepción y no convertirse en la regla. Sin embargo, en la práctica se ha vuelto recurrente.
La Ley 270 de 1996, en su artículo 132, dispone que los nombramientos provisionales en la Rama Judicial no deben exceder los seis meses, con el fin de asegurar que los jueces accedan al cargo por mérito y no por conveniencia. No obstante, la demora en los concursos de méritos ha generado que este límite se desconozca. Basta con observar la Convocatoria 27, orientada a proveer más de 4.000 vacantes, que lleva más de ocho años sin concluir, perpetuando así la provisionalidad en cargos clave.
El caso de la jueza que conoció el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, sin haber aprobado el concurso de méritos ni cursado la formación judicial correspondiente, pone de presente esta falencia institucional. Su prolongado nombramiento provisional refleja la normalización de una práctica que afecta principios esenciales como el del juez natural, compromete la legitimidad de las decisiones judiciales y debilita la confianza ciudadana en la administración de justicia.
La falta de rigor en la aplicación de la Ley Estatutaria, junto con vacíos normativos y administrativos, genera un impacto directo en la independencia judicial y en la seguridad jurídica.