Por: Edgardo Ramírez Polania
Los negocios de los servidores y funcionarios públicos como consecuencia de la función legislativa y administrativa, han sido criticados, investigados y sancionados pero se resisten a desaparecer.
Pareciera que un hado maléfico rodeara algunas de esas decisiones de los cuerpos colegiados que les corresponde decidir sobre el bienestar de las comunidades.
La presente semana El Expediente, puso en conocimiento de la opinión pública, el trámite de la Ley aprobada en la Comision primera del Senado que regula y controla el uso de la marijuana para uso de adultos, y cómo el señor Juan Manuel Galán, como Senador de la República impulsó en esa Corporación desde el 2 de septiembre de 2014, el proyecto de Ley, del uso de la marihuana para limitar la producción importación, distribución, uso y
posesion de estupefacientes para fines médicos y científicos hasta que se logró su aprobación.
Detrás de este impulso legislativo se mueven multimillonarios negocios. La producción mundial de marihuana se encuentra aproximadamente en $ 600 billones, cerca al 60% del PIB colombiano y la industria farmacéutica tiene utilidades cerca a los $2 billones.
El ex senador Juan Manuel Galán, fue nombrado miembro de la junta directiva de empresa internacional Flora Growth con sedes en Canadá y Colombia, sin que durante el trámite de la ley del uso de la
Marihuana medicinal, se hubiera declarado impedido por el conflicto de intereses que venía ocurriendo como ponente que fuera del proyecto de Ley.
Las normas que regulan el conflicto de intereses, indican que procede la pérdida de investidura, la cual se puede realizarse en cualquier momento, independientemente de la fecha de ocurrencia de los hechos que la motivan, tal como lo ha concluido en reiterada jurisprudencia el Consejo de Estado, en razón del carácter público y popular de la acción, aún, si el implicado ya ha terminado su período o se ha separado del cargo o si han pasado varios años entre el hecho y la sanción.
Edgardo ramirez POLANIA
