Cúcuta, la ciudad donde nació, terminaría marcando también el último capítulo de su carrera activa: fue precisamente en Norte de Santander, al frente de la Octava División del Ejército —con jurisdicción sobre Casanare, Vichada, Guainía y Arauca—, donde el mayor general Jorge Eduardo Mora López cerró en 2022 más de tres décadas de servicio ininterrumpido a las Fuerzas Militares, en medio de la renovación de la cúpula castrense ordenada por el entonces presidente Gustavo Petro. Cuatro años después, ese mismo territorio fronterizo lo trae de vuelta al centro del poder, esta vez como el ministro llamado a ejecutar la política de seguridad más dura que ha prometido un gobierno colombiano en años recientes.
Su hoja de vida militar es la de un oficial de operaciones especiales y de inteligencia, no de despacho. Antes de comandar la Octava División, estuvo al frente de la División de Fuerzas Especiales del Ejército entre 2019 y 2021, y dirigió el Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares, dos de los puestos más sensibles de toda la estructura castrense colombiana.
Fue además fundador y comandante de la Fuerza de Despliegue contra Amenazas Transnacionales, una unidad creada específicamente para enfrentar estructuras criminales que operan más allá de las fronteras del país — el tipo de amenaza que hoy vuelve a estar en el centro del debate público con el crecimiento de economías ilegales en zonas como el Catatumbo, muy cerca de donde él mismo se formó.
Fue justamente al frente de esa División de Fuerzas Especiales donde, en 2021, su carrera enfrentó la prueba más injusta de toda su trayectoria. Siete suboficiales y un oficial lo denunciaron por presuntamente ordenar el cobro irregular de viáticos dentro de la unidad, un escándalo que en su momento se cubrió como un caso más de corrupción en las Fuerzas Militares.
Pero el tiempo y la justicia terminaron por reescribir esa historia: cinco años después, en 2026, el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá no solo lo declaró inocente, sino que identificó y condenó al verdadero autor del fraude, un capitán que, según probó la sentencia, invocaba falsamente el nombre del general para convencer a sus subalternos de entregar dinero que en realidad terminaba en sus propias cuentas y en las de su esposa.
Lo que se presentó como un escándalo de corrupción resultó ser, en los términos exactos del fallo, un montaje construido a sus espaldas, y su nombre salió de ese proceso completamente limpio, con el respaldo probatorio de la propia justicia colombiana.
A la experiencia de campo sumó una formación que pocos oficiales colombianos logran reunir: cursos de gestión de defensa y planificación estratégica en el Collège Interarmées de Défense, en Francia, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, y estudios de Alta Gerencia Internacional en la Universidad de los Andes.
Esa combinación de mando operativo real y formación estratégica internacional es, según el propio equipo de De la Espriella, lo que lo distingue de otros perfiles militares que sonaron para el cargo.
Su salto a la política no fue inmediato ni garantizado. En 2026 intentó llegar al Senado en la lista de Salvación Nacional, pero no logró una curul, quedándose con 11.375 votos — una derrota electoral que, lejos de sacarlo del tablero, terminó redirigiendo su energía hacia el terreno donde de verdad tenía peso: la coordinación territorial.
Lideró el movimiento Defensores de la Patria en Norte de Santander durante la campaña presidencial, un trabajo que las fuentes cercanas a la campaña señalan como decisivo para el respaldo que De la Espriella logró consolidar en esa región, y una vez ganada la Presidencia asumió la coordinación del empalme en materia de seguridad y defensa, el mismo rol que ya venía ejerciendo informalmente como asesor del sector desde 2022.
Su nombramiento llega con una tarea explícita y sin ambigüedades: ejecutar la promesa central de campaña de recuperar la autoridad del Estado en el territorio, empezando por la firma de un decreto para crear los llamados «Bloques de Defensa para Seguridad Urbana» y por la derogación de la política de Paz Total del gobierno saliente. Con Mora al frente, Colombia repite un patrón que ya había marcado el propio gobierno de Petro, el de confiar el Ministerio de Defensa a un uniformado retirado, no a un civil, pero con una orientación diametralmente opuesta en su visión de fondo: donde el gobierno saliente apostó por la negociación como eje de su política de seguridad, el general que hoy asume la cartera, con su nombre ya reivindicado por la justicia, representa la apuesta inversa: la de la autoridad y el control territorial como punto de partida.