En los pasillos de los tribunales de Bogotá, el nombre de Iván Cancino suena desde hace años en los casos donde nadie más quiere entrar. Penalista de cepa, formado en la Universidad Externado de Colombia, ha construido su carrera en el terreno más exigente del derecho: el que exige defender con argumentos sólidos incluso cuando la presión mediática y política ya dictó sentencia por su cuenta. Ese oficio, poco glamoroso pero profundamente técnico, es lo que ahora lo lleva a ocupar uno de los cargos más delicados del próximo gobierno: el Ministerio de Justicia.
Su formación no se quedó en el título de pregrado. Cancino es especialista en Derecho y Nuevas Tecnologías y magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, y antes de convertirse en uno de los penalistas más buscados del país pasó por el otro lado del mostrador: fue fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, experiencia que le enseñó a mirar el sistema judicial colombiano desde ambos ángulos, el de la acusación y el de la defensa. Esa doble mirada —poco común entre los abogados que hoy litigan en Colombia— es, según quienes lo conocen, lo que le da un criterio más completo que el de un litigante de un solo bando.
A la par del litigio, construyó una segunda carrera en las aulas: ha sido docente universitario, decano y conferencista, formando abogados en Colombia y fuera del país, y hoy es miembro de tres instituciones de peso en el gremio —el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal y la Fundación Internacional de Ciencias Penales—, credenciales que rara vez conviven en una sola hoja de vida.
Lo curioso es que su llegada al gabinete no estaba en sus planes. Hasta hace pocas semanas, Cancino aseguraba públicamente que prefería seguir ejerciendo la profesión antes que asumir un cargo público. Lo que terminó de convencerlo, según su propio entorno, fue el trabajo que ya venía haciendo en silencio: lideró la mesa técnica de Justicia durante el empalme entre el gobierno saliente y el entrante, revisando de primera mano el estado real del Inpec, la Uspec y la política criminal del país.
Fue ahí, metido hasta el cuello en los problemas concretos del sistema, donde terminó por convencerse de que su lugar ya no estaba solo en el litigio, sino en la posibilidad de arreglar desde adentro lo que llevaba años viendo fallar desde afuera.
