Por: Gustavo Rugeles
Testigo afirmó y presentó evidencias en la Fiscalía según las cuales la Rpte. Tatiana Cabello habría recibido dinero para engavetar un proyecto de ley que daña millonario negocio a firma Simetric SA
El mes de junio de 2012, a pocos días de terminar la legislatura en la que el senador Armando Benedetti ofició como presidente del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, aprobaron a pupitrazo limpio una ley que estaba a punto de ser ser archivada por falta de tramite. Se trata de la Ley 1539 de 2012 por medio de la cual se implementa el certificado de actitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego. Esta ley, cuyo autor fue el senador Armando Benedetti, obliga a todos los vigilantes del país a someterse a un examen psicofísico anualmente como requisito para renovar sus contratos con las empresas de seguridad a las que les prestan sus servicios.
El proyecto se convirtió en ley de la República el 26 de junio de 2012. Desde entonces, los cerca de 250 mil vigilantes que laboran en el país han tenido que pagar $100 mil pesos cada vez que necesitan renovar sus contratos laborales o de prestación de servicios. Esto supone un negocio de $25 mil millones de pesos al año en cabeza de una sola empresa que actualmente está certificada con la licencia ISO/IS 1702:2003 que la habilita para prestar ese servicio: la firma Simetric .S.A., cuyo propietario es el señor Euclides Torres, empresario de la costa y padre del Representante a la Cámara por Bogotá Efrain Torres, formula y socio político del senador Benedetti en la capital.
El mes de julio de 2016 el senador liberal Luis Fernando Velasco radicó un proyecto de su autoría denominado ‘Ley del vigilante’ mediante el cual pretendía mejorar las condiciones de las personas que prestan el servicio de vigilancia en el país. Uno de los puntos del proyecto apuntaba a acabar con el monopolio de los exámenes psicofísicos patentado por el senador Benedetti y su socio político Efraín Torres. Velasco propuso que cualquier Institución prestadora de salud (IPS) pudiera practicar el examen y que este fuera renovado cada cinco años y no anualmente como estableció la ley 1539 de 2012.
El proyecto también fue suscrito por el Senador de La U Mauricio Lizcano y dado su espíritu en favor de trabajadores humildes como son los vigilantes, el Senador Álvaro Uribe y su bancada en el Senado lo apoyaron de manera decidida. A pesar de las dificultades y obstáculos que intentaron interponer senadores como Jimmy Chamorro y otros del Partido La U, en contra de la intención de Velasco de acabar con el monopolio de los exámenes psicofísicos en cabeza de la firma Simetric, el proyecto fue aprobado en el Senado el 17 de mayo de 2017 y pasó a cursar su tramite definitivo en la Cámara de Representantes.
Una vez fue radicado en la Comisión Segunda de la Cámara, la Representante del Centro Democrático, Tatiana Cabello, hizo todo lo posible para que esta iniciativa legislativa quedara en sus manos y terminó como única ponente de la ‘ley del vigilante’. El proyecto, que marchaba a toda maquina, obtuvo un concepto favorable del gremio de las empresas de seguridad Andevip, de los comerciantes de Fenalco y del la Federación de empresas de seguridad Fedeseguridad.
El senador Velasco buscaba hacer realidad su iniciativa y comenzó a pedir celeridad en el el tramite. Sin embargo, la Representante Tatiana Cabello, le abrió paso a un dialogo fluido con el Representante de la U y presidente de esa comisión, Efraín Torres. Su equipo de trabajo ya había adelantado el estudio técnico y el proyecto estaba listo para ser debatido y aprobado. La ley del vigilante no tenía mayor oposición más que la de los interesados en mantener el monopolio de los exámenes psicofísicos.
En ese entonces, no hace más de dos meses, se produjo una discusión en la oficina de Tatiana Cabello. Una de sus asesoras pidió que se tramitara el proyecto que la Representante estaba dilatando con la excusa de realizar audiencias públicas en cinco ciudades del país. Una de las asesoras de Tatiana Cabello escribió en un mensaje de chat que el proyecto se iba a hundir porque ‘Tatiana estaba haciendo negocios a costillas de los Colombianos’.
Ese mensaje de chat así como la declaración juramentada de la testigo ya está en poder del Fiscal General Néstor Humberto Martínez y la investigación en cabeza del Fiscal Carlos Castañeda de la unidad 28 de la Fiscalía Anticorrupción quien además recibió la denuncia por parte de las directivas del Centro Democrático por una presunta extorsión realizada por la Representante Tatiana Cabello a una de las colaboras de su Unidad de Trabajo Legislativo que denunció El Expediente el pasado 19 de Septiembre.
Ver: Investigación por supuesta extorsión en el Centro Democrático: Tatiana Cabello se defiende con Iván Cancino
En el relato de la testigo y los soportes entregados a la Fiscalía consta que el conductor de la Representante, el señor Hernando Barón, habría ido a la casa del representante Efraín Torres y habría recibido $25 millones de pesos en efectivo presuntamente destinados a la congresista con el propósito engavetar el proyecto que les podría dañar un negocio de $25 mil millones de pesos al año y cuyos beneficiarios son el grupo político del Senador Benedetti y su formula en Bogotá Efraín Torres y su familia que maneja el monopolio de los exámenes psicofísicos para los vigilantes.
El ‘cartel de los exámenes psicofísicos’ también es investigado por la Corte Suprema de Justicia que recibió una denuncia suscrita por el abogado Jaime Lombana en contra de Armando Benedetti en la que enumera una serie de posibles actos de corrupción. En el quinto punto de la denuncia, el penalista Lomabana se refiere a este caso: »Denuncio penalmente ante la Corte Suprema de Justicia que el Senador Benedetti fue el autor de la ley 1539 de 2012, Ley del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, que obliga entre otros, a cada guardia o vigilante de Colombia a contar con el mencionado examen; contrato que se realiza entre la Administradora de Riesgos Laborales con empresa especializadas que tengan licencia ISO/IS 1702:2003. Encuentro que solo dos empresas en el país tienen esa licencia, lo que les genera millonarias ganancias, en desmedro al final del salario del vigilante, pero además específicamente una de ellas, tiene estrecha relación política y económica con el Senador Benedetti, como que sus accionistas y familiares son representantes a la Cámara del grupo político de Armando Benedetti, y para ser mas directo, su fórmula electoral en Bogotá. Lo que materializaría una vez mas un acto de corrupción pública.»
Aunque la representante Tatiana Cabello renunció a la ponencia de este proyecto de ley hace quince días los hechos descritos en esta investigación ya están en conocimiento de la Fiscalía y de la Corte Suprema de Justicia. La redacción de El Expediente intentó hablar con la Representante pero fue imposible establecer una comunicación telefónica o vía chat. El senador Velasco dijo estar dispuesto a declarar ante las autoridades si así lo requieren y el expresidente Uribe y jefe del Centro Democrático a tomar las correctivas en caso de comprobarse alguna responsabilidad de la congresista que ganó su curul luego de formar parte de equipo periodístico de la W Radio.