Por: El Expediente
La defensa del patrimonio público y de la moralidad administrativa no admite grises ni términos medios. Por eso, la actual postura del gobierno de Abelardo de la Espriella de limitarse a renegociar los offsets —los componentes de compensación social— del contrato de los aviones de combate Saab Gripen sabe a muy poco. En el terreno de la integridad institucional, ajustar las condiciones de un acuerdo nacido bajo las más profundas sombras de duda no es pragmatismo: es aplicar un paño de agua tibia sobre una herida abierta por la sospecha de corrupción internacional.
El negocio, heredado del gobierno de Gustavo Petro y formalizado el 14 de noviembre de 2025 por unos 3.100 millones de euros —cerca de 16,86 billones de pesos programados entre 2026 y 2032, según el propio Conpes 4155 del 1º de septiembre de 2025—, no es un asunto que se resuelva discutiendo si los offsets terminan en paneles solares para zonas no interconectadas, en agua potable para La Guajira, en la recuperación del Hospital San Juan de Dios o, como ahora se plantea, en sensores y capacidades militares para la Fuerza Aeroespacial. Esa discusión, por legítima que sea desde el punto de vista técnico, esquiva la pregunta de fondo: si el contrato mismo nació contaminado, no hay destino de compensación que lo limpie.
El exsecretario de Transparencia Camilo Enciso radicó ante la Fiscalía Anticorrupción de Suecia una solicitud formal de investigación por presunto soborno extranjero, señalando lo que él mismo describe como una correlación —no una prueba, precisa el propio denunciante— entre la prolongada estancia de la entonces primera dama Verónica Alcocer en Estocolmo, su estilo de vida en esa ciudad y sus relaciones con círculos económicos suecos influyentes, y el cierre del contrato de defensa más grande en la historia reciente de Colombia. Meses después, el profesor Ronald Portilla llevó una denuncia paralela ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos invocando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), pidiendo revisar libros contables, acuerdos con agentes intermediarios y la posible activación de jurisdicción estadounidense sobre una transacción que involucra, además, tecnología militar de origen israelí y estadounidense. El propio El Expediente documentó, en su entrega dedicada a este caso, cómo esas coincidencias temporales se cruzan con el hecho de que tanto Petro como Alcocer terminaron incluidos en la lista de sancionados del Tesoro estadounidense, un dato que multiplica el número de autoridades con jurisdicción potencial sobre el mismo negocio.
A ese expediente internacional se suma ahora el frente judicial interno. El abogado Guillermo Rodríguez radicó una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dirigida contra la Fuerza Aérea Colombiana, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, solicitando medidas cautelares para suspender los desembolsos, giros y movimientos presupuestales asociados al contrato —un anticipo del 40% pactado en seis cuotas entre 2026 y 2031, más el 60% restante contra entrega hasta 2032— hasta que el Gobierno acredite públicamente cómo se financiará la operación y cuál es su costo real desglosado. Es la prueba de que, mientras el Ejecutivo discute offsets, la ciudadanía ya está exigiendo, por la vía judicial, una respuesta mucho más de fondo.
La justificación oficial de que el país enfrenta demandas multimillonarias si rescinde el contrato, o de que la Fuerza Aeroespacial quedaría desprotegida frente a la creciente actividad de los grupos armados, es la vieja excusa del miedo institucional disfrazada de realismo. El Estado colombiano tiene herramientas legales para congelar cualquier negocio mientras se esclarece si la transparencia pública fue vulnerada en su origen, sin que eso implique necesariamente renunciar a la capacidad aérea que el país necesita.
Lo que no puede hacer un gobierno que llegó al poder prometiendo ruptura con la corrupción del régimen anterior es convertirse en el garante financiero de un pacto que dos fiscalías extranjeras y un tribunal colombiano ya están mirando con sospecha. Renegociar si los suecos entregan ciberseguridad en lugar de paneles solares es discutir el empaque cuando lo que está en entredicho es el contenido. Mientras Suecia y Estados Unidos investigan si hubo coima, la única postura consecuente de Colombia es exigir que esas investigaciones terminen antes de girar un peso más, no negociar en qué se gastan los favores que, según las propias autoridades extranjeras, pudieron haberse pagado por adelantado.
