Por: Duván Idarraga
Por estos días hicieron noticia dos temas que fueron tratados por mí en columnas de meses atrás, relacionados con los errores que había cometido el equipo económico del gobierno Petro en decisiones que, finalmente, tuvieron (y siguen teniendo) un gran impacto en las finanzas públicas. Sus repercusiones se están viendo en el año 2026 y 2027 e implican enormes compromisos fiscales, tanto de abonos de capital como pagos de interés, por las condiciones de plazo y tasa generadas como consecuencia de esas decisiones.
Uno de esos temas tiene que ver con la decisión que tomó el área de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, en octubre del año pasado, de realizar una operación de canje de deudas que se tenían de mediano plazo y pasarla a corto; una cifra cercana a los US$10.000 millones (más de $40 billones). Dicha operación tenía básicamente dos objetivos: El primero, disminuir la presión de caja en ese momento por pago de capital e intereses; el segundo, reducir el enorme déficit fiscal que ya se proyectaba cerraría el 2025 cercano al 8%. Para ello, con esta jugada financiera, se dejaron de pagar y contabilizar lo correspondiente a intereses y abonos de capital. Como resultado, se logró una reducción significativa del déficit fiscal, que finalmente terminó en 6.5 o el 6.6% del PIB a diciembre del 2025. Adicionalmente, encareció significativamente la deuda, ya que se pasó de pagar un interés cercano al 7.25% a tasas del 11.75% y el 12%, lo que implicó un incremento anual en el pago de intereses de aproximadamente $317.000 millones.
Es importante mencionar que esta transacción está siendo objeto de un riguroso análisis por parte de la Contraloría General de la República (CGR), por las implicaciones que el cambio en las condiciones de plazo y tasa conllevaron. El ente fiscalizador expresó «las operaciones de manejo de deuda pública, que trasladan de manera excesiva las cargas financieras al futuro, mediante el incremento sustancial de servicio de la deuda, la acumulación desproporcionada de intereses o el detrimento razonable de obligaciones fiscales, pueden afectar la dimensión inter temporal de la sostenibilidad fiscal».
Aunque el gobierno Petro presentó la medida como una solución muy audaz, la realidad es que está teniendo un impacto negativo en las finanzas públicas; la revisión por parte de la Contraloría genera la posibilidad que se tomen medidas administrativas y pecuniarias contra los funcionarios que idearon y materializaron la operación, ante un posible detrimento patrimonial para el país.
El segundo tema está relacionado con la estimación irracional y sin sustento técnico de parte del equipo económico del gobierno Petro al momento de establecer los ingresos en los diferentes Presupuestos Generales de la Nación PGN desde el año 2023. En esta ocasión, el especialista, César Pavón (Jefe de análisis económicos de Corficolombiana) publicó una serie de mensajes en x sobre ello.
Empieza el doctor Pavón analizando cómo en el año 2023, el gobierno en el Marco Fiscal de Mediano plazo fijo una meta de recaudo de $347.6 billones (20.5% del PIB), finalmente cerraron con $309 billones, $38.6 billones menos de lo estimado (el 11.10%). Frente a las fuentes, comenta expresamente “el 0.9% del PIB (equivalentes a $15 billones), por litigios; el 0.8% del PIB ($13 billones, por mayor gestión y lucha contra la evasión)”. En otras palabras, el 1.7% del PIB (casi $30 billones) se sustentó en la posible gestión de la DIAN. Por supuesto, estas cifras de ingreso nunca se lograron y es parte de la desfinanciación del presupuesto que ha tenido que cubrirse en estos 4 años con un mayor endeudamiento.
Finalmente, el doctor Pavón hace referencia que ya para el plan financiero del 2025 el recaudo baja a $279 billones (el 16.6% del PIB), casi $70 billones por debajo de la proyección inicial del 2023. Es por ello que concluye lo mismo que yo hace algunos meses, en el sentido de que la forma de estimar los ingresos por parte del actual gobierno ha sido totalmente irresponsable, con cifras sustentadas en eventos que difícilmente se podrían dar y que, finalmente, no se dieron; las consecuencias están allí, mientras los gastos de funcionamiento y los egresos crecieron significativamente, los ingresos cayeron de manera considerable y como consecuencia tenemos para este 2026 un déficit fiscal que podría cerrar en 6.9 o 7% del PIB.
Lo más grave, para el 2027 se repite el escenario. El gobierno Petro presentó al proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el 2027 otra vez desfinanciado; necesitaría una nueva reforma tributaria de $30 billones de pesos y obtener endeudamiento por $140 billones adicionales para cubrir el faltante. Como comentaba en la columna anterior, es evidente que el gobierno Petro ha financiado, prácticamente, el presupuesto general de la nación de estos 4 años con deuda; es la única forma de explicar que en ese lapso se haya tomado deudas por us$135.000 millones y dado que esa enorme cifra no se ve reflejada en ninguna inversión.
De acuerdo a cifras del analista Russi Millán, el nuevo gobierno en 2027 tendrá que pagar solo por intereses de la deuda $88 billones; prácticamente corresponden al 25% del recaudo que se proyecta en el mismo Presupuesto General de la Nación (PGN). Es decir, uno de cada cuatro de pesos de los impuestos que se van a recaudar, se destinarán al pago de intereses; todo gracias a las decisiones adoptadas por el gobierno Petro en materia de financiamiento. Considerando eso, resulta imposible que alguien diga que eso es una gestión eficiente de las finanzas públicas, como afirmó el actual Ministro de Hacienda German Avila, en una entrevista de hace un par de semanas.
En lo que resta del 2026 y años siguientes se tendrán que atender los compromisos financieros definidos irresponsablemente por el gobierno Petro, fruto de esas operaciones de canje de deuda y nuevos empréstitos en las peores condiciones de plazo (más cortos), montos (más elevados) y tasas de interés (casi al doble de lo que se tenía). También se deberán asumir las consecuencias del desfase importante en materia de ingresos durante los cuatros años; mientras los egresos y, en especial, los gastos de funcionamiento y pago del servicio de la deuda, suben de manera considerable. Ambos manejos tendrán un impacto considerable en materia del déficit fiscal; se espera que el nuevo gobierno trabaje prontamente en estrategias y acciones para atacar ambos frentes (renegociar deuda y generar condiciones para que los ingresos aumenten) de tal manera que se liberen recursos del erario para atender otras urgentes necesidades en salud y seguridad, primordialmente.
Nota 1: En su reunión del día de ayer, la Junta Directiva del Banco de la República, tomó la decisión de mantener las tasas de interés en el 12%; se especulaba, por parte de analistas financieros, de una posibilidad de incremento ante el alza de la inflación.
Nota 2: El dólar sigue bajando en Colombia, al cierre de la jornada de ayer viernes, quedó en $3.144,14. Ello tiene consecuencias muy negativas para los exportadores colombianos, especialmente, los cafeteros. Según cifra del Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, la caída del precio del dólar le ha quitado $700.000 por carga de café en el último año.
Nota 3: El DANE publicó el ISE, Indicador de Seguimiento de la Economía para el mes de mayo, con un crecimiento del 4.1% versus igual periodo del 2025. Lo preocupante, agricultura crece el 0.7% y construcción el 0.5%; mientras que el sector público crece el 10.5% (es decir, casi 20 veces más que cada una de esas variables). Como he dicho en columnas anteriores, el crecimiento del PIB (muy bajo en el acumulado anual) se ha sustentado en gasto público y en burocracia, eso es insostenible en el mediano plazo y aporta poco al desarrollo del país.
