Pablo Elías González, un curtido abogado experto en parapolítica y cercano al exfiscal Alfonso Gómez Méndez, llegó a la Unidad Nacional de Protección luego de que el gobierno dio el brazo a torcer frente al nombramiento de Claudia Ortiz que generó malestar en las Farc y sectores de izquierda. Luego de la ‘patraseada’ su nombre fue el único que generó consenso, y con respaldo de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y del presidente Duque, quedó a cargo de la entidad que protege la vida de las personas sometidas a medidas de protección especial por parte del estado, una difícil responsabilidad que han asumido solo tres funcionarios desde que la entidad fue creada en el 2010: Andrés Villamizar investigado por temas de contratación; el saliente director Diego Mora que hizo un trabajo silencioso pero eficiente y ahora Pablo Elías González, que recibe la entidad con un déficit en el presupuesto que gira Minhacienda y con la premura de garantizar la continuidad en la operación para el alquiler de vehículos blindados y la contratación de escoltas y armas de fuego.
En ambos procesos hay dificultades.
En el proceso de contratación de hombres y escoltas distintas empresas que actualmente prestan el servicio y los mismos sindicatos de la entidad, uno de ellos Analtraseg, han presentado observaciones que tienen el proceso a punto de caerse. El presidente de ese sindicato Giovanny Gallo le dijo a El Expediente que ‘’Hay sutiles cambios que se asemejan a micos para acomodar la licitación a la medida de algunas empresas’’.
La afirmación no es ligera. Uno de los apartes que llama la atención en la redacción del pliego de licitación PSA UNP 72 de 2018 está en la página ocho relacionado con la dotación: ‘’Implementos necesarios como requisito sine qua non para la prestación del servicio. Se compone de los siguientes elementos: Arma. Pistola 9mm, fecha de compra año igual o inferior al año 2010 en adelante, con dos (2) proveedores de nueve (9) cartuchos cada uno’’.
Nadie se explica por qué la entidad va en retroceso y en vez de modernizar las armas abre la posibilidad de que las empresas alquilen armas viejas, poniendo en riesgo la seguridad de los protegidos y de los propios escoltas. Tampoo es clara la manera en que las empresas deberán acreditar la disponibilidad y el modelo de las armas en su poder.
En la página 23 del pliego se encuentran los factores de calificación. En este acápite también se evidencia un cambio sutil y de última hora, por cuanto suprime el valor mínimo a ofertar pese a que se encuentra en el pliego de condiciones y anexos técnicos donde se determina que las propuestas deberán ser entre el 15 y 20% del AIU.
En esta parte se modificó de manera sustancial un factor de evaluación importante que corresponde a los llamados valores adicionales que son los costos de los elementos del servicio como vestido dotación, seguro de vida, arma, chaleco, medio de comunicación de los escoltas, los cuales solo tienen un valor máximo, dejando sin valores mínimos, formula efectiva de cómo pueden controlar que se presenten precios artificialmente bajos en detrimento del servicio y puntualmente afectando el bolsillo de los escoltas y la calidad de los bienes que le asignaran a los protegidos.
En el proceso de contratación de Alquiler de Vehiculos también hay preocupaciones. La Unidad Nacional de Protección determinó que tendrán que salir de circulación 1600 vehículos de modelos 2012 y 2013, situación que preocupa a los operadores y a las brindadoras con amplia experiencia, pues en el país se blindan 1,800 vehículos al año de manera que los 670 vehículos representarían el 34% de los carros que se blindan en un año, operativamente difícil para las grandes brindadoras y arrendadoras del país que trabajan con la UNP coinciden en que no hay manera de remplazar esos carros, que por demás se encuentran en buenas condiciones.
En el pliego también se bajó el presupuesto en un promedio del 34% en las distintas zonas de operación, sin que haya una explicación técnica para esa disminución ni se aclare cómo se va a suplir el déficit que pone en riesgo según cálculos de las 11 empresas que participan en el proceso, a unos 1600 protegidos.
El director Pablo Elías González respondió un mensaje de El Expediente señalando que no se pronunciará sobre el proceso en curso ni sobre las preocupaciones manifestadas.
