Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez
La fuga del extraditable Juan Carlos Estupiñán, conocido en el mundo del narcotráfico como ‘Matamba’, y las salidas irregulares del empresario Carlos Mattos tan solo son la punta del iceberg de una crisis carcelaria que todos los gobiernos prometen solucionar, pero que, por el contrario, cada día empeora.
Tan poco seguras son nuestras 132 cárceles que la Policía Nacional tiene que custodiar dentro de una de sus instalaciones al jefe de ‘Matamba’, el también extraditable Dairo Antonio Úsuga David’, ‘Otoniel’; un desgaste institucional que, además, compromete tiempo, valiosos recursos y personal calificado.
Ya en el pasado, el país tuvo que presenciar cinematográficos escapes, como los del capo del cartel de Cali José Santacruz Londoño, el comandante ‘Bochica’, ‘El Desalmado’, ‘Pichi’, Alexánder Urrego y hasta Aída Merlano. A estos bochornosos episodios se suman masacres, tráfico de armas, explosivos y drogas, corrupción, insalubridad y hasta extorsiones.
Precisamente, hace poco un prestante médico bogotano me comentó que, ante una serie de amenazas en su contra, a nombre de un grupo armado ilegal, tenía que abandonar el país. Cuando las autoridades competentes entraron a investigar descubrieron que estas provenían de una cárcel. Y es que los delincuentes convirtieron las prisiones en santuarios del crimen. Incluso, esta semana la propia Policía anunciaba que varios capturados en el Pacífico serían recluidos lejos de ese territorio, para impedir que continuaran con sus actividades.
Lo peor es que ante la inoperancia del sistema carcelario, el problema se les traslada a las estaciones de policía, las cuales viven atiborradas de capturados. En tan solo Cali, esta semana denunciaron que el hacinamiento superaba el 200 por ciento.
Incluso, guarniciones militares y hasta clubes sociales de la fuerza pública son utilizados como cárceles, con el peligro que ello conlleva para la seguridad de los funcionarios, las mismas instalaciones y las sensibles actividades cotidianas que se desarrollan en ellas.
Sin querer ser alarmistas, las cárceles son una bomba de tiempo que puede volver a estallar, tal como lo hizo en los años 90 y comienzos del 2000, y como lo viene haciendo en varios países de la región. No es un problema menor, que compromete incluso la seguridad nacional, y, como tal, el nuevo gobierno está llamado a desactivarlo lo más pronto posible.
Aunque en el epicentro del problema se focaliza el poco eficiente Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el fenómeno es mucho más estructural, y parte de la carencia de una política criminal de Estado, entendida como el conjunto de respuestas para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción.
De ahí que es fundamental que el entrante Presidente de la República implemente una Nueva Política Integral de Seguridad, con énfasis en convivencia ciudadana y cambio climático, que contemple soluciones territoriales, diferenciales y focalizadas para los distintos fenómenos que afectan la seguridad nacional y la tranquilidad en las calles y vecindarios de Colombia.
Esta estrategia debe propender por generar una sinergia interinstitucional en el tratamiento de la criminalidad, con activa participación ciudadana, que impacte en la prevención, disuasión y disrupción del delito.
En nuestro criterio, debe ser tanto preventiva como reactiva, capaz de impedir que comportamientos contrarios a la convivencia escalen a delitos, en especial mediante el fortalecimiento de una justicia alternativa, que logre acuerdos entre los involucrados, a través de la voluntad, la cooperación y el diálogo, resolviendo problemas sin necesidad de acudir ante los jueces.
Además, no podemos seguir inundando las cárceles de sindicados. A la fecha, según registros del Inpec, más de 23.000 personas están en esa condición jurídica. Su sola excarcelación, para que se defiendan en libertad, eliminaría de tajo el hacinamiento carcelario, que en la actualidad es de 16.277 reclusos, equivalente al 20 por ciento.
También se les podría otorgar la libertad condicional a presos de baja peligrosidad y cambiarles la pena por trabajo social, como recoger basuras, limpiar parques, abrir caminos, mantener vías terciarias y hasta producir su propia comida en colonias penales, como la de Acacías (Meta).
Es urgente construir nuevos centros de reclusión, con estándares tecnológicos internacionales, que minimicen el contacto entre los detenidos y la guardia, para así comenzar a cerrar el túnel de la corrupción. Y se requiere ampliar cupos, sacar las prisiones de la mitad de las ciudades y, en especial, tratar con dignidad a los detenidos, fortalecer los programas de resocialización y crear los que sean necesarios, basados en las ‘Reglas Nelson Mandela’ de las Naciones Unidas, las cuales tuve la oportunidad de compartir en una reciente columna.
En cuanto al Inpec, que en sus 30 años de existencia solo es noticia por el escándalo de turno, es una prioridad liquidarlo. El solo anuncio de que la justicia de otro país, como la de Estados Unidos, pedirá en extradición a guardianes comprometidos en la fuga de ‘Matamba’ es una vergüenza para nuestra institucionalidad.
Gerenciar este instituto con más de 60 sindicatos es imposible. Tan así que ha tenido más de 20 directores, que en promedio no duran en sus cargos 14 meses y casi siempre salen por la puerta de atrás, destituidos, obligados a renunciar o, en el mejor de los casos, rehenes de docenas de investigaciones.
No es un secreto que la Dirección del Inpec se convirtió en un ‘quemadero’ de oficiales de la Policía, hombres con trayectorias de más de 30 años de servicio a la patria que deberían estar liderando acciones para devolverle la tranquilidad a la gente en sus entornos cotidianos.
Es un desacierto nombrar en un cargo tan específico, como el penitenciario, a un oficial de la Policía, formado para comandar unidades y gerenciar estrategias encaminadas a mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, tal como lo contempla el artículo 218 de la Constitución Nacional.
Esa mezcla de policías y guardianes no ha funcionado, en especial porque no existe la sinergia ni la confianza necesaria para trabajar juntos en un tema de tan alta sensibilidad para el país, como lo es la política de resocialización.
En conclusión, solucionar la crisis carcelaria no da espera, y esta debe comenzar por resocializar a los 169.557 condenados y sindicados (97.195 en cárceles y 72.362 en detención domiciliaria), como un imperativo humano, ético y legal dentro de un Estado Social de Derecho como el nuestro, sin caer en propuestas demagógicas e inconstitucionales, como la cadena perpetua.