T.Coronel (R) Gustavo Roa C
Cursa en estos días un proyecto de ley que propone modificar la actual disposición constitucional para permitir que los militares y policías colombianos en servicio activo puedan ejercer el derecho al voto.
A primera vista, podría parecer simplemente la reivindicación de un derecho ciudadano. Sin embargo, la propuesta contiene consideraciones que merecen un análisis mucho más profundo, porque sus posibles consecuencias trascienden el ejercicio individual de un derecho y pueden impactar directamente la naturaleza, la disciplina, la unidad doctrinaria y la neutralidad política de la Fuerza Pública.
Cuando se utiliza como argumento la comparación con la experiencia de otros países, la justificación pierde solidez si se ignoran las enormes diferencias entre sus realidades y la colombiana. Estados Unidos, Argentina, Suiza, Portugal y otras naciones permiten votar a sus militares en servicio activo, pero sus condiciones históricas, institucionales, sociales y, especialmente, sus escenarios de seguridad, no son necesariamente comparables con los nuestros.
Esta posición no pretende desconocer el legítimo debate sobre los derechos ciudadanos de los miembros de la Fuerza Pública. Por el contrario, considero necesario que las dos posiciones sean expuestas y discutidas de manera civilizada, respetuosa y con una visión de 360 grados. El disenso es saludable cuando se ejerce con argumentos y pensando, ante todo, en las consecuencias que una decisión de esta naturaleza podría producir.
En alguna oportunidad sugerí que decisiones que pueden impactar directamente la operación militar, la acción psicológica y el comportamiento de las tropas en el combate no deberían comprometer únicamente la opinión de congresistas o militares en retiro. También deberían contar con el concepto de los mandos militares que actualmente están al frente de las operaciones y conocen, de manera vivencial, la conducta, la voluntad de lucha, la cohesión y la unidad doctrinaria de sus hombres.
Mi posición parte de mi propia experiencia. Colombia enfrenta un conflicto particularmente complejo, en el que las Fuerzas Militares y la Policía deben desarrollar operaciones bajo condiciones de permanente presión y riesgo. En este contexto, resulta fundamental preservar la cohesión de las unidades, la disciplina y, especialmente, la unidad de doctrina.
La formación ideológica y doctrinaria debe fortalecerse, particularmente en las escuelas de formación y en los cuerpos de tropa. El militar que recibe una misión de combate necesita tener absoluta claridad sobre su deber constitucional, su obediencia al mando y su compromiso institucional. Introducir en ese escenario la posibilidad de una participación política partidista durante el servicio activo podría generar nuevas tensiones que los comandantes tendrían que administrar en medio de operaciones militares.
Quienes impulsan esta iniciativa deben preguntarse si resulta prudente trasladar al interior de las unidades militares las dinámicas propias de la confrontación política y electoral. Un soldado podría apoyar una determinada propuesta, mientras su compañero podría respaldar otra; y ambos tendrían que continuar compartiendo operaciones, riesgos, responsabilidades y decisiones en el campo de batalla.
El problema no es el derecho individual a pensar diferente. Ese derecho debe respetarse. El verdadero interrogante es si resulta conveniente introducir la competencia política partidista dentro de instituciones cuya fortaleza depende precisamente de la disciplina, la subordinación al poder civil, la cohesión y la unidad de mando.
Tampoco puede desconocerse que nuestros soldados y policías, particularmente quienes integran unidades de combate y contraguerrilla, enfrentan condiciones de estrés operacional muy diferentes a las de muchos países que permiten el voto de sus militares activos. En Colombia, además, la amenaza del narcoterrorismo y de organizaciones armadas ilegales se ha entrelazado históricamente con intereses políticos, económicos e ideológicos.
Por eso, esta discusión no puede reducirse a la frase “los militares también son ciudadanos”. Naturalmente que lo son. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿cómo garantizar sus derechos individuales sin poner en riesgo la neutralidad política, la disciplina y la unidad de una institución cuya misión constitucional es defender a todos los colombianos?
Una decisión de semejante trascendencia no debería tomarse desde los cómodos sillones del Congreso, ni sustentarse exclusivamente en experiencias extranjeras. Debe analizarse desde la realidad colombiana, escuchando a quienes conocen el combate, a quienes actualmente conducen las operaciones y a quienes tienen la responsabilidad de mantener cohesionados a nuestros hombres y mujeres en armas.
Porque una cosa es reconocer derechos ciudadanos y otra, muy diferente, es desconocer que la Fuerza Pública tiene una naturaleza especial. El debate sobre el voto militar no puede limitarse a preguntar qué derecho se quiere conceder; debe preguntarse también qué consecuencias podría generar para la institución que tiene la responsabilidad de defender la democracia.
Antes de modificar la Constitución, Colombia debería hacerse una pregunta esencial: ¿estamos fortaleciendo a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, o estamos introduciendo dentro de ellas un factor de división que mañana podríamos lamentar?
La respuesta exige serenidad, experiencia y visión de Estado. Porque en asuntos que comprometen la seguridad nacional, las decisiones no pueden tomarse mirando solamente el presente ni desde los sillones del Congreso: deben tomarse pensando en el futuro de la institución, en la unidad de quienes la integran y, sobre todo, en la seguridad de Colombia.
