Por: El Expediente, con información de Oscar Agudelo
En las elecciones legislativas de 2022, Aida Quilcué obtuvo una curul en el Senado por la circunscripción especial indígena con el aval del partido MAIS, logrando el respaldo de más de 45.000 votantes. Aunque su trayectoria como lideresa en el Cauca y su nivel académico hasta octavo grado de bachillerato son datos de conocimiento público, los registros sobre la financiación de su campaña revelan detalles poco documentados sobre su entorno político y la procedencia de los recursos que apalancaron su llegada al Congreso.
Los reportes contables indican que la campaña recibió una inyección de capital mediante la modalidad de crédito por parte de diferentes actores. Uno de ellos es Armando Lagos Ruiz, quien aportó nueve millones de pesos. Lagos Ruiz es un activista del Pacto Histórico que ha participado como candidato al Congreso y al Concejo de Popayán, y quien ha hecho públicas en sus redes sociales fotografías en las que aparece junto a figuras políticas como la hoy capturada Martha Peralta, la exministra Carolina Corcho y el actual embajador Camilo Romero.
Más allá de su actividad política, los registros judiciales muestran que Lagos Ruiz tiene cuatro procesos activos en la Fiscalía General de la Nación. Las investigaciones en su contra abarcan dos casos por urbanización ilegal, uno por estafa y otro por extorsión. Desde 2019, una investigación publicada por el portal ColombiaCheck lo identificó como presunto partícipe de una red de urbanizadores piratas en Popayán, señalando que actuaría como promotor individual de 31 hectáreas y tendría vínculos con proyectos desarrollados en otras 176 hectáreas de la región.
La práctica de la urbanización ilegal se caracteriza por la venta de lotes sin garantizar a los compradores las conexiones de energía, agua potable, alcantarillado, pavimentación o adecuación de espacios públicos. Asimismo, estas transacciones suelen realizarse sin la entrega de escrituras públicas que certifiquen la titularidad del predio, un esquema por el cual el financiador de la senadora se encuentra bajo investigación formal.
La campaña de 2022 también se financió con recursos provenientes del círculo familiar de la candidata. Sus hijas, Karen Yisel y María Alejandra, quienes actualmente figuran como contratistas del Gobierno Nacional, realizaron aportes económicos junto a Kely Jhoana, hermana de la congresista. A la par de estos ingresos familiares, los documentos muestran que los propios encargados de la administración de las finanzas electorales fungieron como prestamistas.
Jorge Eliécer Sánchez Ulchur, gerente de la campaña y quien posteriormente fue integrado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Quilcué, realizó un aporte en especie. Por su parte, Yanet Emilena Cruz Meztizo, quien ejercía como contadora de la misma campaña, inyectó recursos mediante un crédito por más de 20 millones de pesos. Sobre este tipo de dinámicas, organizaciones como Transparencia por Colombia advierten que la doble condición de aportantes y administradores no es recomendable, ya que genera una pérdida de objetividad para fiscalizar y auditar estrictamente el origen de los recursos.
Esta estructura contable interna fue la encargada de avalar el ingreso de los dineros prestados por Lagos Ruiz, a pesar de sus antecedentes e investigaciones en curso. Los fondos entraron a respaldar la aspiración de una senadora que, de acuerdo con el orden jerárquico y político en un eventual triunfo de Iván Cepeda, podría llegar a ocupar la presidencia de Colombia frente a una hipotética ausencia del candidato oficialista del Pacto Histórico.
