Iván Cepeda ha exigido respuestas durante décadas a militares, policías, jueces, fiscales y presidentes. Ha investigado falsos positivos, parapolítica y espionaje ilegal. Ha interpelado desde el Congreso a presidentes y generales. Su carrera política se construyó sobre la exigencia de transparencia y rendición de cuentas.Ahora es el momento de que él también responda.
No sobre ideología. No sobre política. Sobre un caso concreto que involucra a su propia familia, que movilizó las instituciones del Estado de manera inusual y que terminó destruyendo la vida de varios policías colombianos.
El 4 de agosto de 2013, pasadas las 3:30 de la madrugada, el profesor Francisco Javier Ocampo Cepeda — primo del senador — salió a caminar con su hijo y un amigo por el barrio Brisas del Limonar en Cali. En la avenida Simón Bolívar se produjo una confusa balacera. Ocampo Cepeda murió. También murió el patrullero Olmes Oliverio Blanco Barrera. Otros uniformados resultaron heridos. La Policía dijo que el profesor portaba un arma 9 mm y panfletos de los Rastrojos. La familia y sus colegas docentes lo desmintieron de inmediato.
Cuatro años después, en agosto de 2017, once policías fueron capturados. Entre ellos el coronel William Eduardo Sánchez Roa, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Carlos Andrés Mora Cerón y el mayor Óscar Alberto Rojas Yopaza. La Fiscalía los acusó de homicidio agravado y alteración de la escena del crimen — ocultaron el cuerpo del profesor durante dos días, desaparecieron sus gafas, su celular y sus documentos de identidad, y le construyeron un perfil criminal inexistente.
La resolución oficial del traslado:
El Expediente tiene en su poder la Resolución 02721 del 6 de septiembre de 2017, firmada por el Fiscal General Néstor Umberto Martínez Neira, que ordenó oficialmente el traslado de la investigación con noticia criminal 760016000193201322878 desde la Fiscalía 124 Especializada de Cali hacia un fiscal especializado en temática OIT en Bogotá. El documento revela que el traslado fue solicitado por la Directora Especializada contra Violaciones a los Derechos Humanos mediante oficio 20175300025113, argumentando que el caso era complejo por involucrar «la muerte del docente sindicalizado» — identificado en la resolución como «integrante del sindicato SUTEV.»
Un derecho de petición radicado recientemente ante el SUTEV por el abogado José Luis Villafañe Quintero — documento que también obra en poder de El Expediente — solicita al sindicato que certifique si Francisco Javier Ocampo Cepeda estuvo o no afiliado, la fecha exacta de su inscripción, los documentos que la respaldan y si ejerció cargos de dirección sindical. La membresía en el SUTEV fue el argumento jurídico central para sacar el caso de Cali. Si el sindicato no puede certificarla, el fundamento de la Resolución 02721 quedaría en entredicho — y con él, la legitimidad de todo el proceso que terminó con once policías investigados en una jurisdicción que no era la natural del caso.
Hasta ahí el expediente es claro. Lo que no tiene explicación es lo que ocurrió después.La investigación fue retirada de la Fiscalía 124 Especializada de Cali — la jurisdicción natural del caso — y trasladada a un fiscal especializado en temática OIT.
Posteriormente fue radicada en la Fiscalía 48 Especializada de Bogotá, donde fue conocida por el Juzgado 10 Especializado OIT en el Complejo Judicial de Paloquemao. Un caso ocurrido en Cali, con pruebas en Cali, con testigos en Cali, con policías capturados en Cali, terminó siendo juzgado bajo una estructura excepcional en Bogotá bajo una lógica sindical que nadie ha explicado públicamente.
¿Tuvo Cepeda alguna participación, directa o indirecta, en las gestiones que condujeron a ese traslado? ¿Quién promovió la narrativa según la cual el caso debía ser asumido como un asunto de especial trascendencia sindical? ¿Conoció reuniones, comunicaciones o gestiones de familiares, dirigentes sindicales o activistas encaminadas a mover el expediente fuera de Cali?
La quinta pregunta es la más incómoda: ¿por qué durante años el debate público se concentró exclusivamente en la muerte del profesor Ocampo Cepeda y prácticamente desapareció de la discusión el patrullero Olmes Oliverio Blanco, que también murió esa noche? Blanco era un policía colombiano. Su familia también perdió a alguien.
Su nombre casi no existe en el registro público del caso.En 2018, la Fiscalía solicitó la preclusión de la investigación contra seis de los uniformados, argumentando que «no hay forma de hacer una inferencia de autoría que ellos incurrieron en ese delito.» Cepeda declaró que «deploraba» esa decisión y denunció «manipulación de pruebas.»
El senador nunca explicó con qué autoridad moral interpelaba al ente investigador en un caso donde él mismo era parte interesada.La regla es elemental: quien exige transparencia absoluta a todo el país no puede negarse a responder cuando las preguntas lo involucran personalmente. Cepeda llega a la segunda vuelta del 21 de junio como candidato presidencial. El país tiene derecho a saber si las instituciones del Estado funcionaron en este caso con total independencia de su influencia política.
