Antes de que el país vote el 31 de mayo, en el entorno del Pacto Histórico ya están diseñando el futuro jurídico del presidente saliente.
Fuentes petristas de primera línea revelaron a El Nuevo Siglo que en el círculo cercano a Gustavo Petro se está analizando la viabilidad jurídica de que, en un eventual gobierno de Iván Cepeda, Petro sea nombrado en algún cargo con funciones internacionales.
El objetivo es obtener pasaporte diplomático permanente para esquivar las restricciones que impone la Lista Clinton — la lista SDN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la que fue incluido el 24 de octubre de 2025.
El mecanismo es simple en su concepción y grave en sus implicaciones. Un pasaporte diplomático otorga inmunidad de jurisdicción en los países que la reconocen, facilita el tránsito internacional sin los controles que enfrentan los designados OFAC y puede dificultar procedimientos judiciales en terceros países.
Para alguien sancionado bajo la Orden Ejecutiva 14059 — la misma que apunta al narcotráfico transnacional — ese blindaje tiene un valor extraordinario.
La maniobra tendría al menos tres problemas jurídicos de fondo. El primero: la sanción OFAC no se levanta con un pasaporte diplomático colombiano. Washington no reconoce inmunidad diplomática a sus propios designados SDN.
El segundo: nombrar a un sancionado OFAC en un cargo que le permita operar internacionalmente expone al gobierno colombiano a sanciones secundarias por facilitación.
El tercero: si el cargo es creado específicamente para blindar a un sancionado, la comunidad internacional lo leerá como obstrucción a las sanciones del Tesoro de Estados Unidos.
Que esa salida dependa de que Cepeda gane la presidencia lo dice todo sobre la naturaleza del proyecto político que el candidato del Pacto Histórico representa