Por: Maria Fernanda Cabal
El 20 de julio de 2018, los miembros del Comando Central del ELN hicieron pública su indignación por las denuncias hechas por la Fiscalía General de la Nación, que los señalaba por tener vínculos con el narcotráfico tras descubrirse dos laboratorios de cocaína en el Chocó y en Tibú-Norte de Santander-, en la región del Catatumbo, en mayo de ese año.
Alias ‘Pablo Beltrán’, ‘Nicolás Rodríguez Bautista’ (Gabino) y ‘Antonio García’, emitieron un comunicado donde expresaron enfáticamente su rechazo a las acusaciones que calificaron como “mentirosas” y que, según ellos, hacían parte de una “estrategia de guerra informativa” en contra del grupo terrorista.
“Nos quieren pintar como una organización relacionada con el narcotráfico, cuando al ELN si algo lo distingue es exactamente lo contrario” dijo ‘Pablo Beltrán’, jefe de la delegación de diálogos de paz del ELN, que aseguró que desde hace más de 30 años habían reafirmado su política de deslinde categórico con el narcotráfico.
En aquel entonces y desde distintos sectores se pedía la adopción del mismo modelo de negociación usado con las Farc, para llegar a la firma de un eventual acuerdo que también pusiera fin al conflicto con dicho grupo ilegal.
Con la aquiescencia de los autodenominados “amigos de la paz”, el Ejército de Liberación Nacional intentó vender al mundo el discurso de las «causas justas», que le sirvió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para llegar al Congreso de la República y ocupar curules gratis con absoluta impunidad, burlándose de sus miles de víctimas.
Ese 20 de julio, el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmaba en su último discurso frente al Senado que su Gobierno buscaba acordar un cese bilateral al fuego con el ELN, antes de terminar su mandato: “El proceso con el ELN, con el que buscamos una paz completa, queda andando en La Habana (…) Esperamos –Dios quiera– que la buena voluntad prime, en el gobierno y en los miembros de este último reducto guerrillero, para que se erradique totalmente ésta larga, larguísima etapa de la violencia con raíces políticas en nuestro país”.
La motivación que produce el fácil enriquecimiento a través de ésta práctica ilegal, convirtió a Colombia nuevamente en el mayor productor de coca en el mundo y el ELN no desaprovechó esa oportunidad. Así lo confirmaron recientemente los departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, al abrir una carpeta reservada con los nombres de 11 de sus miembros solicitados en extradición por narcotráfico.
Tras el desarrollo de las investigaciones por parte del FBI, con apoyo de la Fiscalía General y la Policía de Colombia, se estableció que integrantes de esa estructura delincuencial como Wilver Villegas Palomino, alias ‘Carlos Puerco’, son los encargados de comercializar y distribuir cocaína a organizaciones criminales que la sacan del país a través de una flotilla de narcoavionetas, ubicadas en pistas clandestinas de Venezuela, que vuelan hacia Estados Unidos.
‘Carlos Puerco’ es uno de los lugartenientes de alias ‘Pablito’, del nuevo poder militar y mafioso de esa organización, miembro del llamado Comando Central -Coce-. En la lista también figura Jaime Miguel Picón Rodríguez, conocido como ‘Chenco’, quien según agentes federales, es integrante de la célula urbana del mismo frente de guerra y maneja las finanzas criminales en el área del Magdalena.
De acuerdo con información de las autoridades extranjeras, la actividad de narcoterrorismo que también impacta mercados de Europa, se extiende al occidente del país, en donde está localizada una gran parte de los cultivos de coca. Allí estaría ubicado Eudes Ojeda Ovando, alias ‘Martín el Tuerto’, quien según el expediente, es el ‘líder político’ del Frente de Guerra Suroccidental, enlace con la cúpula del ELN y participó de los diálogos iniciales con el Gobierno entre los años 2016 y 2017 en Ecuador.
El negocio millonario de éste grupo terrorista suma muertos a diario en su prontuario, apoyados en disidencias de las Farc y patrocinados por la dictadura de Nicolas Maduro en Venezuela, que también se beneficia de los dineros ilícitos.
Subestimar el poder del ELN y suspender las fumigaciones con glifosato para acabar más rápidamente con los cultivos de coca, sólo ha facilitado la repotenciación de la herencia maldita que nos dejó el acuerdo macabro con las Farc, que desde su firma se convirtió en un mal ejemplo para la sociedad colombiana.
El mensaje enviado a las nuevas generaciones es que cualquier delito, no importa su gravedad, será premiado e incluso exaltado en el Congreso de la República.
