Por: Germán Senna Pico
La jurisdicción indígena debe ser abolida y someter a cabildos y resguardos al imperio de la Ley aplicándoles el código penal y de procedimiento penal colombiano a todas las actuaciones que estos cometan contra cualquier ciudadano o colono de sus propias etnias.
El día (2) de noviembre del año pasado, gobernadores y guardias indígenas del cabildo de la Aguada San Antonio de Caldono, torturaron y arremetieron violentamente contra varios comuneros y líderes cristianos de la comunidad evangélica de Betania, ese día le cerraron la iglesia a la comunidad impidiendo que estos ejercieran su culto y espiritualidad y, los amenazaron con quemarlos adentro de la iglesia si ellos ingresaban violando la orden del cabildo, al mejor estilo de las FARC, como lo hicieron en Bojayá.
Los líderes de esta comunidad se dirigieron al ministerio del interior y dirección de asuntos indígenas, pero en esta dependencia no los escucharon por lo que les tocó denunciar ante la fiscalía las actuaciones delictivas de la guardia indígena y del gobernador del cabildo de la Aguada San Antonio de Caldono, sin que hasta la fecha haya existido una causa penal o noticia criminal contra el gobernador de este cabildo Fabio Trochez y Wilson Díaz quienes se creen todo poderoso en Caldono.
El pasado viernes se volvió a presentar otro hecho atroz por parte del cabildo de Caldono, esta vez volvieron a torturar y golpear a la comunidad cristiana de Betania impidiéndoles que profesen su culto, golpearon fuertemente al pastor de la iglesia Arístides Chocué a quien amenazaron y desplazaron dándole 24 horas para abandonar la vereda de Betania al mejor estilo de los grupos armados como FARC, ELN y BACRIN. Esta vez los actos de tortura contra los comuneros y líderes cristianos, fue porque estos vinieron a Bogotá a denunciar el reclutamiento forzado por parte de las disidencias FARC y de las amenazas y constreñimiento que realizan los cabildos indígenas al elector a través de la guardia indígena para que voten solamente por determinado candidato a la presidencia.
No sabemos porque la dirección de etnias del ministerio del interior, no ha intervenido en este hecho violatorio de la libertad religiosa como está consagrado en la constitución política, y por lo visto, tampoco ha denunciado a los gobernadores y guardias indígenas de este cabildo de Caldono, aunque con las evidencias expuestas en redes sociales, la fiscalía general de la nación, está obligada a abrir una noticia criminal y adelantar un proceso contra estos torturadores del cabildo de la aguda san Antonio de Caldono.
Ante estos hechos, podemos ver que el Estado y sus instituciones, pierden soberanía y terreno en nuestra Colombia olvidada, cuando en vez vigilar el estado de derecho y salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos, deja éstos a merced de los delincuentes que se arropan con la mal llamada jurisdicción indígena. Y es lamentable que esta vez son los grupos armados los que toman la justicia por mano propia, ejerciendo la autoridad que el Estado omite o no ejerce dentro de sus competencias. Hago esta aseveración, toda vez que después del hecho victimizante perpetrado por la guardia indígena y el gobernador del cabildo de Caldono contra la comunidad cristiana de Betania, fue el grupo terrorista ELN, quien se pronunció en un comunicado afirmando que harán justicia contra los gobernadores y guardias indígenas del CRIC y la ACIN del cabildo de la Aguada de Caldono, que torturaron y amenazaron a los líderes cristianos de Betania y desplazaron con amenazas de muerte al pastor de la iglesia Arístides Chocué. Es de aclarar que estas comunidades cristianas, no tienen vínculo con ningún grupo armado en la zona, toda vez que después del comunicado del ELN donde dicen que harán justicia contra los gobernadores y guardias indígenas de Caldono, estos últimos dijeron que la comunidad cristiana de Betania está actuando con el ELN.
Sin dudas, esto es un evento gravísimo que el gobierno a través de la dirección de etnias del ministerio del interior, no puede pasar por alto y debe actuar con contundencia para que los gobernadores indígenas no abusen de sus competencias y, si cometen delitos como flagrantemente sucedió contra esta comunidad cristiana, sea la Fiscalía General de la Nación la que actúe poniendo orden al interior de resguardos y cabildos, debido a las acciones delictivas que realizan algunos “líderes indígenas” que se creen están por encima de la ley y la constitución.
Si la justicia colombiana no ejerce su soberanía, a esta comunidad no le queda otra que demandar ante la CORTE INTERAMERICA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH), ya que han sido victimizados en varias ocasiones y las autoridades legítimamente constituidas de nuestro país, no han tomado acciones para proteger y garantizar sus derechos y su integridad. Es triste que el Estado no ejerza su soberanía y sean los grupos armados ilegales los que imperen con su ley por encima de las instituciones legítimamente constituidas.
Tenemos en el Cauca a otro grupo delincuencial que las autoridades policivas y militares están en mora de combatir, al igual que la Carlos Patiño o Jaime Martínez, eso es la guardia indígena del CRIC, la semana que termina volvieron a sabotear y a querer impedir la captura contra miembros del grupo terrorista FARC, estructura Dagoberto Ramos en Corinto y Toribio, cuando tropas del comando especifico del Cauca, al mando del señor Brigadier General John Jairo Rojas, adelantaban operativos para capturar a jefes de estas estructuras armadas, intentaron quitarle a los soldados al terrorista “alias Yimmi” cabecilla de la Dagoberto Ramos que había sido capturado y por esa captura, tuvieron secuestrados a un pelotón de soldados impidiendo que el ejército adelantara las capturas y operativos contra otros cabecillas de las disidencias FARC en estos municipios.
No es posible que los soldados y policías de Colombia, no se les den garantías para ejercer su labor y que los indígenas aliados a estructuras terroristas de FARC, no reciban ningún castigo. Es por esa razón que el gobierno debe adelantar acciones para que se sancione penalmente a quienes impidan u obstaculicen las operaciones contra los grupos armados, o en su defecto, que se desconozca la mal llamada jurisdicción indígena ya que está siendo utilizada para obstruir el trabajo de las autoridades y para salvaguardar a delincuentes o a las estructuras terroristas de las FARC.
