Por: El Expediente
Hay una línea invisible en el periodismo. No está escrita en ningún contrato ni aparece en los manuales de redacción. Pero todos los periodistas que han ejercido el oficio con seriedad saben exactamente dónde está. Es la línea que separa el poder de contar la verdad sobre el deseo de ejercerlo.
Cuando un periodista la cruza, no se convierte en político. Se convierte en algo más difícil de nombrar: en alguien que usó la confianza de sus audiencias como moneda de cambio.
El periodismo nació como contrapoder. Su razón de ser es ponerle la lupa a quienes toman decisiones que afectan la vida de los ciudadanos. Edmund Burke lo formuló en el siglo XVIII cuando, observando la tribuna de prensa en el Parlamento inglés, llamó a los periodistas el Cuarto Poder — el único que no necesita ser elegido ni nombrado para ejercer su función de vigilancia sobre los otros tres. Esa definición sigue siendo la más precisa que existe. Y contiene una consecuencia inevitable: quien decide ejercer uno de los otros tres poderes renuncia automáticamente al cuarto.
Los grandes códigos deontológicos del periodismo lo dicen con distintas palabras pero con la misma contundencia. La Carta de Munich de 1971 — firmada por los sindicatos de periodistas de la Comunidad Económica Europea, Suiza y Austria y respaldada por la Federación Internacional de Periodistas — establece que el periodista debe rechazar toda presión y aceptar únicamente las directrices de la redacción, siempre que no contradigan su conciencia profesional. La independencia no es un privilegio del oficio. Es su condición de existencia.
Los Principios Internacionales de Ética Profesional del Periodismo de la UNESCO, aprobados en 1983, son aún más explícitos. Definen la información como un bien social, no como un simple producto, y al periodista como alguien responsable no solo ante quienes dominan los medios sino, en última instancia, ante el público.
Esa responsabilidad es incompatible con la búsqueda de votos. Un periodista que necesita votos tiene audiencias a las que convencer, no verdades que contar. La diferencia no es de matiz. Es de naturaleza.
El Código Europeo de Deontología del Periodismo del Consejo de Europa, aprobado en 1993, añade una dimensión que suele ignorarse en este debate. El documento advierte que el poder y la influencia social de los medios provocan el deseo de control desde ámbitos políticos y económicos. Los periodistas que aspiran a ese poder no son víctimas de esa dinámica. Son su expresión más sofisticada: personas que comprendieron que el micrófono construye reputaciones y decidieron construir la suya propia a costa de la credibilidad del oficio.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España es más directa todavía. Su código deontológico considera contrario a la ética de la profesión su ejercicio simultáneo con actividades institucionales que afecten los principios de la información.
El periodista no puede servir a dos amos. Y la política — con su lógica de adhesiones, compromisos, lealtades y votos — es el amo más exigente y menos compatible con la neutralidad que el oficio requiere.
En Colombia ese fenómeno tiene un rostro particular que merece ser examinado sin anestesia. Hay comunicadores que construyeron sus carreras en los grandes medios tradicionales — televisión, radio, prensa escrita — bajo las mismas agendas editoriales que luego criticaron con vehemencia cuando los despidieron.
La indignación con los medios corporativos llegó puntualmente con el fin de sus contratos con esos mismos medios, no antes. Esa coincidencia de fechas revela más sobre las motivaciones reales que cualquier declaración de principios.
Algunos de esos comunicadores encontraron en las plataformas digitales un refugio temporal que presentaron como una apuesta por la independencia. Dijeron lo que había que decir sobre la dependencia de los grandes grupos económicos que controlan la prensa colombiana — y tenían razón en el diagnóstico, aunque el momento elegido para hacerlo fuera reveladoramente conveniente.
Poco después, varios de ellos regresaron a esos mismos medios corporativos cuando les abrieron la puerta. La independencia resultó ser una postura de transición, no una convicción.
El problema no comienza el día en que el periodista anuncia su candidatura. Comienza mucho antes, en el momento en que empieza a calibrar sus coberturas con la calculadora de un futuro político. Desde ese instante, cada entrevista que concede, cada fuente que protege, cada tema que decide ignorar está contaminado por un interés que no es el de su audiencia. El lector o el televidente que confía en ese periodista está siendo, sin saberlo, instrumentalizado.
Colombia ha visto en años recientes el caso paradigmático de una comunicadora que recorrió ese ciclo completo con una velocidad que no dejó lugar a dudas sobre las motivaciones de cada etapa.
Presentadora en los grandes canales de televisión. Directora de radio en una de las emisoras más influyentes del país. Salida abrupta del cargo. Plataforma digital propia con discurso de independencia. Regreso a los medios corporativos — esta vez como directora de una de las revistas más poderosas del país, adquirida por uno de los banqueros más prominentes de América Latina. Candidatura presidencial con una línea editorial marcada y combativa. Resultado electoral: menos del cinco por ciento de los votos en una consulta interna. Regreso inmediato al mismo cargo en el mismo medio.
Ese arco narrativo lo dice todo. El capital de credibilidad acumulado durante años de pantalla fue invertido en una aventura política que el electorado rechazó con claridad. Al no funcionar como trampolín hacia el poder, el periodismo volvió a ser útil como refugio.
Las audiencias que habían confiado en esa voz para informarse sobre la realidad colombiana descubrieron, con el desenlace de la historia, que en algún momento dejaron de ser el destinatario de la información para convertirse en el instrumento de una ambición.
El regreso al periodismo después de una candidatura fallida es quizás el gesto más revelador de todos. Implica una convicción implícita: que las audiencias tienen memoria corta, que la credibilidad es un activo que se puede gastar y recuperar, que el oficio es una posición de repliegue y no un compromiso irreversible.
Esa convicción es un insulto a quienes leen, escuchan y ven con la esperanza de entender el mundo.
El filósofo del periodismo Walter Lippmann planteó en 1920 que la prensa no puede sustituir a las instituciones políticas pero sí puede vigilarlas. Su función es la de testigo incómodo, no la de protagonista.
Cuando el periodista aspira al protagonismo político, abandona la tribuna del testigo y entra al escenario que debería estar cubriendo. Ya no puede hacer las preguntas correctas porque él mismo es parte de las respuestas que tendría que exigir. El daño no es solo individual. Es institucional.
Cada vez que un comunicador de reconocida trayectoria cruza esa línea — y especialmente cuando regresa después de haberla cruzado — debilita la credibilidad de quienes permanecen en el oficio. Alimenta la sospecha, ya suficientemente extendida en las audiencias contemporáneas, de que el periodismo es siempre un vehículo para algo más que la información. Que detrás de cada denuncia hay una agenda. Que detrás de cada cobertura hay un cálculo.
Esa sospecha es el terreno fértil de la desinformación. Cuando las audiencias dejan de confiar en el periodismo, no dejan de consumir información. Consumen otra clase de información — más simple, más cómoda, más afín a sus creencias previas — y el espacio que deja la prensa responsable lo ocupa cualquier otro emisor sin las restricciones éticas del oficio.
La historia del periodismo iberoamericano está llena de ese tránsito. En Colombia, la relación entre prensa y política ha sido endémica desde el siglo XIX, cuando los periódicos nacían directamente al servicio de un bando político y morían con él.
La Enciclopedia del Banco de la República documenta cómo, en los años posteriores a la Independencia, cada impreso declaraba sus inclinaciones — probolivarianas o prosantanderistas — y la mera intención informativa no formaba parte de la agenda. Ese pecado original del periodismo colombiano nunca se curó del todo. Se sofisticó.
El gato no puede convertirse en ratón y luego volver a ser gato. Quien ha aspirado a representar a una comunidad, quien ha pedido votos, quien ha prometido programas de gobierno y ha tejido alianzas con la lógica del poder político, no puede al día siguiente sentarse frente a ese mismo poder con la distancia y la frialdad que el periodismo exige. La memoria es larga. Los compromisos adquiridos en campaña no se borran con una credencial de prensa.
Los mejores periodistas de la historia lo entendieron así. Ryszard Kapuściński recorrió guerras y dictaduras durante décadas sin aspirar jamás a gobernar ninguno de los países que cubrió. Oriana Fallaci entrevistó a los hombres más poderosos del siglo XX con una ferocidad que ningún político habría podido permitirse. Bob Woodward y Carl Bernstein derribaron a un presidente de Estados Unidos sin necesitar convertirse en presidentes.
No necesitaban el poder. Tenían algo más difícil de construir y más fácil de destruir: la credibilidad de quien no tiene nada que ganar con lo que dice salvo la verdad de haberlo dicho.Esa credibilidad no se recupera después de una candidatura perdida. Tampoco después del regreso.
