Por: Gustavo Rugeles – Expediente – 11 de julio de 2026
El Grupo Gilinski, conocido durante décadas por su dominio en la banca, los medios y la industria de alimentos, dio en marzo de 2026 uno de los golpes más significativos de su historia reciente: entró de lleno al negocio de los hidrocarburos. Lo hizo a través de Colden Investments S.A., el vehículo de inversión con el que Jaime y Gabriel Gilinski se convirtieron en los principales accionistas de GeoPark Limited, la petrolera independiente que cotiza en la Bolsa de Nueva York y que hoy ocupa el cuarto lugar entre las mayores productoras de crudo en Colombia, solo detrás de Ecopetrol, Frontera Energy y SierraCol. No es una incursión menor ni casual: para una familia que ya controla el banco GNB Sudameris y que se impuso como accionista mayoritario de Grupo Nutresa y Grupo Sura tras disputas empresariales que dieron mucho de qué hablar, el petróleo representa un tablero nuevo, con reglas distintas y, sobre todo, con una geografía incómoda: el piedemonte amazónico y la cuenca del Putumayo.
La operación se cerró el 5 de marzo bajo la figura de una inversión privada en capital público. Colden compró 12.876.053 acciones nuevas de GeoPark a 8,31 dólares cada una, un desembolso cercano a los 107 millones de dólares que le dio al grupo colombiano cerca del 20 % de las acciones en circulación de la compañía, más que cualquier otro accionista individual. El acuerdo, sin embargo, no les entrega un cheque en blanco: Colden se comprometió a no vender sus acciones durante 18 meses, cualquier aumento de participación por encima del 32 % deberá pasar por la junta directiva durante el primer año, y sus derechos especiales de aprobación solo se mantienen mientras conserve al menos el 15 % del capital. A cambio, puede nominar a dos de los nueve directores de GeoPark —y a un tercero si su participación llega al 28 % o más—, y Gabriel Gilinski, graduado de la Universidad de Pensilvania y presidente de la junta de Nutresa, ocupó de inmediato una silla vacante en el directorio. El propio Gilinski explicó en entrevista con La FM que la llegada de Felipe Bayón a la presidencia de GeoPark en junio de 2025, con su experiencia de más de tres décadas en el sector —incluida su paso por Ecopetrol—, fue uno de los factores que terminó de convencerlos de entrar, y no ocultó que la mayor apuesta de crecimiento que ven en la compañía está en una eventual entrada al mercado venezolano.
Pero el terreno más sensible del portafolio que ahora respalda el capital de los Gilinski sigue estando en el Putumayo, una cuenca que comparte sistema petrolífero con la región de Oriente, en Ecuador, y que GeoPark heredó casi en su totalidad de la compra de la británica Amerisur Resources en 2020. Ahí quedaron los bloques PUT-8, PUT-9, PUT-30, PUT-36, Andaquíes, Coatí, Mecaya, Tacacho y Terecay, varios de ellos hoy suspendidos o en trámite de terminación ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y algunos operados en sociedad con SierraCol Energy. La pieza que sostiene toda esa operación es el Oleoducto Binacional Amerisur, que conecta los campos putumayenses con la red de transporte ecuatoriana para sacar el crudo por el puerto de Esmeraldas, en el Pacífico, evitando la saturada logística interna colombiana. Esa dependencia, que durante años fue una ventaja competitiva, se volvió en los últimos meses un dolor de cabeza: la tensión comercial entre Bogotá y Quito llevó al gobierno ecuatoriano a subir cerca de 900 % la tarifa de transporte de crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano —de unos 3 a cerca de 30 dólares por barril— y a cerrar el paso fronterizo de San Miguel–Sucumbíos desde el 24 de diciembre pasado, lo que ha obligado a GeoPark y a Ecopetrol a evacuar su crudo en carrotanques hasta Huila y Sucre, con los sobrecostos y la complejidad logística que eso implica.
Sobre el terreno, la historia reciente de GeoPark en la región tiene más matices de los que suele contarse. El campo Platanillo, en producción desde 2009 y que llegó a bombear hasta 4.400 barriles diarios en su mejor momento, fue suspendido operativamente el 8 de enero de 2025 por una estructura de costos que la compañía consideró insostenible frente a una producción que había caído a menos de 300 barriles al día. La Agencia Nacional de Hidrocarburos aclaró en su momento que la suspensión no implicaba ni la terminación del contrato ni el cese definitivo de operaciones, y los hechos le dieron la razón: a lo largo de 2025 el campo volvió a producir, y para el primer trimestre de 2026 GeoPark reportaba un promedio de 859 barriles equivalentes por día en Platanillo, sostenido por el entorno de precios y por eficiencias operativas, aunque la compañía insiste en conservar flexibilidad para decisiones futuras. El relato de un repliegue definitivo en el Putumayo, entonces, no se sostiene del todo: lo que hubo fue una pausa de meses seguida de una reactivación que depende, año a año, de cuánto valga el barril.
Mientras Platanillo entraba y salía de producción, la apuesta exploratoria de la compañía se concentró en el bloque PUT-8, en Puerto Asís, justo en la frontera con Ecuador, con resultados que están lejos de ser un éxito rotundo. El pozo Bienparado Norte-1, perforado entre diciembre de 2024 y enero de 2025, resultó seco. Su vecino, Bienparado Sur-1, alcanzó 350 barriles diarios en pruebas de corto plazo tras entrar en producción en marzo de 2025, pero permanece cerrado a la espera de una evaluación para una prueba de largo plazo. Un tercer proyecto, Nyctibius, a cargo de la filial Nueva Amerisur dentro del mismo bloque, apenas surtió su audiencia pública ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales el 31 de mayo de 2025, un trámite obligatorio antes de perforar. El propio programa de trabajo de GeoPark para 2025 reservó apenas entre uno y dos pozos brutos para toda la cuenca del Putumayo, una cifra modesta frente a los cinco o siete previstos para Llanos 34 o los diez a doce de Vaca Muerta, en Argentina, lo que deja bastante claro que el Putumayo dejó de ser, hace rato, la prioridad de crecimiento de la compañía y pasó a ser una cuenca de mantenimiento: se conservan activos y licencias, se explora lo mínimo comprometido, y el capital fuerte se dirige a otra parte.
Ese repliegue relativo ocurre, además, en medio de un pulso jurídico y político que todavía no termina de resolverse, y que marca el calendario de fondo sobre el que se mueve ahora GeoPark. En noviembre de 2025, durante la COP30 en Belém do Pará, el Ministerio de Ambiente anunció que Colombia se convertía en el primer país de la cuenca amazónica en declarar la totalidad de su territorio amazónico como zona de reserva de recursos naturales renovables, una medida pensada para blindar más de 483.000 kilómetros cuadrados —el 42 % del territorio continental del país— frente a nuevos proyectos de minería e hidrocarburos, y que según el Gobierno frenaría en el papel 43 proyectos petroleros y 286 solicitudes mineras en trámite en Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo y Vaupés. El anuncio, sin embargo, no tuvo el aterrizaje limpio que se esperaba: el propio Ministerio del Interior advirtió que la medida podía quedar en suspenso porque no se había surtido el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes —cerca de 1,2 millones de personas— que habitan esos territorios, un requisito que en Colombia no es un trámite menor sino una condición constitucional. El resultado, hoy, es un limbo regulatorio: la declaratoria existe y marca con claridad hacia dónde quiere ir la política ambiental del país, pero su aplicación inmediata sobre bloques ya adjudicados, como los de GeoPark en Putumayo, sigue en discusión, porque la norma apunta sobre todo a impedir la entrada de proyectos nuevos que aún estaban en solicitud o licitación, no a cancelar contratos vigentes. Esa incertidumbre regulatoria coincide, en el calendario, con el tramo final de un gobierno y el arranque de otro, un cruce de ciclos político y empresarial que en Colombia históricamente ha definido qué tan rápido —o qué tan lento— avanzan este tipo de proyectos.
Reducir la llegada de los Gilinski a una apuesta por el Putumayo sería, en todo caso, una simplificación. GeoPark ha sido explícita en que su ambición combina varios frentes a la vez: consolidarse en Colombia alrededor de Llanos 34, su activo más importante, con más de 25.000 barriles equivalentes netos al día, y del bloque CPO-5 como motor exploratorio; crecer en Vaca Muerta, en Argentina, donde acaba de sumar los bloques Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste con parte del capital fresco que trajo Colden; y, más adelante, tantear una entrada a Venezuela, que Gabriel Gilinski describió sin rodeos como la mayor oportunidad de la compañía si las condiciones regulatorias y de mercado terminan de acomodarse. No es casual que la entrada de los Gilinski haya ocurrido apenas meses después de que GeoPark rechazara una oferta de compra no solicitada de Parex Resources, de 9 dólares por acción, por considerarla insuficiente frente al valor de sus activos regionales, sobre todo los argentinos: el capital de Colden funcionó también como un blindaje frente a movimientos hostiles y como respaldo financiero para futuras adquisiciones.
El lock-up de 18 meses que blinda las acciones de Colden vence a mediados de 2027, justo en la mitad del próximo periodo de gobierno en Colombia, y la propia composición de la junta —con derecho a un tercer director si la participación sube al 28 %— está diseñada para pesar en las decisiones estratégicas de la compañía durante todo ese lapso. Puesto en esos términos, la entrada de los Gilinski a GeoPark no es una inversión de paso: es, por diseño contractual, una apuesta que atraviesa el próximo cuatrienio completo, con el Putumayo como su frente más expuesto y menos predecible.
Queda entonces una pregunta abierta, más que una conclusión cerrada. El Putumayo no es el centro de gravedad de la nueva era Gilinski en GeoPark, pero sí es su frente más expuesto: una cuenca de altísima sensibilidad social y ambiental, atravesada por economías ilegales y presencia de grupos armados, con comunidades indígenas que todavía esperan procesos de consulta previa, una crisis logística binacional que encarece cada barril que sale por Esmeraldas, y una declaratoria ambiental que, aunque jurídicamente incompleta, ya marcó el rumbo que quiere tomar el país frente al extractivismo en la Amazonía. La reactivación de Platanillo en 2026 sugiere que GeoPark no ha cerrado del todo la puerta de la región, sino que optó por una lógica de opcionalidad: producir mientras el precio lo permita, mantener las licencias vigentes y evitar comprometer capital nuevo en un entorno regulatorio incierto. Si ese cálculo de opcionalidad termina resultando acertado dependerá, en buena medida, de qué tan rápido se resuelva el limbo jurídico de la declaratoria amazónica y de qué postura asuma frente a ella el próximo gobierno. Esa es, por ahora, la pregunta que queda planteada y no una respuesta: si el momento político que se avecina jugará a favor de este tipo de apuestas, o si el nuevo cerco normativo terminará por imponerse sobre los planes de crecimiento que hoy respalda el capital de los Gilinski.