Por Carolina Toro
Crecimos bajo una especie de anestesia moral colectiva. En Colombia, durante décadas, nos acostumbramos tanto a la corrupción que hoy lo verdaderamente anómalo, aquello que todavía consigue sorprendernos, es que no la haya.
Operamos bajo una escala de degradación que comienza con la coima invisible en un trámite menor, pasa por el descarado clientelismo en los nombramientos públicos y culmina en una de las formas más sofisticadas y peligrosas de corrupción: la captura del Estado. Durante años hemos visto cómo decisiones públicas, normas y contratos terminan favoreciendo intereses particulares, desvirtuando el verdadero propósito del servicio público.
Esta descomposición encuentra uno de sus reflejos más crudos en el sistema judicial. Los colombianos hemos presenciado casos en los que el poder económico, político o social parece traducirse en condiciones muy distintas frente a la justicia. Delincuentes de cuello blanco y criminales poderosos terminan beneficiándose de privilegios penitenciarios o condiciones de reclusión difíciles de comprender para el ciudadano común.
Mientras tanto, las víctimas pagan por partida doble: financian con sus impuestos un sistema que muchas veces sienten distante y, además, cargan con un dolor, una pérdida o un miedo que ninguna sentencia logra compensar.
Todo esto ocurre en un país atravesado por profundas desigualdades económicas. Mientras millones de ciudadanos hacen enormes esfuerzos para sostener a sus familias, resulta difícil aceptar que los recursos públicos puedan terminar financiando privilegios para quienes precisamente defraudaron al Estado.
Hay que reconocer las decisiones correctas sin caer en el aplauso automático. El gobierno de Abelardo de la Espriella lleva apenas unas semanas de gestión, un periodo insuficiente para evaluar reformas estructurales, pero en el que ya pueden analizarse algunas decisiones y contrastarlas con sus promesas de campaña. Bajo la premisa de su plan Patria Milagro, donde ha insistido en que el dinero público es sagrado porque es la plata de los colombianos, el fin de los traslados y beneficios a corruptos VIP en guarniciones militares envía un mensaje necesario: la ley debe ser igual para todos y aquí nadie tiene corona.
Sin embargo, para que estas primeras medidas no se conviertan simplemente en símbolos de inicio de mandato, las grandes promesas deberán traducirse en resultados verificables. Entre ellas está la construcción de diez megacárceles. El costo de delinquir tiene que ser alto, sin excepciones.
Pero el castigo penal es apenas una parte del problema. La corrupción no se derrota solamente aumentando penas o construyendo cárceles. Se combate reduciendo las oportunidades para robar.
Ahí está, probablemente, uno de los desafíos más importantes: desmontar el laberinto de trámites, intermediarios, excepciones y zonas grises que facilita la opacidad en la contratación pública. El exceso de normas y procedimientos, cuando no viene acompañado de controles eficaces y trazabilidad, puede terminar convertido en terreno fértil para la trampa.
Los países que obtienen mejores resultados en los índices internacionales de percepción de corrupción ofrecen algunas referencias útiles. Sus experiencias muestran la importancia de instituciones sólidas, controles efectivos, transparencia, capacidad estatal y procesos más simples y verificables. No existe una fórmula única ni un modelo que pueda copiarse mecánicamente, pero sí lecciones que Colombia debería estudiar con seriedad.
La fiscalización pública tiene que avanzar hacia un modelo mucho más tecnológico, preventivo y en tiempo real. Una verdadera modernización permitiría cruzar información de contratación, sociedades, beneficiarios finales, antecedentes, movimientos patrimoniales y ejecución presupuestal para identificar patrones sospechosos antes de que los recursos desaparezcan.
La inteligencia artificial podría convertirse en una poderosa herramienta para ese propósito, siempre que opere bajo reglas claras, auditoría independiente y supervisión humana. Podría ayudar a detectar licitaciones diseñadas alrededor de un único proponente, identificar redes de empresas vinculadas entre sí, rastrear sociedades de papel y generar alertas frente a incrementos patrimoniales que no correspondan con los ingresos reportados.
Su mayor utilidad estaría en reducir espacios de discrecionalidad, dejar trazabilidad y hacer mucho más difícil esconder decisiones públicas detrás de expedientes interminables. Si un funcionario con determinados ingresos presenta de repente un crecimiento patrimonial inexplicable, el Estado no debería necesitar años para advertirlo. Los sistemas de información pueden generar alertas tempranas para que las autoridades competentes investiguen oportunamente y, respetando el debido proceso, adopten las medidas que correspondan.
La transformación de este panorama comienza en la educación y en los hogares, pero necesita instituciones capaces de resistir la presión política. Por eso también es indispensable revisar los mecanismos de selección de quienes dirigen y conforman los organismos de control, de manera que la fiscalización del poder no termine convertida en otro reparto burocrático.
Reconocer las primeras decisiones acertadas de cualquier gobierno es razonable; exigir que sus promesas se conviertan en políticas medibles también lo es.
En este gobierno, una parte importante de la agenda institucional estará acompañada por el vicepresidente José Manuel Restrepo, cuya trayectoria académica y experiencia en el sector público representan un activo técnico para una administración que tendrá que demostrar, con resultados y no solamente con anuncios, hasta dónde puede transformar estructuras que llevan décadas funcionando de la misma manera.
Una Colombia sin privilegios no se construirá con discursos ni con gestos aislados. Se construirá cuando las reglas se apliquen de la misma manera al poderoso y al ciudadano de a pie; cuando robar recursos públicos sea cada vez más difícil; cuando esconder el dinero deje de ser sencillo; y cuando tener influencia ya no signifique recibir un trato especial.
Tal vez entonces dejemos de sorprendernos cuando alguien cumple la ley y empecemos a escandalizarnos, como corresponde, cuando alguien la viola. Ese sería un buen comienzo para ponerle fin al cinismo colectivo.
