Por: Gustavo Rugeles
21 de noviembre de 2025
La compra de los aviones Gripen —17 billones de pesos, la negociación militar más costosa de la historia reciente— está bajo todas las alarmas posibles: sobrecostos denunciados, ruido internacional, presión de organismos de control y un contexto regulatorio global en el que Colombia está marcada por sanciones, desconfianza y un esquema de riesgo sin precedentes.
Y en medio de ese torbellino aparece un nombre inesperado: Brigard Urrutia, una de las firmas más grandes y prestigiosas del país.
SEMANA reveló que el Ministerio de Defensa la contactó hace apenas cuatro semanas del cierre del contrato para que “revisara la versión final” de la minuta.
Ese detalle, en apariencia inofensivo, es precisamente la grieta que desnuda la fragilidad jurídica de todo el proceso.
Porque no es lo mismo estructurar una adquisición de defensa a revisar un PDF cuando ya todo está firmado en piedra.
Y aquí empieza la verdadera historia: toda esta “revisión final” de Brigard Urrutia ocurrió a ciencia y paciencia de un hecho inocultable: el presidente estaba ya designado por OFAC, y cualquier contrato militar con tecnología sujeta a controles estadounidenses —como el Gripen— debía ser auditado con criterios de sanciones, export controls y riesgo de interrupción. Es decir: la firma revisó el contrato con pleno conocimiento de que todo el andamiaje dependía de una autoridad que nunca fue consultada. Esa omisión, en un negocio de 17 billones, es un silencio profesional que ahora pesa más que cualquier cláusula de la minuta.
La asesoría que no llegó cuando debía
El Gobierno dice que Brigard Urrutia solo revisó la minuta final. La firma dice lo mismo. El proceso de selección, la estructuración, los estudios comparativos, los análisis de riesgo, la trazabilidad de componentes, la cadena de repuestos, la exposición a sanciones… todo eso ocurrió sin ellos.
En otras palabras: La firma de abogados entró a escena cuando la obra ya estaba terminada.
Los abogados no participaron en:
• la construcción jurídica del proyecto,
• la evaluación de ofertas,
• la identificación de riesgos país,
• la verificación de sanciones internacionales,
• la revisión de proveedores,
• el análisis de cláusulas de soporte técnico,
• ni la estructuración de garantías.
Llegaron al final, cuando ya no había espacio real para corregir nada estructural.
Llevar a una firma top, con dudosa experiencia en trade compliance, cuando el avión ya está armado es como llamar a un cirujano plástico para que corrija un infarto.
El riesgo que nadie quiso mencionar: sanciones y trade compliance
La noticia aparece en el peor momento posible:
– el presidente está designado por OFAC,
– Leonardo Helicopters suspendió soporte al FAC-0008 por miedo a sanciones,
– la UIAF fue usada políticamente y quedó bajo sospecha global,
– Colombia está al borde de la Lista Gris del GAFI,
– las instituciones de control ya investigan sobrecostos,
– y el sector defensa está sintiendo el primer golpe real del cerco regulatorio internacional.
En ese contexto, el país esperaba —al menos— que la firma contratada por el Ministerio revisara:
• impacto de OFAC sobre proveedores,
• riesgo ITAR/EAR por componentes estadounidenses,
• posibilidad de restricciones en exportación de repuestos,
• suspensión futura de soporte técnico,
• evaluación de actores vinculados a la cadena industrial de Saab,
• compatibilidad del contrato con sanciones contra personas del Ejecutivo,
• cláusulas de contingencia si EE. UU. limita exportaciones a Colombia,
• riesgo de jurisdicción de alto riesgo,
• sanciones secundarias,
• modelo de financiación internacional,
• rutas de pago bajo observación global.
Nada de eso se menciona en la nota.
Ni una línea.
El bufete dice que revisó “repuestos, mantenimiento y reparaciones durante la vida del contrato”.
Repuestos para 17 billones.
¿Y las sanciones?
¿Y la tecnología restringida?
¿Y el soporte militar que depende de autorizaciones estadounidenses?
¿Y la posibilidad —ya real— de otro proveedor suspendiendo servicios por exposición a OFAC?
Silencio absoluto.
Una revisión cosmética que no defiende al país, solo al Ministerio
Que una firma del tamaño de Brigard Urrutia acepte entrar al tramo final de un contrato de defensa, sin haber revisado la arquitectura completa, solo puede interpretarse de dos maneras:
- Sabían que era tarde, pero aceptaron igual, por afán de facturar
- El Ministerio no buscaba una auditoría real, sino una legitimación simbólica.
Ninguna de las dos salva a Colombia. Porque una revisión puntual no es una auditoría. Porque un contrato de defensa no es un arrendamiento comercial. Porque 17 billones no se dejan en manos de un “visto bueno”. Y porque la mayor compra militar del siglo tiene que ser revisada por abogados que lleguen al proceso desde el día cero, no desde el día final.
Lo contrario es abrir la puerta para que la responsabilidad quede repartida bastante convenientemente:
“El Ministerio lo aprobó, pero los abogados también”.
El ángulo que nadie quiere mirar: Saab Gripen depende de Estados Unidos
Los Gripen no son aviones “100 % suecos”.
Tienen:
• aviónica con licencia estadounidense,
• componentes ITAR,
• armamento de origen mixto,
• software con controles de exportación,
• repuestos bajo trazabilidad de EE. UU.,
• certificación que depende de industrias sujetas a normativa americana.
Esto significa que, en la práctica, cada parte del avión puede quedar bloqueada si OFAC o el Departamento de Estado consideran a Colombia un riesgo.
Leonardo Helicopters ya lo hizo.
¿Quién sigue? ¿Saab? ¿Collins?
¿Honeywell? ¿Británicos con tecnología dual?
¿Brigard Urrutia advirtió esto?
No aparece.
El peligro disciplinario para las firmas de abogados
Y aquí viene el punto más delicado, que nadie quiere poner sobre la mesa: ¿Qué pasa con la responsabilidad profesional de una firma que entra a un contrato de defensa cuando ya no puede corregir nada esencial?
Porque una firma de ese nivel, aunque sin antecedentes en trade compliance, tiene la obligación de advertir:
– que el riesgo es inmanejable,
– que la asesoría sería insuficiente,
– que no puede certificar lo que no revisó,
– que no es ético “bendecir” una minuta incompleta,
– que su nombre sería usado para legitimar un contrato ya contaminado.
Aceptar una asesoría tardía en un contrato de defensa puede convertirse en un problema disciplinario: un abogado no puede permitir que su presencia sea usada como escudo político para una operación que ya nació con fallas estructurales.
Es el equivalente jurídico del “yo solo vine a firmar lo que ya estaba hecho”.
Eso es inadmisible en materia de defensa y en materia de trade compliance.
Porque cuando algo salga mal —y con el contexto actual es casi inevitable que algo salga mal—, el Estado dirá:
“pero Brigard lo revisó”. Y la firma tendrá que explicar si revisó o simplemente cobró por mirar tarde.
La pregunta que queda en el aire
La asesoría de Brigard Urrutia no estructuró el contrato.
No construyó la matriz de riesgo.
No revisó sanciones.
No evaluó tecnologías restringidas.
No auditó proveedores secundarios.
No blindó al país.
Solo revisó un documento.
El Estado la contrató tarde.
La firma aceptó entrar tarde.
Y el contrato se firmó temprano.
El resultado es el mismo:
Colombia compró 17 billones en aviones sin una auditoría completa de cumplimiento internacional, en el momento de mayor riesgo regulatorio de su historia.
Pregunta final:
¿Cómo explicará Brigard Urrutia que, en pleno escándalo global por la designación OFAC del presidente, aceptó intervenir en la revisión final del contrato militar más grande de la historia sin advertir —o dejando sin documentar— si su actuación podía interpretarse internacionalmente como soporte jurídico indirecto a un designado OFAC, exponiendo a la propia firma a riesgos de sanciones secundarias, restricciones regulatorias y escrutinio del Tesoro de los Estados Unidos?
La historia no terminó.
Apenas está despegando. ¿O cayendo?
