Por: Gustavo Rugeles – Director de El Expediente
Publicado el 24 de octubre de 2025
El Mito Legal vs. La Realidad de la Pauta
En teoría, la prensa está a salvo. La Berman Amendment protege el flujo de “materiales informativos” y ampara el derecho a entrevistar a un SDN (Specially Designated National) como Gustavo Petro.
En la práctica, la Berman Amendment no firma los cheques. Los que firman son Google, Meta y los bancos corresponsales.
Legalmente, un medio puede entrevistar al presidente sancionado. Corporativamente, es una pesadilla.
Las redacciones en Estados Unidos lo saben: la frontera ya no es editorial, es de compliance.
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) deja claro que la exención informativa no ampara transacciones de valor: ni pagos, ni contraprestaciones, ni “valor en especie”.
Aquí es donde el golpe se hace real: El precedente está codificado en el algoritmo.
Google/YouTube y Meta aplicaron bloqueos de monetización y estrangulamiento financiero a medios estatales rusos —RT y Sputnik— después de las sanciones de 2022.
No censuraron la entrevista. Le cortaron el oxígeno financiero. Sin anuncios. Sin revenue share. Sin Ads.
Para una redacción colombiana, el riesgo es inmediato: si una entrevista con Petro se monetiza en YouTube, el algoritmo publicitario —que opera desde servidores bajo jurisdicción de EE. UU.— detectará que genera ingresos “en beneficio de” un SDN. La respuesta es automática: desmonetización inmediata y congelamiento potencial de la cuenta de AdSense del medio.
La Zona Roja: Cuando el Periodista se Vuelve “Logística”
El riesgo de facilitación es la línea roja donde el periodismo deja de informar y empieza a servir. No se trata de publicar. Se trata de proveer un servicio.
Si un periodista o medio se convierte en megáfono operativo del sancionado —transmitiendo mensajes bajo demanda, coordinando ruedas de prensa, cubriendo gastos de logística o actuando como portavoz no oficial—, deja de ser prensa. Se convierte en “apoyo material” (material support or facilitation), una violación directa bajo la IEEPA.
De modo que los micrófonos que antes competían por una exclusiva con Petro ahora transmiten una paradoja: cada palabra del sancionado puede ser reproducida, pero no financiada.
Ni los más devotos —Julio Sánchez Cristo desde W Radio o Daniel Coronell desde sus columnas— podrán esquivar el nuevo algoritmo: el que convierte el periodismo de simpatía en riesgo de cumplimiento.
El Expediente rastrea también la cadena mediática: quién entrevista, quién produce, quién monetiza. Porque si esas voces deciden seguir amplificando al sancionado, las preguntas ya no serán editoriales, sino regulatorias: ¿los ingresos por esas entrevistas pasan por servidores o cuentas en EE. UU.? ¿Se reportan al Tesoro? ¿O se esconden bajo la cómoda etiqueta de “opinión”, en el limbo donde el periodismo se confunde con la facilitación?
¿Por qué las plataformas tienen pánico?
Porque el algoritmo tiene memoria. El precedente que programó el pánico es la multa de 2020 contra Amazon. El monto fue irrisorio —apenas $134,000 USD— pero la causa fue letal: sus filtros automatizados de screening fallaron y permitieron enviar bienes de bajo valor a personas en la lista OFAC. Esa lección quedó escrita en código. Google y Meta no solo entendieron: tradujeron ese riesgo existencial a sus políticas de monetización. El cálculo de sus departamentos de compliance es brutal y no tiene nada de editorial: es infinitamente más barato desmonetizar a mil canales colombianos por «falsos positivos» que permitir un solo «falso negativo». ¿Por qué? Porque ese «falso negativo» significa que su algoritmo le pagó un centavo a un SDN, un acto que los convierte en facilitadores y los pone en la mira directa del Tesoro. El algoritmo no tiene criterio periodístico; tiene una lista de bloqueo. Y está programado para disparar primero.
La Verdadera Historia (La “Punta Periodística”)
• No es censura; es compliance.
La pieza puede emitirse, pero el dinero —anuncios, patrocinios o licencias— no fluirá si roza al SDN.
• La transacción es el delito.
Entrevistas pagadas, licencias de imagen, exclusivas con contraprestación o pago de gastos son la pistola humeante. Activan el bloqueo de monetización.
• La libertad de prensa se volvió un asunto bancario.
Se puede hablar, pero no se puede cobrar. El derecho a informar choca con la prohibición de financiar.
- Nota Técnica (Para la Mesa de Edición)
• Berman Amendment: protege la circulación de información, no los pagos ni los servicios de valor (criterio oficial OFAC).
• Políticas de Google/YouTube: el manual de AdSense y Ad Manager ya prevé exclusión automática por sanciones; el precedente ruso es hoy la regla operativa.
• Políticas de Meta/Facebook: limitan anuncios y revenue en medios asociados directa o indirectamente con personas sancionadas.
Conclusión: El Árbitro es el Anuncio
Para los medios en Colombia, el dilema es brutal: La entrevista con Gustavo Petro es legalmente posible, pero el negocio alrededor de la entrevista (anuncios, licencias, revenue share) es donde naufraga.
Si el trato con un SDN pasa de lo informativo a lo operativo o financiero, el medio entra en la zona gris de facilitación material. Y si el algoritmo de YouTube detecta que está pagando —aunque sea indirectamente— por contenido que beneficia a un sancionado, cierra el grifo. La portada puede salir. El cheque, no.
El Expediente sigue la pista
Próxima entrega: El silencio obligado de las redes: por qué el discurso de un sancionado también se modera en tiempo real.
