Por: Andrés Villota
Augusto Acosta, el entonces presidente de la Bolsa de Valores de Bogotá, se fue a la Casa de Nariño a entregarle las llaves de la sede de la Bolsa al entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana. Tocaba cerrar la Bolsa porque era inviable su actividad por culpa del cobro del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que, con el tiempo, se conoció popularmente como el cuatro por mil. Un valor se podía negociar cientos de veces en el mismo día y podía generar el cobro del gravamen cientos de veces, el costo tributario derivado de realizar esas transacciones era impagable.
Se tuvo que aprobar algunas exenciones para que el Mercado Público de Valores siguiera funcionando pero ese tributo afectó de manera grave los volúmenes transados, especialmente, por las personas naturales. No era la primera vez. Si observan el comportamiento histórico del volumen de transacciones por tipo de especie (Renta Fija vs. Renta Variable) durante los últimos 90 años en la Bolsa de Bogotá y en la Bolsa de Valores de Colombia, las múltiples caídas en el volumen de la Renta Variable (Acciones) estuvieron asociadas a cargas tributarias que afectaron a los tenedores de acciones.
La estocada final llegó durante la presidencia de Juan Manuel Santos (raro) que para poder financiar la costosa empresa de la paz, subió el IVA a uno de los niveles más altos en el mundo (19%) y Juan Ricardo Ortega, ex Secretario de Hacienda de Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno Rojas, siendo Director de la DIAN, eliminó las exenciones para mover el dinero entre las cuentas de un mismo cliente al interior de las firmas Comisionistas de Bolsa.
Con esa decisión de Santos y Ortega, empezó el declive de la actividad bursátil y las empresas perdieron las múltiples alternativas que le ofrecían las firmas Comisionistas de Bolsa para aumentar la eficiencia en el manejo de sus tesorerías y lograr ahorros en su operación que, jamás, lograrían operando a través de un banco comercial. Los bancos comerciales fueron los grandes beneficiados por ser tan costoso para las empresas mover sus recursos por culpa del “cuatro por mil” que terminó obligando a los tesoreros a realizar todas sus operaciones de compra y venta de divisas o la dispersión de pagos a sus proveedores, por ejemplo, a través de un banco para no tener que incurrir en el pago múltiple del GMF.
Un ejemplo de cómo el mismo Estado crea ineficiencias dentro del libre mercado para justificar su intervención y poder solucionar la misma ineficiencia que creó porque debe evitar que existan ineficiencias en el mercado. El circulo vicioso de la intervención estatal que le cuesta miles de millones de dólares a todos los colombianos, no solo en impuestos sino en el mantenimiento de entidades como la Bolsa de Valores de Colombia y el Auto Regulador del Mercado de Valores, pues no les bastó que los actores del mercado tengan unos sistemas robustos para administrar sus riesgos, tengan contingentes de auditores, revisores fiscales y encargados del cumplimiento normativo. No, no fue suficiente.
Evitar el conflicto de intereses, eso sí, es lo principal. Es una prioridad, mantener al margen de esas entidades a las personas que conozcan el Mercado Público de Valores, que tengan experiencia en el mismo, que sepan cómo funciona y que conozcan las operaciones que se realizan. Por cuenta de eso, los encargados de administrar, supervisar, controlar, vigilar y certificar la idoneidad de los que operan en el mercado, está a cargo de personas que no tienen la más remota idea del mercado.
El dueño de la fabrica de ambulancias dedicado a certificar la idoneidad profesional de los médicos cirujanos. La ignorancia, la falta de experiencia y el desconocimiento como pre requisito para evitar el conflicto de interés que convirtió a ese conjunto de entidades en una bolsa de empleo para los sin empleo. Los mandamás del mercado no conocen el mercado pero su función es hacer que funcione el mercado de manera eficiente y generar la confianza dentro de los inversionistas para que lo utilicen.
Aunque en Colombia existe la libre actividad económica y el Estado no tiene injerencia sobre la actividad de los particulares, cuando se va a realizar una operación sobre una acción inscrita en la Bolsa de Valores de Colombia que implique la compra-venta de un porcentaje significativo de las acciones en circulación de una compañía como Nutresa, se le debe avisar a la Superintendencia Financiera para que divulgue la información eventual que afecta de manera importante el precio de la acción y, por lo tanto, la inversión que pueda tener todos los accionistas, incluidos los accionistas minoritarios. Esa divulgación de la información pretende favorecer y proteger a los inversionistas minoritarios que deben ser tratados en igualdad de condiciones y pueden tener la misma posibilidad de venderle las acciones al mismo precio que ofrece pagar el interesado en comprarlas.
La Oferta Pública de Adquisición (OPA) es el mecanismo utilizado para comprar un porcentaje significativo de las acciones en circulación de una empresa que cotice en la bolsa de valores. Si el Grupo Gilinski quisiera comprar un número de acciones que represente un porcentaje menor al indicado en la regulación de las acciones en circulación de Nutresa, no tendría que avisarle nada a nadie. En todo caso, no debe pedirle “permiso” a la Superintendencia Financiera, el intervencionismo estatal en Colombia es inmenso pero no llega tan allá como para darle permiso a un particular sobre lo que quiera hacer o dejar de hacer con su dinero.
Lo paradójico del asunto es que el Estado trata de proteger a los pequeños inversionistas pero el mismo Estado ha satanizado la financiación de las empresas a través de la bolsa para darle prioridad a su propio financiamiento por lo que sacó corriendo a los pequeños inversionistas de las empresas, asustándolos para tener que protegerlos de que asuman riesgos y mejor inviertan, solamente en TES. La ineficiencia por excelencia del mercado, creada por el mismo Estado.
Mediante la expedición del Decreto 2555 del 2010 se determina la ponderación de los activos de los bancos por nivel de riesgo. Si un banco le presta plata al Estado colombiano o a cualquier Estado miembro de la OECD, la ponderación es cero (0%) porque existe el mito que un Estado nunca se va a quebrar y porque siempre va a pagar lo que debe, lo que no es del todo cierto o pregúntele a un banquero que le prestó plata a la Venezuela de Maduro, a los Estados Unidos de Biden o a la España de Sánchez, si un Estado nunca se puede quebrar.
Lo perverso de ese Decreto es que considera prestarle plata a Apple como una actividad de alto riesgo y obliga al banquero a ponderar esa cuenta por cobrar al 100%, afectando su nivel de solvencia. El banquero prefiere, entonces, prestarle plata al Estado y no al empresario. El inversionista prefiere comprar TES y no acciones porque que susto y que miedo ser accionista de una empresa, entonces mejor, le presto plata a Colombia para que los congresistas cuiden mi plata y la guarden en un morral o en una bolsa o se compren una mansión con vista al mar en Puerto Colombia, Atlántico. Así la inversión va a estar más segura que si utilizan la plata para producir computadores personales o teléfonos celulares, obvio.
Es muy importante que llegue un experimentado empresario a la presidencia de Colombia en el 2022. Colombia no puede repetir la debacle de la economía que está padeciendo Estados Unidos de manos de Joe Biden, un político-burócrata profesional sin conocimiento alguno en los mercados, en administración, en producir, en hacer empresa. Colombia debe reducir el tamaño del Estado y eliminar el intervencionismo asfixiante que distorsiona el comportamiento óptimo y eficiente de los mercados. El Estado no puede seguir siendo fabricante de ineficiencias y distorsiones.
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A propósito de conflictos de interés, perdió cualquier seriedad y credibilidad el proceso de encuestas que está realizando el Centro Nacional de Consultoría para escoger el candidato presidencial del partido Centro Democrático al haber publicado, en el noticiero CM&, una encuesta en la que incluyó a candidatos del Centro Democrático en un abierto conflicto de interés y falta a la ética del encuestador. Es una vergüenza seguir insistiendo con una encuesta en la que el candidato de una colectividad va a ser elegido por la opinión de los que no pertenecen a la misma colectividad. Los estatutos del partido son muy claros, al candidato presidencial lo elige una Convención Nacional. Punto.
