Por: Maria Fernanda Cabal
A finales del año pasado, Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta para Cuba y Venezuela en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EE.UU, lanzó una advertencia clara sobre la manera como la dictadura cubana, utiliza el personal de salud de la isla para exportar su ideología y continuar manteniendo la financiación de la dictadura.
Al respecto, la funcionaria sostuvo que “…He llegado a conocer la misión médica cubana, como un mecanismo mediante el cual el régimen viola las normas de derechos humanos y laborales internacionalmente definidas, de su propio pueblo; mientras simultáneamente siembra la discordia política y social en todo el mundo”.
De ésta forma, tras recoger numerosos testimonios de médicos procedentes de la isla que habían logrado escapar, pudo constatar que la exportación de servicios profesionales era una fuente de ingresos excepcionales para el régimen de Cuba, determinando que dicha actividad le genera más de 7 mil millones de dólares anuales.
Según datos del Departamento de Estado de los EE.UU, confirmados por los propios médicos, esto se da gracias a que la dictadura castrista se queda con el 75 por ciento y hasta el 90 por ciento de los salarios de los profesionales; que además, son sometidos a amenazas constantes para evitar que abandonen el programa en los países a donde son enviados.
Precisamente el testimonio de uno de éstos profesionales de la salud, fue publicado por el periodista James Badcock, de BBC News. Se trata de Daily Coro, quien en octubre de 2011 fue enviada desde Cuba a una clínica en la ciudad de El Sombrero en Venezuela, como parte del programa ‘Barrio Adentro’ que ha distribuido médicos cubanos en zonas desfavorecidas de ese país desde 2003; como símbolo del “apoyo cubano” al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro.
El medio también reveló que Venezuela ha venido pagando por éste y otros servicios prestados por los trabajadores cubanos, con petróleo. Daily señala que fue asignada a una zona prácticamente en guerra, donde el coordinador de la misión era un funcionario del servicio de seguridad cubano que controlaba absolutamente todo.
Además, afirma que su equipo tenía que cumplir con objetivos semanales relativos al número de vidas salvadas, pacientes ingresados y tratamientos para ciertas enfermedades; cifras que, por supuesto, eran “infladas” para que el Gobierno cubano pudiera seguir recibiendo dinero por los servicios prestados y justificar así la ampliación de la misión a otros lugares.
Otro caso revelado por el mismo medio, es el del médico Carlos Moisés Ávila, quien se unió a una de las primeras misiones en Venezuela en 2004 donde relata que “las medicinas llegaban de Cuba fuera de fecha, así que teníamos que destruirlas y enterrarlas antes de incluirlas en el inventario como usadas para que pudieran ser cobradas”.
Ávila también denuncia que vio cómo la labor médica era transformada en una herramienta política con fines propagandísticos; “…Durante la campaña de 2004 para el referéndum revocatorio, nos enviaron a los médicos puerta a puerta para dar regalos y ganar apoyos para el entonces presidente Hugo Chávez (…) También teníamos listas de pacientes según su tendencia política. A los partidarios del gobierno chavista se los anotaba como pacientes de hipertensión y a los opositores como diabéticos. Los primeros recibían mejor tratamiento”.
Otras denuncias cuentan sobre la forma cómo las “misiones médicas” apuntaban a persuadir pacientes para que votaran por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), incluyendo además acciones de presión, como negarles tratamiento a partidarios de la oposición.
La realidad de éstas “actividades altruistas” que esconden una nueva forma de esclavitud, mediante la persecución y la explotación laboral, también ha sido expuesta por la organización ‘Cuban Prisoners Defenders’ –CDP-; una entidad con sede en España, cuyas denuncias presentadas ante la Corte Penal Internacional han mostrado al mundo las condiciones inhumanas a las que son sometidos los médicos cubanos –más de 550 testimonios-, a los que les confiscan sus pasaportes, les restringen su circulación con toques de queda y los obligan además a convertirse en “agentes” para la manipulación de la población más vulnerable, en favor de los objetivos del régimen y la difusión de los ideales comunistas.
Así lo señala Javier Larrondo, presidente de CDP, quien explica que ésta iniciativa obedece a un plan político creado por Fidel Castro, para internacionalizar el socialismo desde la época de la Unión Soviética en los años 60; de ésta forma, lograban infiltrarse en determinados países estableciendo relaciones diplomáticas a cambio de “favores”, entre ellos, cambiando las estadísticas que se entregan a la Organización Mundial de la Salud.
El famoso ejército de “batas blancas” de Cuba -bautizado así por el mismo Fidel Castro-, promovido por el gobierno comunista como un símbolo de su solidaridad con personas de todo el mundo, no es más que un modelo de “invasión silenciosa” que ha sido rechazado en Brasil, Bolivia, Ecuador y Uruguay, entre otros.
Lejos de tener una vocación humanitaria, Cuba se ha trazado una meta clara a la hora de ofrecer su ayuda “médica” en medio de la pandemia por Covid-19 a distintos países. Colombia está entre sus objetivos inmediatos. Nuestra tarea es develar sus intenciones y enfrentar las tentaciones revolucionarias de mandatarios locales, que fingen actuar para el bienestar de la comunidad invitando “batas blancas” y desconociendo la superioridad del talento humano colombiano en salud.