Por: El Expediente – Gustavo Rugeles
La captura de Nicolás Maduro este 3 de enero de 2026 no es solo un terremoto en Caracas. Es, sobre todo, un cambio de gravedad en Manhattan: un caso federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) que vuelve a adquirir vida propia, con incentivos de cooperación, plea bargains y una lógica que no entiende de “procesos políticos”, sino de conspiraciones, rutas y dinero.
Y cuando el SDNY se activa, Colombia aparece por una razón tan simple como venenosa: el expediente contra Maduro fue formulado, desde 2020, como una alianza de narco-terrorismo con la FARC.
Ahí es donde entra Iván Cepeda. No porque el senador esté imputado en Nueva York —no lo está— sino porque su figura en Colombia funciona como un imán de significados: paz, FARC, justicia transicional, contactos con actores armados, y batalla jurídica permanente. La captura de Maduro convierte esos significados en un campo minado electoral.
1) El giro: cuando “FARC” deja de ser un fantasma doméstico y se vuelve capítulo federal
La estructura de cargos del SDNY sobre el “narco-terrorismo” tiene un detalle decisivo para la política colombiana: no habla de la FARC como un actor del pasado. Habla de ella como socio criminal transnacional en una conspiración que, según la acusación, usó cocaína “como arma” para inundar EE. UU.
Ese lenguaje, aplicado a un jefe de Estado capturado, produce un efecto dominó inmediato: cualquier actor colombiano asociado (aunque sea por relato, controversia o debate histórico) a la FARC queda expuesto a una relectura: ya no es “memoria del conflicto”, es “lenguaje de fiscalía”.
2) Cepeda y los computadores de Raúl Reyes: el archivo que nunca se cierra del todo
La controversia más icónica alrededor de Cepeda —por insistente y por simbólica— sigue siendo la de los computadores de Raúl Reyes, incautados en la Operación Fénix (1 de marzo de 2008).
Aquí hay dos hechos que conviene separar con bisturí:
• Interpol reportó en 2008 que, desde que recibió los equipos, no halló manipulación de archivos; pero también señaló que hubo un tramo inicial con manejo fuera de protocolos antes de la entrega a especialistas.
• La Corte Suprema (en Colombia) llegó a la conclusión de que ese material no podía servir como prueba judicial por problemas de legalidad/cadena de custodia en la obtención.
Resultado: en Colombia, el material queda debilitado para condenar; pero en política nunca desaparece. Y ahora, con Maduro capturado, la discusión se recalienta no por el valor probatorio local, sino por algo más corrosivo: la utilidad narrativa de “FARC + Estado venezolano” que el SDNY ya puso por escrito contra Maduro.
En ese tablero, la pregunta electoral deja de ser “¿sirve como prueba?” y pasa a ser “¿qué significa que, hoy, el caso Maduro-FARC esté vivo en Nueva York y Cepeda sea el símbolo doméstico más disputado de la relación con el mundo FARC?”
3) El punto de contacto más sensible: el SDNY imputó a figuras FARC específicas (y eso suena en Colombia)
En el propio indictment del SDNY no aparecen referencias genéricas a “la exguerrilla”, sino nombres propios: Iván Márquez —Luciano Marín Arango, antiguo miembro del Secretariado y hoy símbolo de la ruptura armada— y Jesús Santrich —Seuxis Paucis Hernández Solarte, negociador del Acuerdo de La Habana con Santos—, ambos mencionados como parte del entramado de narco-terrorismo que la fiscalía federal describe como una alianza operativa entre el régimen venezolano y las FARC para traficar cocaína hacia Estados Unidos
Esto importa por una razón fría: el expediente SDNY crea un marco donde “FARC” no es relato histórico sino sujeto procesal. Y si el caso se acelera por la captura de Maduro, el SDNY tendrá incentivos para ordenar la historia completa de alianzas, facilitadores, emisarios y apoyos regionales. Ese ordenamiento no necesita que Cepeda sea acusado para afectarlo: basta con que sea el rostro político colombiano de la conversación sobre guerra, paz y actores armados.
4) El flanco Clan del Golfo: la palabra “contacto” se vuelve arma electoral cuando el continente arde
Otro frente que se le ha endilgado a Cepeda —y que él ha respondido públicamente— es el de supuestos acercamientos o gestiones alrededor del Clan del Golfo. En 2019, la Presidencia certificó que no existía autorización para que él negociara con ese grupo.
Además, el propio Cepeda ha tenido que salir a desmentir señalamientos de reuniones o instancias promovidas por él, según reportes que circularon en el debate público.
En tiempos “normales”, esto es pólvora local. En el nuevo contexto —Maduro capturado por cargos de narco-terrorismo y el SDNY reactivado—, se convierte en otra cosa: un argumento para decir “aquí hay un patrón”, aunque el patrón sea político y no penal. El riesgo para Cepeda puede que no sea jurídico inmediato, pero sí estratégico: que sus adversarios puedan vender la idea de que Colombia, con él como presidente, entraría en una zona gris de “contactos” con estructuras criminales cuando Washington está en modo fiscal.
5) La JEP y el “articulejo”: cuando la extradición vuelve a ser el santo grial
El episodio del llamado “articulejo” de la ley estatutaria de la JEP —denunciado en 2019 por el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez como una puerta para afectar la extradición— hoy se resignifica por el caso Maduro.
¿Por qué? Porque el caso SDNY y el sistema de justicia federal estadounidense son obsesivos con un punto: extradición, cooperación, delación, decomiso, y castigo ejemplar. Si un candidato colombiano aparece como promotor histórico de marcos transicionales que sus críticos presentan como “blandos”, la comparación es inevitable: “mientras Nueva York encarcela, Bogotá negocia”. Esa frase —justa o injusta— es políticamente útil y, por tanto, peligrosa.
6) La variable 2026: Cepeda ya no es solo senador; es favorito temprano y por eso será blanco total
La prensa reportó a finales de 2025 que Cepeda lideraba encuestas (Invamer) con cifras en torno a un tercio de intención de voto, en un panorama fragmentado hacia la primera vuelta del 31 de mayo de 2026.
Diversos medios han difundido mediciones recientes donde aparece arriba o con ventajas en escenarios de segunda vuelta.
En política, la condición de puntero hace que todo lo anterior —Reyes, Clan del Golfo, JEP— deje de ser “controversia” y pase a ser “munición”.
7) La tesis central: el caso Maduro convierte a Cepeda en el “plebiscito viviente” sobre la política de paz
El enfoque preocupante para Cepeda aquí es este: la captura de Maduro transforma su cruzada en un “plebiscito viviente” porque cruza tres narrativas que el electorado entiende sin leer expedientes:
1. Maduro-FARC-narco como amenaza regional (ahora judicializada en EE. UU.).
2. Cepeda-paz-contactos como identidad política (defendida por sus seguidores; atacada por sus adversarios).
3. 2026 como elección entre “mano dura internacional” vs. “arquitectura de negociación”. Nadie necesita probar delito para explotar ese cruce. Basta con pensar que “Nueva York ya escribió el guion” y que “Colombia no puede darse el lujo de un presidente que represente la otra orilla del libreto”.
Cierre: el daño no requiere condena; requiere relato
Cepeda no está siendo juzgado en el SDNY. Pero el SDNY —con Maduro esposado, y la palabra FARC convertida en rótulo penal federal— vuelve a encender el lenguaje de la guerra.
Y en Colombia, donde la política vive de símbolos, Cepeda es un símbolo: para unos, de derechos humanos y negociación; para otros, de indulgencia y ambigüedad. La captura de Maduro hace que ambos bandos sientan, por primera vez en años, que la historia se puede escribir desde afuera. Desde Manhattan. Con sello federal.
