Por: Francy Manuela Arango
Hay instantes donde ponerse de pie, dar la espalda a la infamia y marchar con la frente en alto no es un acto de retirada: es un juicio moral que hace temblar los cimientos de la tiranía. Cuando la cúpula militar y policial encabezada por el General Hugo Alejandro López Barreto, el Mayor General Royer Gómez Herrera, el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, el Mayor General Carlos Fernando Silva Rueda y el General William Osvaldo Rincón Zambrano se retira del palco, en la historia de la nación, el silencio dice más que mil discursos encendidos. Lo que presenciamos no fue la simple marcha de un grupo de uniformados; fue la irrupción de la reserva moral de una nación que se negó a seguir siendo pisoteada. Ante la retórica del odio, ante la provocación calculada y la tribuna convertida en trinchera ideológica, las Fuerzas Militares no respondieron con la violencia que sus agresores buscaban. Respondieron con el arma más temible para los tiranos: la dignidad invencible del deber cumplido, haciendo frente a lo que representa una abierta afrenta a lo sagrado.
Cuando las armas de la Patria nos dieron la independencia hace 216 años, el General Francisco de Paula Santander proclamó una frase que debe vivir en nuestro corazón: “Colombianos, las armas os han dado la independencia, las leyes os darán la libertad”. La falsa narrativa del gobierno actual insiste en maquillar la realidad. Exaltar desde la cima del Estado las banderas de un pasado de terrorismo, secuestro y extorsión, disfrazados de falsos insurgentes, enarbolando insignias de un grupo al margen de la ley, rinde pleitesía a quienes tomaron las armas contra la democracia; y no se trata de un “gesto de paz”, es una afrenta directa al corazón de la democracia y la razón.
Hemos presenciado la deplorable escena en que la primera magistratura del “Estado” utiliza la tribuna pública, no para afianzar el orden nacional, sino para enarbolar el pendón del terror y rendir tributo a quienes no solo secuestraron, extorsionaron y asesinaron a personas del común, sino para justificar a quienes continúan amenazando la democracia y desafían la ley. Ante semejante desafuero, la fuerza pública, en actitud sobria y decorosa, ha decidido retirarse del estrado en franco rechazo a un gobierno criminal.
¿Desde cuándo la insignia de la ilegalidad se pretende imponer sobre la bandera que cobija las tumbas de nuestros héroes? ¿Desde cuándo el agresor exige pleitesía a la víctima? Equiparar el uniforme de la Patria con los trapos de la extorsión y el terror es una puñalada a la memoria de Colombia, a los caídos, a las familias que entregaron a sus hijos para que esta nación siguiera en pie. La Bandera de Colombia no es una opción entre muchas, ni un lienzo ideológico susceptible de ser negociado. Es el símbolo supremo de la soberanía nacional, la encarnación de la Constitución y la cobija sagrada bajo la cual reposan las esperanzas de más de cincuenta millones de ciudadanos y la memoria de nuestros héroes caídos. Permitir que nuestro símbolo patrio comparta el mismo espacio de honor con las insignias de una facción que se jacta de sus acciones en contra de la sociedad, no es un gesto de pluralismo: es una ruptura profunda del orden institucional y una afrenta directa a la reserva ética y moral de la Nación.
Todo esto pone de manifiesto la distinción sagrada entre la ley y la insurrección. Existe una frontera ética e histórica que jamás debió cruzarse en la tribuna del Estado: por un lado, el Pabellón Nacional (Amarillo, Azul y Rojo), que representa la unión de todos los colombianos, la vigencia del Estado de Derecho, la protección de los ciudadanos y la sangre vertida por generaciones de hombres y mujeres para preservar la libertad ; y por el otro, la bandera de un grupo terrorista, que encarna la época del asedio a las instituciones, el dolor de las familias secuestradas, la destrucción de pueblos y la pérdida cobarde de vidas militares, policiales y civiles que solo cumplían con su deber o buscaban vivir en paz.
No existe narrativa ni retórica de poder que pueda borrar esa diferencia. Rezando, el asesino no revive a su muerto. Pretender que la Bandera de la Patria comparta el estrado con los trapos de la rebelión en un acto de honor militar es despojar al Estado de su autoridad moral y negar el sacrificio de quienes lo dieron todo por defender la democracia. Para una madre que recibe el cuerpo de su hijo en un cofre de madera, la Bandera de Colombia no es un trozo de tela decorativo; es el último abrazo que la Patria le da al niño que ella alimentó, arrulló y vio crecer.
«Cuando me entregaron a mi hijo helado y cubierto por ese pabellón, sentí que la tela tricolor era lo único que sostenía mi alma en pedazos. Toqué el amarillo, el azul y el rojo pensando que allí estaba impregnado el último aliento de mi niño. Que hoy pretendan poner al lado de esa bandera sagrada los trapos y las insignias de los mismos que le arrebataron la vida a mi hijo, no es reconciliación; es arrancarme el corazón por segunda vez y escupir sobre su tumba.»
No hay discurso, ni decreto, ni tribuna que pueda igualar la majestad de un soldado que dio la vida por su pueblo. Los símbolos de la ilegalidad podrán adornar discursos pasajeros, pero la Bandera que cobija la tumba de nuestros héroes está bordada en el corazón de la Patria, un lugar sagrado al que la infamia jamás podrá alcanzar.
Gustavo Petro, como Comandante en Jefe, debe respeto a la nación. Ante las tropas, él ostenta la primera magistratura de la Nación y la jefatura de sus Fuerzas Armadas, llevando sobre sus hombros el deber constitucional de ser el primer custodio de los símbolos patrios. Las Fuerzas Militares se forman bajo un juramento solemne: “defender la Bandera de Colombia hasta rendir la vida si fuere necesario”, un deber que nunca ejerció porque siempre actuó con total desprecio hacia la nación y sus honorables fuerzas militares. Pero los hombres de honor no se arrodillan. Son aquellos que caminaron por el barro, la selva y el fuego para que otros pudieran vivir en libertad; son los hombres de honor los que no vendieron su conciencia por un aplauso; los que entienden que la obediencia debida encuentra su límite sagrado en el respeto a la Constitución y a la memoria de sus hermanos caídos; y los que hoy sienten el frío de la injusticia en el pecho, pero mantienen la mirada firme porque saben que la verdad y la justicia siempre terminan por imponerse.
A nuestros militares honorables: hoy no perdieron nada en ese estrado. Fue el terror y la anarquía la que se empequeñeció. Fue el discurso incoherente el que quedó desnudo en su vacuidad. Ustedes no se retiraron por cobardía; se retiraron porque la santidad de su uniforme no se contamina con la narrativa de la división, abriendo paso a la dignidad devuelta.
Esta noche oscura no es eterna. Se respira en el ambiente la víspera de una nueva era. Un viento de restauración recorre la Patria. Un despertar colectivo que le dice a Colombia que el orgullo de ser colombiano no nos será arrebatado. Nos preparamos para el día que está cerca en que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas vuelva a mirar a sus soldados con los ojos de la gratitud, y no con el recelo y rencor del antiguo adversario. Se acerca la hora en que las insignias de la discordia vuelvan al basurero de la historia y el uniforme de la Patria reciba el tributo, la autoridad y la majestuosidad que le corresponden. El sacrificio de quienes dieron la vida por proteger a los demás no es una abstracción ni una estadística de debate: es una historia humana sagrada. Mientras existan personas dispuestas a honrar ese dolor y mantener viva la dignidad de sus familias, su entrega jamás habrá sido en vano, concluyendo con una profunda e infinita gratitud a la Fuerza Pública.
