El desastre ambiental que debe detener el nuevo Presidente

Por: Mayor General (RP) William René Salamanca Ramírez

Desoladoras las imágenes que muestran las aguas de los ríos del Pacífico colombiano cubiertas por miles de troncos de árboles listos para ser comercializados ilegalmente.

Los registros fílmicos de la Dirección de Carabineros de nuestra Policía Nacional, la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación muestran cómo el crimen organizado, a la vista de todos, utiliza las aguas del San Juan y otros afluentes para transportar, mediante el mecanismo del ‘choriceo’ o amarre en cadena de la madera, el producto de sus crímenes contra las inigualables selvas del Chocó.

Las cifras son más que preocupantes: en recientes operativos, las autoridades incautaron más de 10 millones de metros cúbicos de madera de 17 especies de árboles protegidos y en estado de extinción, el equivalente a 420 hectáreas de bosque húmedo o 626 canchas de fútbol.

A este sombrío panorama se sumó la incautación, esta semana, de 3.153 piezas de madera en Puerto Leguízamo (Putumayo), departamento donde se deforestaron más de 740 mil hectáreas de bosque en 16 años.

Y es que, según el informe 2020 del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el país pierde en un solo año más de 170 mil hectáreas de selva, producto de la tala indiscriminada de bosques, la apropiación de tierras, la extracción ilícita de minerales y los cultivos ilícitos, especialmente en Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, Vaupés y Chocó. Otras entidades incluso van más allá y señalan que este ecocidio supera las 200 mil hectáreas anuales.

Hoy, en el Día Mundial del Medio Ambiente, proclamado por las Naciones Unidas en 1972, es importante llamar la atención sobre lo que estamos haciendo con el 52 por ciento de nuestro territorio, el cual está cubierto de bosques, riqueza que nos clasifica como potencia mundial en biodiversidad, pero que está en grave riesgo, con impredecibles consecuencias para nuestro país y el resto de la humanidad.

Este año, el tema central propuesto por la ONU es ‘Una Sola Tierra’, mediante el cual se busca visibilizar la emergencia que afronta nuestro planeta por cuenta del calentamiento global, que amenaza con extinguir a más de un millón de especies.

En nuestro criterio, avanzar en la solución de esta completa problemática requiere de una Nueva Política Integral de Seguridad, con énfasis en convivencia y cambio climático, que vaya mucho más allá de fortalecer la llamada ‘Operación Artemisa’, mediante la cual se busca frenar la deforestación, recuperar la selva húmeda tropical y poner tras las rejas a los responsables de la tala y quema de bosques.

De ahí que, si queremos cumplir con la meta de reducir en 51 por ciento la emisión de gases de efecto invernadero de aquí a 2030, es urgente comenzar a implementar un articulado proceso de transición energética que nos permita mutar hacia energías limpias y renovables, como eólica y solar, sin afectar las finanzas del Estado, máxime si tenemos en cuenta que los ingresos por petróleo, carbón, oro, gas, níquel y otros minerales son fundamentales para financiar las políticas macroeconómicas del país.

Además, no podemos seguir viviendo con dramas tan inhumamos como la constante muerte de humildes mineros en socavones de minas ilegales y legales, como el vivido esta semana con 14 trabajadores que quedaron atrapados en La Mestiza, en zona rural del municipio de El Zulia, Norte de Santander.

También es prioritario que el Congreso de la República ratifique el Acuerdo de Escazú, el cual hundió el año pasado. Sin duda alguna, este tratado es uno de los más importantes de América Latina y el Caribe para disminuir y prevenir los conflictos ambientales a partir de tres derechos fundamentales: acceso a la información, participación ciudadana abierta y justicia efectiva.

Esto significa, entre otros, trabajar en la protección de los líderes ambientales, ya que según el Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2016 y 2021 fueron asesinados 611 protectores del medio ambiente, casos relacionados, en su mayoría, con la protección de la tierra y la sustitución de cultivos ilícitos.

La organización no gubernamental internacional Global Witness denunció que en 2020 los criminales segaron la vida de 65 ambientalistas, más de la mitad de los que se reportaron en el resto del mundo. Y en 2021, este fenómeno superó otra vez las 60 víctimas, entre ellas jóvenes indígenas.

Adicionalmente, urge fortalecer las instituciones del Estado encargadas de administrar los recursos naturales y el acceso a la tierra, y crear las disposiciones legales necesarias para combatir la corrupción y el accionar del crimen organizado.

En ese sentido puede ayudar el libro ‘Colombia, país de bosques’, elaborado por 51 expertos, liderados por el exministro Manuel Rodríguez Becerra. Son 36 capítulos que ofrecen una mirada integral sobre la mayor riqueza del país, tanto para los hacedores de la política pública como para estudiosos de temas ambientales.

Los autores de la investigación, que acaba de ser publicada, son claros en advertir que, frente a la emergencia ambiental que vive el planeta, es imperativo detener la deforestación y restaurar nuestros bosques, con el fin de contribuir a la mitigación del cambio climático y a la lucha contra el declive de la biodiversidad.

También es importante destacar la reciente aprobación, por parte del Congreso de la República, del proyecto de ley que elimina, a más tardar en 2025, los plásticos de un solo uso en el país. Eso significa que desaparecerán las bolsas en los comercios, para embalar periódicos o facturas, los copitos de algodón, los pitillos, los envases y recipientes para transportar comida, así como los platos y cubiertos de plástico.

Nuestra invitación al próximo Presidente de la República es a no darle más largas a la tragedia ambiental que enfrenta el país, ya que están en peligro miles de especies, tanto animales como vegetales, al igual que nuestra invaluable riqueza hídrica, en tiempos en que estudios internacionales advierten que, de no frenar el cambio climático, en el año 2050 más de la mitad de la humanidad tendrá graves problemas para acceder al agua, líquido imprescindible para preservar la vida.

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