Por: Lina María Peña
Hay impuestos que se presentan con nombres tan políticamente correctos que pareciera imposible estar en contra de ellos. ¿Quién podría oponerse a algo llamado “impuesto saludable”? El problema empieza cuando detrás de una etiqueta aparentemente noble aparece la realidad: más costos, productos más caros, menor margen de ganancia y una presión adicional sobre quienes sostienen buena parte de la economía colombiana: el tendero, el panadero, el pequeño comerciante y el microempresario.
Los llamados impuestos saludables fueron creados en la reforma tributaria de 2022 y comenzaron a aplicarse en noviembre de 2023 sobre determinadas bebidas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados. Las tarifas para estos últimos llegaron al 20 % desde 2025.
La pregunta que debería hacerse hoy Colombia es sencilla: ¿realmente se protegió la salud de los ciudadanos o simplemente se creó otra fuente de recaudo a costa del bolsillo de los colombianos?
Porque cuando un panadero compra materias primas más costosas, cuando una tienda de barrio ve caer la rotación de determinados productos o cuando un pequeño negocio debe trasladar el incremento al consumidor para no trabajar a pérdida, el impuesto deja de ser una discusión abstracta de política pública. Se convierte en una factura que alguien tiene que pagar.
Y ese alguien muchas veces no es una gran multinacional. Es el pequeño comerciante.
Los defensores del impuesto pueden argumentar —con razón— que existe evidencia internacional de que gravar determinados productos puede reducir su consumo. Ese debate debe darse con seriedad. Pero una política pública no puede evaluarse solamente por cuánto recauda. También debe medirse por sus efectos sobre el empleo, los pequeños negocios, los precios y la capacidad de sobrevivir de quienes viven del comercio diario.
En Colombia, además, el recaudo no ha sido menor. La DIAN registra tarifas que llegaron al 20 % para determinados productos desde 2025, mientras análisis recientes reportan un recaudo de $2,88 billones en 2024 y $1,9 billones acumulados en lo corrido de 2026.
Entonces aparece una pregunta incómoda: si el Estado recauda billones, ¿quién está pagando realmente el costo de esa política?
El debate vuelve al Congreso precisamente por una iniciativa de los representantes Daniel Briceño y Carol Borda, quienes presentaron un proyecto de ley para eliminar los llamados impuestos “saludables”. Ambos sostienen que el gravamen terminó afectando a los pequeños comerciantes y encareciendo productos de consumo cotidiano.
No es una discusión nueva. La senadora María Fernanda Cabal convirtió desde hace años la eliminación de este impuesto en una de sus banderas políticas. En 2025 llegó a plantear públicamente que, si llegaba a la Presidencia, lo eliminaría, argumentando que había golpeado a los tenderos.
Ahora bien, que distintos sectores políticos coincidan en la necesidad de desmontarlo no significa que debamos dejar de preguntar qué hacer después.
Porque eliminar un impuesto no basta.
El verdadero reto es devolverle oxígeno al pequeño empresario colombiano. Al panadero que madruga para producir. Al tendero que mantiene abierto su negocio hasta altas horas de la noche. Al microempresario que emplea a dos, cinco o diez personas y que no tiene un departamento jurídico ni financiero para absorber cada nuevo costo.
Colombia necesita una política económica que premie al que produce, no que convierta cada venta en una oportunidad adicional para cobrarle al ciudadano.
Si el propósito era mejorar la salud pública, existen otras herramientas: educación nutricional, prevención, promoción de hábitos saludables y mejores políticas de salud pública. Lo que no puede ocurrir es que bajo la bandera de la salud se termine construyendo un sistema tributario que castigue al pequeño comerciante y encarezca la vida cotidiana.
Y hay algo todavía más importante: el dinero público debe tener resultados visibles. Si se recaudan billones bajo el argumento de financiar la salud, los colombianos tienen derecho a saber exactamente cuánto se recaudó, dónde terminó cada peso y qué resultados concretos produjo.
De lo contrario, el ciudadano termina viendo un Estado que le cobra más, pero no necesariamente le responde mejor.
Por eso el proyecto de Briceño y Borda merece ser discutido de frente, sin fanatismos y sin etiquetas. También debe reconocerse que Cabal lleva años poniendo este tema sobre la mesa. Pero la discusión no puede convertirse simplemente en otra bandera electoral.
Debe convertirse en una pregunta mucho más profunda:
¿Queremos un país donde sea más fácil cobrar impuestos o uno donde sea más fácil trabajar, producir y emprender?
Porque un país no se construye quebrando al que vende el pan, aumentando los costos del que produce o castigando al tendero que sostiene su negocio con las uñas.
Se construye haciendo que trabajar vuelva a valer la pena.
Y si desmontar un impuesto que ha terminado presionando al pequeño comercio ayuda a recuperar ventas, empleo y capacidad de consumo, entonces no estamos hablando simplemente de quitar un tributo.
Estamos hablando de devolverle un poco de aire a quienes mantienen viva la economía desde abajo.