Que un senador de la República pueda seguir votando leyes con un dispositivo de rastreo amarrado al tobillo no debería sorprender a nadie que haya seguido de cerca al Congreso colombiano; sin embargo, cada vez que ocurre, el país reacciona con la misma mezcla de indignación y resignación, como si asistiera a la enésima temporada de una serie que ya conoce de memoria.
El caso de Miguel Ángel Barreto, senador del Partido Conservador, es el episodio más reciente de esa saga. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le impuso medidas no privativas de la libertad (vigilancia electrónica a cargo del INPEC, una caución de 40 millones de pesos y la prohibición de contactar testigos) dentro de la investigación por tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. El expediente hace parte del llamado caso «Las Marionetas 2.0», una presunta red que habría direccionado contratos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y de la empresa estatal Proyecta a cambio de coimas o apoyo electoral, heredada de un esquema diseñado, según la propia Corte, por el fallecido excongresista Mario Castaño.
Vale la pena dimensionar el contexto: no es un caso aislado. En el mismo entramado, ya fue condenado a más de veintitrés años de prisión el exsenador Ciro Ramírez, y la investigación ha salpicado a varios congresistas más, en lo que algunos medios han descrito como un carrusel de contratos alrededor de Prosperidad Social. No estamos ante la desviación puntual de un legislador indisciplinado, sino ante un patrón que se repite con la insistencia de un mal endémico.
Lo primero que debo señalar es que la decisión de la Corte, técnicamente, es razonable: la vigilancia electrónica en lugar de la detención preventiva no es un privilegio caprichoso, sino una aplicación de principios penales que rigen por igual a un congresista y a cualquier ciudadano. El problema no es jurídico, es simbólico y político: es la imagen de un congresista votando reformas que afectan a millones de colombianos mientras carga un dispositivo que existe, precisamente, para que la justicia no pierda su rastro.
Esa imagen desgasta algo más profundo que la reputación de un senador: desgasta la credibilidad de la institución que lo alberga. Cada vez que el país ve a un congresista bajo medida cautelar seguir ejerciendo su curul con normalidad, se refuerza la percepción de que el fuero parlamentario funciona más como un escudo que como una garantía procesal razonable y esa percepción no es gratuita: mientras la Fiscalía y la Corte avanzan a paso lento (el propio caso Barreto tiene indagatorias aplazadas desde 2025), el imputado conserva intacta su capacidad de incidir en las decisiones legislativas del país.
La respuesta no puede quedar únicamente en manos de la Corte Suprema, que ya hace su parte con las herramientas que la ley le da. Le corresponde al propio Congreso (el mismo que hoy mira para otro lado, por conveniencia) discutir en serio mecanismos de suspensión temporal de funciones para congresistas formalmente investigados por delitos relacionados con su cargo, sin vulnerar el debido proceso. Otros países (España, Reino Unido, Brasil, Perú, Italia) ya han transitado ese debate sin que la institucionalidad se derrumbe; Colombia sigue tratando cada escándalo como una anomalía aislada, en lugar de como el síntoma de un diseño que necesita ajustes.
Es aquí donde conviene decirlo sin rodeos: este es, en el fondo, el motivo por el cual Colombia no progresa. No es falta de recursos ni de talento; es que seguimos premiando la delincuencia y la corrupción en lugar de sancionarlas con la contundencia que exigen. Un país donde un investigado por direccionar contratos públicos conserva su curul, su salario y su poder de decisión sobre el presupuesto de todos, envía un mensaje devastador: que el atajo paga más que el mérito. Mientras ese flagelo no encuentre cura de raíz (no con discursos, sino con consecuencias reales y oportunas), será difícil construir el país próspero y desarrollado que los colombianos llevan décadas esperando.
Mientras esa discusión no se dé, seguiremos viendo la misma escena de fondo: un país que exige transparencia, una justicia que impone brazaletes y un congreso que sigue legislando como si nada de esto lo tocara. Ese, más que cualquier otro, es el verdadero escándalo de las marionetas: no el de un senador con tobillera, sino el de una institución entera que, año tras año, aprende a convivir con la corrupción sin que le tiemble el pulso, condenándonos a seguir viviendo, elección tras elección, en una democracia con brazalete electrónico.
