Por: Luis Manuel Ramos Perdomo
La polémica es algo que rodea las propuestas y anuncios del gobierno Petro y a diferencia del pasado, no es el resultado de una oposición irreflexiva o del agotamiento de un elaborado plan para afectar y atentar contra la gobernabilidad planeado desde los cuarteles del derrotado con el apoyo de gobiernos extranjeros, grupos terroristas y organizaciones criminales, todo ello bajo el sofisma de la movilización social.
Una parte de la polémica tiene origen en la sorpresa y desconcierto que generan la improvisación, el alto grado de contradicción y en algunos casos la incoherencia que han convertido al gobierno en una especie de sainete en donde los dimes y diretes, desmentidas y reculadas son el pan de cada día. A muchos sorprende que ese apasionado y místico ejercicio de oposición que abanderó Petro durante más de 20 años, plagado de ideas, planes, programas, proyectos, respuestas y soluciones a los problemas del País se haya convertido en menos de seis meses de gobierno en un escenario plagado de excusas e incertidumbre.
Dos de sus polémicas propuestas se relacionan con la Política Criminal de Estado y tienen muchos puntos en común: “La Paz Total” y “La Reforma Penal” ambas incorporan modificaciones al ordenamiento legal con propósitos políticos pero acudiendo a una mixtura de mecanismos e instituciones existentes de tiempo atrás, unas incluso utilizadas en el pasado en el País y otras producto de la transpolación normativa que pretende la incorporación de figuras aplicadas en otras jurisdicciones.
El gobierno Petro no es el primero y con seguridad no será el último en acudir al denominado populismo punitivo en el que se capitalizan políticamente la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, pero indiscutiblemente es el primero y ojalá sea el último en flexibilizar las aristas de la justicia premial al punto de convertirla en una forma de complicidad y encubrimiento.
En punto de esas propuestas la polémica se incrementa en atención a la percepción generalizada de corresponder a exigencias e imposiciones de la criminalidad como contraprestación por los “buenos oficios” desplegados durante la campaña política y el resultado electoral logrado.
Fueron de público conocimiento las visitas realizadas durante la Campaña por el hoy Comisionado de Paz, el Hermano de Petro y otros reconocidos miembros del denominado “Pacto Histórico” a Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios y la filtración que varios de los privados de libertad realizaron de dichas visitas, exponiendo incluso las relaciones bilaterales con los Estados Unidos ante la posibilidad de realización de acuerdos en virtud de los cuales se suspendiera la Extradición. Ese vergonzoso episodio es hoy en día conocido como “EL PACTO DE LA PICOTA”
El hecho que las propuestas del gobierno recojan los puntos de la agenda establecida en el Pacto de la Picota no constituyen casualidad ni coincidencia y eso queda claro incluso con las reuniones que con posterioridad a la posesión de Petro continúan realizando emisarios a distintos Establecimientos Penitenciarios para los mismos fines.
No obstante lo anterior es imperioso reconocer que el sistema penitenciario y carcelario colombiano atenta contra la dignidad humana y ello ha sido reconocido por la Corte Constitucional y la declaratoria de Estado de Cosas Inconstitucionales al interior de sistema, en donde el hacinamiento, mala prestación de servicios de salud, ausencia de infraestructura sanitaria y la corrupción entre otros, son una constante que ha sido enfrentada durante décadas con “pañitos de agua tibia”. Posiblemente, de haberse planteado en este contexto algunos de los aspectos de los que se ocupan las propuestas, hubieren sido de mejor recibo.
Los Derechos Humanos y su discurso no pueden seguir siendo una parcela ideológica para la manipulación y deben ser garantizados a todas las personas sin distinción en el marco de la dignidad y la legalidad. Ello no significa que se puedan aplicar con criterios selectivos y diferenciadores como una estrategia de empoderamiento y legitimación de un régimen político.
Las personas privadas de libertad y recluidas en Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios han llegado allí por cuenta de decisiones judiciales, generadas al interior de actuaciones regidas por un Debido Proceso, con el respeto a los Derechos consagrados en la Constitución, la Ley y los Instrumentos Internacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Obviamente ello no es perfecto y se han presentado múltiples errores con los que se ha afectado a cientos, incluso miles de personas, pero esos errores los ha cometido la administración de justicia.
Para la privación de la libertad, los Jueces deben aplicar y ponderar los hechos y “pruebas” frente a unos fines constitucionales de las medidas en atención a factores como el Riesgo de Obstrucción a la Justicia, El Peligro para la Sociedad, El Peligro para la Víctima, El Riesgo de no Comparecencia, valorados ellos a la Luz de la legalidad y del muy rico escenario jurisprudencial que se nutre del llamado Garantismo.
De otro lado están las personas privadas de libertad que han sido vencidas en juicio y condenadas a pagar una pena de prisión
También se encuentran las personas privadas de libertad por cuenta de solicitudes de extradición.
Lo que en mi opinión viene ocurriendo es que la visión de Petro se encuentra contaminada por su pasado criminal y condición de ex presidiario dada su vinculación a un Grupo Terrorista, lo que unido al Pacto de la Picota y a que muchos de aquellos de los instrumentalizados por sus alfiles en las denominadas movilizaciones, estallidos, paros y protestas terminaran privados de libertad, ha despertado una especie de empatía o espíritu de cuerpo que lo lleva a utilizar su cargo para encontrarles una salida, pasando por encima de la Constitución al desconocer la autonomía de las ramas del poder público y afectar las relaciones internacionales con su política pro drogras y anti extradición. Debo aclarar que en lo personal nunca he estado de acuerdo con la extradición por el reconocimiento implícito de una renuncia al ejercicio de jurisdicción en desmedro de la Soberanía, lo que dista de no estar de acuerdo con ella para fundamentar la impunidad.
No en vano la Fiscalía General de la Nación y algunos miembros de la Judicatura se han negado a cancelar las órdenes de captura y liberar a algunos de los individuos sub iudice que integran los listados elaborados por el Gobierno Nacional, al tiempo que la Procuraduría General de la Nación adelanta investigación disciplinaria y ha instaurado denuncia penal en contra de alguno de los Jueces que ha ordenado libertades en dicho contexto.
Varios de los parlamentarios integrantes de la Bancada de Gobierno, incluido el Presidente del Senado han manifestado de manera reciente su malestar e inconformismo ante la iniciativa y el procedimiento desplegado por el gobierno sobre la materia.
Se sume a la peculiar propuesta de Paz el anuncio de la Policía Nacional de suspender los operativos policiales contra grupos ilegales y el todavía mas insólito pronunciamiento del Director de la Institución, según el cual pese a la suspensión de los operativos, las órdenes de captura conservan la vigencia, por lo que serían los delincuentes quienes deberían presentarse voluntariamente a la justicia para ser capturados tal y como lo publica en el día de hoy un reconocido portal de noticias.
Incluso lo que parece ser la deliberada intención de marginar a las víctimas en este “nuevo modelo” de diálogos y negociaciones ha llamado poderosamente la atención de académicos, estudiosos y reconocidas organizaciones como la Corporación Excelencia en la Justicia y por supuesto, de la Comunidad Internacional.
La percepción es que los protocolos de sometimiento a la justicia, acogimiento, negociaciones y diálogos, excarcelaciones, amnistías e indultos son el Cambio de la utilización de Todas la Formas de Lucha por la búsqueda de Todas las Formas de Impunidad con la forzosa conclusión y muy mal mensaje de que el Crimen definitivamente si paga y lo hace muy bien.
Mientras en Colombia, tal y como lo declarará uno de los dirigentes del ELN, los actores del conflicto consideren la guerra como necesaria, estén en desacuerdo con el concepto de paz total y continúen participando activamente del narcotráfico y el desbordado crecimiento que ha tenido en los últimos meses, lo único que veremos salir de las mesas de dialogo y conversaciones serán comunicados como aquel que en días pasados desmintió al gobierno cuando manifestó haber acordado el denominado cese bilateral y toda serie de decretos e instrumentos de orden claudicador desde el gobierno, para tratar de seducir a una criminalidad cada vez más empoderada ante la evidente neutralización ordenada a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.
Durante años he sostenido que los procesos de paz en Colombia son verdaderas tipologías de lavado de activos y legitimación de capitales generados por la realización de actividades delictivas comunes desplegadas por grupos y organizaciones que justificándose en la lucha política y la reivindicaciones sociales se convirtieron en empresas multinacionales cuyos recursos campean por los circuitos financieros internacionales y dinamizan la economía nacional gracias a la utilización de empresas constituidas con apariencia de legalidad al interior de los distintos sectores económicos.
Ninguno de los procesos de paz adelantados en Colombia con las organizaciones delictivas bajo las formas de grupos subversivos o guerrillas y grupos de autodefensa o paramilitares se ha ocupado de la problemática de la estructura financiera y los millonarios recursos obtenidos tras décadas de participación en el conflicto armado. Se ha entendido de manera reciente que en el plano económico el único componente patrimonial del que se deben ocupar los diálogos y procesos de paz, son los relacionados con la reparación a las víctimas, la cual incluso viene operando con cargo al tesoro nacional.
A diferencia por ejemplo de las “recompensas” o beneficios por entrega voluntaria de bienes al interior de los procesos de Extinción del Derecho de Dominio, las propuestas del gobierno Petro contemplan la legitimación de un porcentaje del patrimonio y los bienes que se declaren y entreguen en el marco de las negociaciones adelantadas para la Paz Total por parte de los grupos, organizaciones e individuos.
No podemos olvidar que incluso después que Juan Manuel Santos declarará hace varios años ante la Comunidad Internacional el fin de la Guerra en Colombia tras el anuncio de la Paz con la Guerrilla de las FARC, el nuevo proceso de paz incluye nuevamente a las FARC, quienes firmaron “La Paz” supuestamente se desmovilizaron y se acogieron a un modelo de justicia transicional bajo la Jurisdicción Especial para la Paz que sería gobernado por la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, en donde lo que ha queda claro es el desinterés por las víctimas y que la sanción que recibirán en Colombia los confesos responsables de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad será una pena alternativa cuyas recomendaciones apuntan a su cumplimiento mediante procesos de reforestación.
Noto con preocupación que las Propuestas del gobierno Petro serán más de lo mismo y posiblemente peor.
Llegará el momento en que Colombia tendrá una Ley de Punto Final, pero por ahora seguiremos con Leyes de Puntos Suspensivos con las que el gobernante de turno pretende ganar puntos ante una Comunidad Internacional y los adversarios de los Colombianos, Colombia y sus Instituciones.
