Por: Nicole Levy Eidelman
El pasado 1 de octubre la Corte Suprema de Justicia condenó al exsenador y exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos. El exmandatario fue condenado por el delito de concierto para delinquir con el fin de promover grupos armados ilegales. Lo sentenciaron a casi ocho años de prisión y se le negó la posibilidad de arresto domiciliario.
El magistrado Jorge Emilio Caldas votó en contra de la condena del exgobernador de Antioquia, dejando un documento donde dice demostrar la inocencia del procesado por duda probatoria. Caldas asegura que aportes como el que dice haber hecho el Tuso Sierra a la campaña de Ramos para el Senado entre 1998 y 2002 son inciertos, ya que el jefe directo de Sierra en las autodefensas, alias ‘Don Berna’, dice no acordarse de este aporte y las fechas de dicha entrega son vagas e inconclusas.
Caldas argumenta que los testimonios donde se dice que hubo aportes por parte de Miguel Arroyave, comandante del grupo Centauros y de los hermanos Castaño carecen de validez y no existe claridad de información.
El magistrado asegura que también hubo falsos testigos y testimonios.
Otro político que se ha visto involucrado en un proceso legal a escasos nueve meses de la contienda electoral es el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. Su proceso empezó en el 2013 pero el pasado 21 de agosto la Fiscalía lo acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos y peculado por apropiación. Este caso está relacionado con un préstamo que aprobó como Gobernador de Antioquia en 2013 y que según la Fiscalía generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento.
Fajardo dice ser inocente. Además argumenta que la Fiscalía ha cambiado sus argumentos a través del proceso diciendo que: antes le reclamaban por la volatilidad del dólar, y «después de ver que ese argumento no tenía sentido, ahora presentan otros», dando a entender que la Fiscalía ha cambiado de argumentos a lo largo de su proceso.
También hace énfasis en que en el 2017 la Procuraduría General de la Nación había decidido; después de tomar y estudiar el caso, desestimarlo y archivarlo. A lo que él y muchos otros se preguntan por qué desarchivarlo ahora?
Otro político involucrado en dichos procesos es Oscar Iván Zuluaga. En el 2014 el entonces candidato presidencial se vio involucrado en el escándalo de Odebrecht. El Consejo Nacional Electoral de Colombia formuló cargos contra la campaña de Zuluaga argumentando que esta misma había recibido 1.6 millones de parte de Odebrecht para prestarle servicios a la campaña «Manos Firmes, Corazón Grande». Zuluaga siempre se ha sostenido en que su campaña fue totalmente transparente.
La pregunta del millón es, por qué a través de los años diferentes entidades sacan procesos ya archivados de años atrás? Y más que cualquier cosa, por qué siempre lo hacen justo antes o durante las campañas electorales? Qué ganan? O más bien, a quién no le conviene que ganen? Como dijo Sócrates: «Cuatro características corresponden al juez: Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente». Amanecerá y veremos.
