Fiódor Dostoievski publicó Crimen y Castigo en 1866. La novela narra la historia de un hombre convencido de ser extraordinario, por encima de las leyes ordinarias, que comete un crimen calculado y pasa el resto del relato destruido por la culpa hasta que la confesión se vuelve inevitable. Ciento sesenta años después, la trama tiene una versión colombiana.
El 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro entrega la Casa de Nariño. Lo que viene después no es el silencio.
Los que ya confesaron
Olmedo López fue el primero en quebrarse. El exdirector de la UNGRD que supervisó el desvío de 612.000 millones de pesos para sobornar congresistas se declaró culpable el 20 de mayo de concierto para delinquir y peculado. Ofreció disculpas en wayuunaiki a las comunidades de La Guajira. Acordó declarar contra 23 procesados. Es el testigo más peligroso del gobierno Petro porque conoce todos los eslabones de la cadena — desde los contratistas hasta los ministros.
Sneyder Pinilla cooperó antes que López. Sus declaraciones ya comprometieron a Francia Márquez en el principio de oportunidad. Sus grabaciones y chats están en el expediente.
Nicolás Petro fue imputado y enfrenta proceso penal activo. Su exesposa Day Vásquez entregó grabaciones, chats y declaraciones que comprometieron tanto a él como a personas cercanas a la campaña presidencial de 2022. Es hoy testigo potencial contra su propio padre en las investigaciones que se adelantan en Colombia y en las que se preparan en Nueva York.
Los que están siendo investigados
Ricardo Roa enfrenta cargos de corrupción y tráfico de influencias. La Fiscalía tiene evidencia de que excedió los límites de gasto de la campaña de 2022 y direccionó contratos de Ecopetrol hacia una empresa cuyos dueños le vendieron un apartamento a precio de descuento. El próximo 28 de mayo cumple siete semanas de vacaciones.
Fuentes de la Casa de Nariño señalan que Petro está afanado por que regrese. La junta directiva de Ecopetrol, con mayoría petrista, tendrá la última palabra, por ahora.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco están en detención preventiva. Su juicio apenas comienza. El expediente tiene declaraciones, grabaciones, transferencias bancarias y testigos colaboradores. Es uno de los casos de corrupción mejor documentados de la historia judicial.
El que huyó
Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, salió de Colombia antes de que se ejecutara la orden de captura en su contra. Está en Nicaragua bajo protección del gobierno Ortega. Interpol libró circular roja. Mientras permanezca en Managua, es intocable para la justicia colombiana. Pero los regímenes que protegen prófugos no duran para siempre.
El que está en la lista negra del narco
Gustavo Petro termina su mandato como el único presidente en ejercicio de una democracia latinoamericana incluido en la lista SDN de la OFAC bajo la categoría de drogas ilícitas. Esa sanción no se levanta con el cambio de gobierno. No se levanta con un pasaporte diplomático. No se levanta con un cargo honorífico en un eventual gobierno Cepeda. Se levanta cuando Washington decide levantarla, y Washington no ha dado ninguna señal en esa dirección.
Las fiscalías del Distrito Sur de Nueva York tienen a Petro en la mira dentro del expediente contra Maduro. El indictment contra el dictador venezolano certifica la alianza entre el régimen y las FARC para producir y transportar cocaína. Petro aparece en ese ecosistema como el gobernante que protegió esa alianza a través de la paz total y que defendió a Maduro ante la comunidad internacional hasta el último día.
El peso de la culpa
Dostoievski entendió algo que los políticos colombianos parecen olvidar: el crimen no termina cuando se comete. Termina cuando se paga. Olmedo López lo entendió y confesó. Los demás todavía creen que el 7 de agosto les traerá impunidad. El expediente está abierto. Y los expedientes no prescriben solos.
