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CONTRA EL NARCOTRÁFICO

por El Expediente
diciembre 17, 2020
en Opinión
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Por: Paola Holguín

El pasado 13 de diciembre el diario El País de España publicó un preocupante artículo titulado “La cocaína universal”, donde afirmaban que, “jamás se consumió tanto, jamás se produjo tanto; el tráfico de la droga ha mutado como industria y se ha adaptado a los nuevos tiempos”. Y en Colombia sí que podemos dar fe de ello, según el mismo artículo, de 2005 a 2018, los cultivos ilícitos se duplicaron en nuestro país, y adicionalmente, la hoja de coca ha mejorado su rendimiento y la pureza de la cocaína incautada pasó del 50% hace 10 años a 85% hoy.

Frente al tema de la lucha contra el narcotráfico podemos hacer muchas reflexiones, yo les quiero compartir algunas de las lecciones aprendidas después de estos años de trabajo en diferentes países y con tantos sectores e instituciones.

1. Existe más o menos consenso en que el tratamiento para el productor, comercializador, distribuidor y comercializador debe ser penal, y para el consumidor debe ser de salud pública, pues quien consume no es delincuente, sino enfermo.

2. También es claro que la política pública de intervención tiene que ser integral (prevención, control, represión y rehabilitación), y que el narcotráfico funciona como sistema altamente especializado, por lo que requerimos capacidad para combatir cada eslabón de la cadena: producción (cultivos, sustancias químicas y procesamiento), distribución (acopio, embalaje, rutas y transporte), comercialización (manufactura, abastecimiento y venta) y capital (lavado de activos).

3. Es necesario trabajar para bajar oferta y demanda. Y en cuanto a la demanda, los datos son cada vez más preocupantes, el último Informe de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD, OEA 2019), establece el inicio del consumo de drogas a edades cada vez más tempranas, el cambio en las tendencias de consumo y nuevos desafíos, por ejemplo, porque la percepción del riesgo por consumo de drogas está disminuyendo y con ello su uso tiende a aumentar, los inhalables entre las personas más jóvenes es un área de especial preocupación y la proliferación de nuevas drogas sintéticas y medicamentos de prescripción controlada desviados para uso ilícito (de 2009 a 2017, 111 países y territorios en todo el mundo reportaron un total de 803 nuevas sustancias psicoactivas al sistema de alerta temprana de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).

4. Entendiendo el narcotráfico como sistema con subsistemas especializados, es importante la recolección y análisis de información. Esto obliga a que pasemos de la investigación sobre hechos, al análisis para la comprensión del fenómeno, tal como trata de hacerse desde el Centro de Inteligencia Prospectiva (CIPRO), de la Policía Nacional (grupo de investigación categorizado ante Colciencias) y desde los Observatorios del delitos, que deben ser interinstitucionales, cruzando bases de datos y auditándolos.

En Medellín, por ejemplo se creó desde 2008 el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia- SISC, que sirve de soporte al diseño y ejecución de las decisiones de política pública local en materia de seguridad y gobernabilidad; articula seguridad y justicia con participación de sector público, privado y academia; genera reportes mensuales de frecuencia diaria, semanal, quincenal y mensual e insumos a solicitud de entidades públicas, medios de comunicación y sociedad civil. Está compuesto por un equipo interdisciplinario altamente calificado en áreas tan diversas como ingeniería de sistemas, administración de sistemas de información geográfica, criminología, ciencias políticas, economía, sociología, derecho, entre otros.

5. La política contra el narcotráfico, al igual que toda la política de seguridad y defensa, debería ser de Estado y no de Gobierno; porque es muy difícil lograr sostenibilidad y medir resultados cuando cada cuatro años se están cambiando enfoques, objetivos, programas, planes, proyectos y estrategias. Por ejemplo, los niños y jóvenes que deben tener especial atención para prevenir el consumo y la vinculación a estructuras criminales; muchas veces inician procesos que se ven interrumpidos con los cambios de Gobierno, y no duran suficiente para poder medir su efectividad (como ha sucedido con programas tan prometedores como Parceros, Jóvenes R’ o Códigos Azules)

6. Seguridad y justicia son un binomio inseparable; pues todo crimen, sea narcotráfico, terrorismo, corrupción o cualquier otro, parte del análisis costo- beneficio, y un país con niveles de impunidad superiores al 90%, como es el caso de Colombia, es caldo de cultivo para la criminalidad. Se requiere un sistema judicial pronto, eficaz, eficiente, transparente, accesible y capaz de adaptarse a las rápidas mutaciones de los fenómenos delictivos.

Estos son unos primeros puntos. En próximas columnas trataré específicamente temas de microtráfico, fumigación con glifosato o lavado de activos, con un llamado al debate público para la construcción de una política que nos permita controlar este flagelo que es el combustible de todas las estructuras criminales en el país.

PD: Enhorabuena, el 16 de diciembre de 2020 se instaló la Comisión Accidental para el Seguimiento al avance de las políticas y acciones públicas para la lucha contra el narcotráfico y actividades ilícitas asociadas en el Senado de la República.

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