Por: Lina María Peña
@linnammaria En democracia, los empalmes no son una cortesía. Son una obligación institucional. Representan el momento en que un gobierno reconoce que el poder pertenece a los ciudadanos y no al gobernante. Quien gana recibe el Estado; quien pierde, entrega el Estado. Esa es la esencia de la alternancia democrática.
Por eso preocupa la actitud del presidente Gustavo Petro frente al triunfo electoral de Abelardo. Más allá de las diferencias ideológicas o de las disputas políticas, desconocer o deslegitimar la decisión de las urnas envía un mensaje peligroso: que solo son válidos los resultados cuando favorecen al poder. Esa lógica no fortalece la democracia; la erosiona.
Colombia ha construido, con enormes dificultades, una tradición de transición institucional. Gobiernos de derecha, de centro y de izquierda han recibido el poder mediante procesos de empalme que buscan garantizar la continuidad del Estado. El país no puede darse el lujo de convertir cada cambio de gobierno en una confrontación permanente donde las instituciones terminen subordinadas a los intereses de quien ocupa la Casa de Nariño.
Los empalmes no son para hacer favores al sucesor. Son para proteger a los ciudadanos. La información pública, los contratos, las finanzas y los proyectos pertenecen al Estado, no al gobierno saliente. Obstaculizar ese proceso es afectar la administración pública y sembrar incertidumbre donde debería existir transparencia.
Quien llegó al poder prometiendo profundizar la democracia debería ser el primero en respetar sin ambigüedades el veredicto popular. La legitimidad de una elección no depende de la simpatía del presidente por el ganador. Depende exclusivamente de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.
Porque Colombia no es una revolución permanente ni un proyecto personalista. Es una República con instituciones, pesos y contrapesos. Aquí el poder cambia de manos porque así lo decide el pueblo.
Colombia no es Cuba. Y usted no es Fidel. El presidente tiene el deber constitucional de gobernar hasta el último día de su mandato, pero también la obligación democrática de preparar la entrega del poder cuando así lo ordenan las urnas. Esa es la diferencia entre un estadista y un cau
