Por: Carlos Eduardo Gómez
La corrupción en Colombia es como la coca: una planta que crece en todas partes, que se aprovecha de la pobreza y la desigualdad, que se alimenta de la impunidad y la complicidad, y que produce un daño irreparable al país y a sus ciudadanos.
Un ejemplo reciente de esta plaga es el escándalo de los sobrecostos en la adquisición de carrotanques comprados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), una entidad encargada de atender las emergencias y los desastres naturales.
Según las denuncias del secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, y del senador Jota Pe Hernández, la UNGRD habría pagado más de 46.000 millones de pesos por 40 carrotanques destinados a llevar agua potable a La Guajira, una de las regiones más afectadas por la sequía y la crisis humanitaria.
Sin embargo, los carrotanques no solo habrían tenido un sobreprecio de más del 100%, sino que además presentarían fallas técnicas y operativas que impedirían su funcionamiento adecuado.
Este caso es una muestra de cómo la corrupción se aprovecha de las necesidades más básicas de la población, como el acceso al agua, para enriquecerse a costa del erario y de la vida de miles de personas. Es una muestra de cómo la corrupción se camufla bajo la apariencia de legalidad y transparencia, pero que en realidad esconde una red de intereses y de complicidades que la protegen y la perpetúan.
Es una muestra de cómo la corrupción es una forma de violencia que genera más pobreza, más desigualdad, más injusticia y más indignación. Es una muestra de cómo la corrupción es una amenaza para la democracia, para el Estado de derecho y para la paz.
Por eso, es necesario que las autoridades competentes investiguen a fondo este caso y lleguen hasta las últimas consecuencias con los responsables. No se puede tolerar que se siga robando el dinero de los colombianos y que se siga jugando con el sufrimiento de las comunidades más vulnerables.
No se puede permitir que la corrupción siga siendo la coca de Colombia.