Por: Paloma Valencia
Colombia es el país más desigual en ingresos de la OCDE y el segundo en América Latina. Según el Banco Mundial, al ritmo actual, tardaremos tres décadas y media en alcanzar el nivel de los países desarrollados. Un país de ingresos medios como Colombia no puede tener más de 7 millones de personas en la pobreza extrema y 21 millones en la pobreza monetaria. Aumentar y lograr una mejor distribución de los recursos públicos para acabar con la pobreza es uno de los vacíos en la política económica colombiana.
La desigualdad económica per se no es un problema salvo que coexista con la pobreza. Esta precisión es necesaria porque acabar con la desigualdad puede a su vez destruir la riqueza, y convertir una sociedad en más igualitaria, pero con más pobres. Por esta razón, la política de estado debe ser erradicar la pobreza más no la desigualdad, y para ello debe existir una mejor distribución de los recursos públicos.
Colombia tiene dos retos en esa distribución, por el lado de la fuente, el país recauda pocos ingresos. Para el año 2019, el recaudo tributario del país era del 19,6% del PIB, ocupando el puesto 59 entre 81 países analizados por la OCDE. Países como Suiza, Italia, Finlandia o Francia recaudan por encima del 40%. Sin embargo, no es cierto que los “ricos” de Colombia no paguen, de hecho pagan, y mucho. El problema es que no todos los que pueden aportar, lo deben hacer. El banco mundial estima que en los países desarrollados se paga renta desde ingresos equivalentes a la mitad del PIB per cápita, mientras en Colombia inicia el pago después de 3,5 veces el PIB per cápita.
Si dividimos a la población colombiana en diez grupos (deciles) donde cada grupo tiene el mismo número de personas, pero el grupo uno (1) contiene aquellos con menores ingresos, y así hasta llegar al grupo diez (10), donde están los de mayores ingresos; al 2019, los únicos que pagaban renta, son algunos del grupo diez (10). Esto equivale a algo más de 1,6 millones de colombianos. Si los recursos públicos dependieran solo de las personas naturales, se podría concluir que menos de 2 millones de personas financian el presupuesto general de la nación. La propuesta no es subirles los impuestos a esos 1,6 millones de personas-aunque se debe revisar su tarifa real-, sino aumentar el número de los que pagan. El Banco Mundial aconseja que en el corto plazo, el decil nueve (9) también pague renta. Podríamos proponer que incluso el octavo (8) aporte. De esta manera, los tres grupos de mayores ingresos contribuirían con recursos.
No obstante, todos los colombianos deberían declarar sus ingresos. Esto para solucionar, el segundo reto en la distribución de recursos públicos: los usos. De los 21,7 millones de personas que están empleadas, solo el 15,4% declaran renta (3,4 millones). Aunque pueden existir metodologías aproximadas sobre el ingreso de los otros 18,3 millones de colombianos, ninguna es tan efectiva como la declaración. Por esta falta de información, una parte de los programas sociales están mal focalizados.
Por ejemplo, en el caso de Familias en Acción, el Banco Mundial estima que esta ayuda contribuye en el 20% del ingreso mensual del decil uno (1). El problema es que el 42% del presupuesto nacional de este programa llega a hogares por encima del tercer decil, donde esta ayuda solo contribuye en el 3% del ingreso mensual. Esto también sucede con los subsidios de servicios públicos que funcionan por estratificación, y esta medición se hace con el Catastro que hoy está desactualizado en el 66,01% del territorio. El Ministerio de Hacienda estima que el 60% de las personas del decil diez (10) se encuentran en viviendas de los estratos 1,2 y 3; y por ende, reciben recursos que no necesitan.
Si aumentamos los recursos del sistema con más personas declarando, lograremos que los programas sociales pasen del 7,5% del PIB al 16,5% que tienen los países de la OCDE. Y si mejoramos la distribución hacia aquellos con menores recursos, lograremos llegar de manera completa como mínimo hasta el quintil tres (3) donde al menos el 50% de la población gana menos de un salario mínimo. Estas políticas acabarían con la pobreza y mejorarían la igualdad de ingresos en Colombia.
